El Gobierno nacional diseñó un plan de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires

La seguridad de los porteños sigue siendo el territorio de las internas políticas, tanto como el de las incongruencias. Pero esta situación es el producto de una historia que viene de lejos. Cuando se decretó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 24.588 -conocida como Ley Cafiero- limitó seriamente las jurisdicciones que le iban a ser trapasadas a la Ciudad. Entre ellas, le vedó la posibilidad de tener una policía y una justicia propias.

Cuando Fernando de la Rúa se convirtió en jefe de Gobierno comenzó a abonar una línea -que continuaron sus sucesores- de reclamos puramente verbales. Desarrolló por entonces una fuerte y persistente campaña para lograr el traspaso de la Policía Federal a su jurisdicción, que se pudo comprobar que fue sólo de la boca para afuera, puesto que cuando fue electo presidente y tuvo la oportunidad de rectificar los supuestos errores de sus adversarios políticos, la Policía Federal siguió dependiendo del Ministerio del Interior. Como si sus solicitudes anteriores nunca hubieran existido.

Cuando, luego del interinato de Enrique Olivera, el siete de agosto de 2000 asumió Aníbal Ibarra, éste, que se autodefinió en su primera campaña electoral como un "fiscal contra el delito", continuó en la línea del reclamo verbal.

Incluso, cuando fue elegido, Ibarra creó una Secretaría de Justicia -quedó bajo la conducción de Facundo Suárez Lastra- que elaboró un proyecto de policía metropolitana que posiblemente será sólo un papel para toda la eternidad. Más tarde, algunos legisladores presentaron también algunos proyectos que quizás serán también agua de borrajas.

LO QUE VA DE AYER A HOY

Gustavo Beliz, mientras tanto, cuando fue candidato a jefe de Gobierno elaboró un Plan de Seguridad que incluía el traspaso de la codiciada Policía Federal a la égida del gobierno porteño. Inclusive, el ahora ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, cuestionó duramente a Ibarra por no haber logrado tal objetivo.

Pues bien, en estos momentos el ministro ha sido inoculado indubitablemente por el mismo virus que infectó a de la Rúa y, presa del bacilo de la amnesia, elabora planes y más planes para la seguridad en Buenos Aires sin tener siquiera la deferencia de consultar al jefe de Gobierno porteño -o aunque fuera, teniendo en cuenta la similitud de funciones, al subsecretario de Seguridad de Ibarra, Enrique Carelli, un duro de remover.

De todos modos, la inobservancia por parte del ministro de las más elementales normas de cortesía obedece también a la absoluta falta de iniciativa de Ibarra en esa área, que parece limitarse hasta ahora a invertir 14 millones de pesos -ocho millones el año pasado y seis millones este año- en equipamiento para los policías federales, a los que les entregó 110 autos el año pasado y 58 más hace unos pocos días, además de chalecos antibalas, triciclos y algunos otros equipos.

La voluntad política de la que hace gala el Gobierno porteño llegó hasta a bancar al actual jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, que estaba a punto de ser alcanzado por el barrido que ejecutó Beliz ni bien asumió. Lo contradictorio de esta situación viene a cuento porque Giacomino es el líder de los opositores al traspaso de la fuerza que conduce a la égida porteña. La lectura política más superficial indicaría que si Ibarra lo apoya es porque él tampoco quiere el susodicho traspaso.

Los que frecuentan el "bunker" del jefe de Gobierno porteño aseguran que éste alberga serios temores al hecho de conducir una fuerza que todos los años arroja algún cadáver frente a las narices del poder político, como fueron los casos Demonty y Bulacio. Incluso algunos de sus allegados llegaron a preguntarse qué hubiera sido de su carrera política si hubiera estado el 20 de diciembre de 2001 al mando de la fuerza que mató a mansalva a cinco manifestantes en operativos comando que más parecieran haber sido diseñados por funcionarios de la dictadura que de la democracia.

A todo este panorama habría que sumarle el histórico encono que existe entre el católico ministro nacional y el agnóstico y laico jefe de Gobierno porteño, que alguna vez derivó en una kilométrica denuncia que efectuó el primero contra el segundo y que se sustancia en estos momentos en el fuero penal federal.