Suele contar Alicia Pierini, toda vez que se le pregunte por estos días, que de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se lleva la experiencia de haber trabajado todos los temas, de forma interdisciplinaria, articulando la labor mancomunada de grandes equipos: grandes a nivel humano y grandes en número, lejos del corsé que a veces termina imponiendo el desempeño parlamentario. Así, fue pasando por asuntos clásicos –ella dirá “males endémicos”– como pueden ser la falta de recursos en la salud pública, la deficiente infraestructura de las escuelas, las intransitables veredas –los árboles que levantan veredas– o la cuestión de la basura. Y fue pasando, a su vez, por asuntos clásicos y sensibles: de Cromañón a las inundaciones que viene sufriendo la Ciudad, sumando una fuerte tarea de denuncia contra las nuevas formas de esclavitud encarnadas en los talleres textiles clandestinos y los prostíbulos que proliferan por la Ciudad, y también, contra la violencia ejercida muchas veces por las policías Federal y Metropolitana, y por la desmantelada Ucep. Y pasó también por aquellas áreas que ya se perfilan como nuevos clásicos: derechos del consumidor, derecho electoral, medio ambiente, urbanismo, discapacidad.
“Trabajar en la Defensoría y con el equipo que me acompaña me amplió la perspectiva no solo en lo que hace al derecho, que es en lo que me formé, sino en lo referente a todo lo que es la Ciudad de Buenos Aires, su riqueza, hecha de belleza y problemas. Eso me abrió el panorama, le dio amplitud y complejidad, que es lo que necesita este distrito”, relata Pierini, con casi diez años al frente de la Defensoría del Pueblo porteña, organismo que, siguiendo el dictado de la Constitución de la Ciudad, se encarga de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y la propia Carta Magna local, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos. Tiene, además, iniciativa legislativa (que en los años de la gestión de Pierini ha sido puesta en práctica con la presentación de numerosos proyectos de ley) y legitimación procesal. Puede requerir de las autoridades públicas la información necesaria para el mejor ejercicio de sus funciones sin que pueda oponérsele reserva. Controlar. De eso se trata. Y de proteger derechos. A poco de concluir la gestión, en marzo de 2014, ya es tiempo de balance.
Pierini destaca la profundización de las tareas históricas de la Defensoría del Pueblo, como las investigaciones de oficio sobre distintas problemáticas que afectaron y afectan los derechos de los porteños, cuyos informes y declaraciones ya superan las 150 presentaciones; pero sobre todo, resalta la defensora, lo que se nota es la impronta de los últimos años, que se ha constituido en una marca del período: la capacitación y consecuente profesionalización de los cuadros internos, llegando hasta el personal de maestranza, bajo la creencia de que siempre se puede ir por más y ese más, justamente, suma: desde terminar la educación primaria hasta especializarse en estudios superiores. Eso se apoya, a su vez, en la constante promoción de la actividad académica. La creación del Instituto de Estudios Avanzados sobre Estado y Derechos, que comenzó sus clases en mayo, es una muestra.
“En los primeros días de las inundaciones de abril de este año salimos a informar, a mostrarle a la gente dónde podía denunciar ante semejante situación, porque todavía no se había organizado la cuestión de las comunas; es más lenta la organización por parte del Estado que lo que podemos hacer nosotros con nuestros colaboradores”, cuenta Pierini sobre una actividad que muchas veces suele alimentar y facilitar la acción de la Justicia. Ahora bien, en un día normal –si por normal pueden entenderse las tragedias menores– puede ocuparse, como sucedió hace un tiempo, del escape de gas en el hospital Gutiérrez, a raíz de lo cual el jefe del área de Salud, apenas enterado, acudió directamente al nosocomio. Expresa la funcionaria: “Así nos pasa con todo, eso es lo que tiene la Defensoría, tenemos presencia, hacemos nuestros propios diagnósticos y después verificamos los hechos. No alcanza con que llegue la denuncia de un vecino, esa denuncia debe verificarse y ser encuadrada. Tenemos 90 mil consultas al año, y de cada diez, una termina siendo una investigación. Es decir, un poco menos de un diez por ciento para el que hay que abrir una comisión para investigar, diagnosticar y actuar. El resto son consultas que se resuelven por gestión directa o por asesoramiento”.
“Nosotros somos mediadores por vocación y por profesionalización de los cuadros: donde hay conflicto hay que mediar. La judicialización de un conflicto solo se debe hacer en casos extremos. Si viene el familiar de un paciente que te dice que le han indicado un marcapasos y no lo consigue, ahí no hay tiempo para negociar, se va por recurso de amparo porque en 24 horas hay que conseguir el marcapasos. Ahora, si viene el familiar de otro paciente que dice que la obra social le niega una determinada medicación, ahí se lleva a cabo una gestión con la auditoría médica de la obra social para persuadir, explicar y conseguir, fundamentalmente, lo que se necesita. La judicialización es un recurso para casos urgentes y que no podemos resolver nosotros”, detalla la defensora.
Las últimas medidas
Lo que sigue son algunas de las numerosas iniciativas que el organismo de control llevó a cabo este 2013.
Control comunal: En agosto de este año, la Defensoría constató en la subsede de la Comuna 6 (Caballito) varios incumplimientos al Código de Edificación, como por ejemplo, baños de damas y de caballeros instalados a un metro por debajo del nivel del piso de las oficinas de atención al público, sin escalera de acceso, ascensor ni rampas; ausencia de baños para personas con discapacidad; extintores con la carga vencida; ausencia de barras de accionamiento antipánico, y falta de rampas de acceso de personas con movilidad reducida. La Defensoría instó a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana a que se reparen las deficiencias edilicias del inmueble de Emilio Mitre 956 y que se adopten las medidas preventivas de seguridad para garantizar la integridad de las personas que se desempeñan en el lugar y del público que concurre a realizar gestiones administrativas.
Salud: En octubre el organismo realizó un relevamiento sobre los problemas de acceso al primer nivel de atención en los servicios públicos de salud de la Ciudad, en los hospitales Durand, Penna, Pirovano y Santojanni. Ante las falencias detectadas, se recomendó al GCBA la modificación del sistema de turnos de modo de evitar las prolongadas esperas de los usuarios antes del inicio del horario de atención, así como las demoras hasta hacer efectiva la consulta; la presencia de una dotación de personal administrativo y profesional que asegure la atención médica en la totalidad de la extensión horaria; la creación de una línea telefónica gratuita que sea exclusiva para la solicitud de turnos; la garantía de atención de los usuarios en consultorios externos y Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac), considerando válida la presentación de documento de cualquier origen que acredite la identidad personal, y la garantía de la entrega gratuita y oportuna de medicamentos, haciéndola extensiva para pacientes de consultorios externos de los hospitales y Cesac.
Educación: En agosto se llevó a cabo un relevamiento en la escuela número 17 “Carlos Morel” (Ibarrola 7249) que registró signos de filtraciones, deterioro de revoques y revestimientos y desprendimiento de placas cerámicas. Los cielorrasos presentaban el desprendimiento de las placas a causa de filtraciones de agua pluvial, entre otras deficiencias. Por otro lado, se advirtieron en el sistema de calefacción deficiencias de funcionamiento al momento de la visita, además del vencimiento de las fechas para la utilización de los extintores contra incendios.
La Defensoría notificó al subsecretario de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación de las deficiencias edilicias y de funcionamiento de instalaciones y recomendó la ejecución de las obras tendientes a subsanarlas y brindar adecuadas y suficientes condiciones de infraestructura, seguridad, habitabilidad, higiene y accesibilidad a la comunidad educativa.
Vivienda / derechos sociales: Debido al irregular desalojo de un matrimonio que vivía en una precaria casilla en La Boca, la Defensoría reclamó a las autoridades porteñas que se desactiven las prácticas represivas en este tipo de procedimientos y que se priorice el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad y de calle a los distintos programas de inclusión social.
También, el organismo puso en marcha un informe acerca de caídas de altura en villas porteñas, conjuntamente con el Cesac 18 de Villa Lugano, la Oficina de Atención Descentralizada de Villa Soldati-Nueva Pompeya de la Asesoría General Tutelar (AGT), el Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud porteño y la Junta Vecinal de la Villa 20.
El relevamiento da cuenta de que en las viviendas de la Villa 20 se comprobaron 16 casos de lesiones por caídas, principalmente desde escaleras sin barandas o improvisadas, situación que se reproduce en el resto de las villas porteñas, donde el 87 por ciento de los traumatismos por caídas ocurre en el hogar, con el mayor riesgo en escaleras. El 57 por ciento de las lesiones sucede en los niños de entre uno y cinco años, y el 22 por ciento en los menores de un año. En la villa 20, cuatro de cada diez chicos que se cayeron tuvieron lesiones graves (fractura de cráneo, por lo menos dos traumatismos encefalocraneanos, herida en la cabeza, traumatismo de cráneo, fractura de brazo o muerte). El resto sufrió lesiones moderadas y leves.
En las 1.542 viviendas relevadas se detectaron 1.647 deficiencias sin medidas de seguridad.
Consumidores: Este año, asimismo, la Defensoría realizó aportes al Reglamento de Usuarios de Comunicaciones Móviles, teniendo en cuenta que las quejas apuntan principalmente a las compañías que brindan telefonía, tanto fija como móvil; aunque también hacia Edesur, Edenor y AySA, por problemas de servicio, tarifa o suspensión de servicio con facturación. En ese sentido, desde la Defensoría aclaran que la queja del vecino es escuchada, ya sea que se trate del Estado o de empresas que brindan servicios públicos.
Algunas de las propuestas fueron fortalecer la protección de los usuarios de telefonía móvil, teniendo en cuenta la posición de desigualdad y debilidad estructural de estos frente a los proveedores de los servicios, sobre la base de los derechos y principios consagrados en la Constitución Nacional y en la legislación consumerista; acentuar las responsabilidades y obligaciones de los prestadores, procurando una mejor calidad y transparencia de los servicios que se brindan; mayores controles en la determinación y fijación de los precios; el respeto irrestricto a los usuarios y a sus derechos y exigencias básicas para un desarrollo sustentable del sector con claros compromisos de responsabilidad social empresarial; ampliar las vías de reclamos para los usuarios, apuntalando los mecanismos de solución alternativa de conflictos ya existentes y procurando que los nuevos que se agreguen respondan a los mandatos constitucionales de proveer a la protección de los usuarios y sus intereses económicos, así como a la creación de procedimientos ágiles y eficaces para la prevención y solución de los conflictos.
Ambiente y desarrollo sostenible: El 3 de octubre se realizó un acto de inauguración por la incorporación de un generador eólico en la Plataforma de Energías Renovables de la Defensoría del Pueblo, la cual ya contaba con un colector solar térmico, un panel solar fotovoltaico y una terraza verde. El aerogenerador, que fue donado por la empresa Autopistas Urbanas SA (Ausa), abastecerá la iluminación de las oficinas del Área de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Asimismo, se incorporó una estación meteorológica, a través de la cual se tomará registro de la temperatura, humedad, precipitaciones y dirección y velocidad del viento. Los datos registrados serán compartidos vía web y se trabajará en conjunto con otras estaciones meteorológicas instaladas en la Región Metropolitana de Buenos Aires.
Por otra parte, recientemente una vecina denunció a una empresa y al Gobierno de la Ciudad por utilizar productos altamente tóxicos en el desmalezamiento y fumigación del espacio verde comprendido entre Brasil, Pichincha, avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, generando peligro para la salud de los pacientes del Hospital y Casa Garrahan. La Defensoría remitió oficios a la Dirección General de Espacios Verdes y a la empresa.
Espacio público: La Defensoría solicitó al entonces ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, que se elabore un sistema informático de acceso libre y gratuito sobre el arbolado urbano de la Ciudad, tal lo dispone la Ley 3.263.
Seguridad urbana: En julio, el órgano de contralor advirtió al Ministerio de Seguridad de la Nación que se garantice la protección de los ciudadanos que efectúen alguna denuncia contra personal de la Policía Federal, ya que la misma puede ser instruida e investigada por la dependencia policial a la que pertenece el denunciado.
Discapacidad: En este último lapso, asimismo, se constató la falta de cumplimiento de la norma que obliga a instalar cajeros automáticos y de autoconsulta accesibles para personas con discapacidad visual.
