Veto en contra
Apenas dos días pasaron entre que la legisladora porteña María Eugenia Rodríguez Araya (PRO) solicitó mediante un comunicado la reglamentación de una ley de su autoría y la decisión del Gobierno, de su mismo partido, de vetar dicha ley mediante un decreto, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 27 de enero. La norma instruía la creación de una Oficina Contra la Trata de Personas y había sido aprobada por la Legislatura en la sesión del 3 de diciembre de 2009.
En las bases del decreto se dejó constancia tanto de la necesidad de adoptar un "enfoque multidisciplinario e interinstitucional" que tenga en cuenta todos los aspectos del problema de la trata, como la previa existencia de una normativa jurídica que establece las obligaciones de la Ciudad en la de prevención de los casos de trata y la protección a los damnificados (Ley N° 2.781).
En el Boletín se destaca que, si bien la ley aún debe ser reglamentada, actualmente se está tramitando el dictado del decreto correspondiente "en base a un protocolo anexo ya consensuado entre las diferentes áreas competentes en la materia". En ese protocolo, según argumenta el Gobierno, se incluyen las actividades que la ley vetada atribuía a la oficina.
Como argumento final se establece la competencia del Poder Ejecutivo porteño el establecer "la estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia". "La determinación de cómo debe organizarse el programa y qué dependencia debe llevar adelante esa tarea es competencia del Poder Ejecutivo", argumenta el decreto, amparándose en el resguardo del principio de división de poderes.
Fuentes correspondientes al entorno de la diputada aclararon que la misma no realizará declaraciones con respecto al veto, aunque sí destacaron que desde su espacio se considerarán satisfechos siempre y cuando haya medidas destinadas a la prevención y lucha contra la trata de personas, así como asistencia a las víctimas de este delito.
