Nuevo fallo judicial en contra del GCBA
A fines de diciembre, un revuelo político y mediático se generó cuando la Policía Federal, por orden judicial, rodeó el ex sanatorio Morano en Parque Avellaneda para desalojar a las familias que allí habitan.
En plena madrugada del lunes 28 quienes se presentaron a mediar por el desalojo de las familias fueron el asesor tutelar de Menores, Gustavo Moreno, y la legisladora del bloque Proyecto Sur, Liliana Parada. La tensión por el desalojo frente a la resistencia de los residentes y la presencia de otras organizaciones desde afuera llevó el conflicto a los medios de prensa. Ante tal presión, el juez nacional de instrucción Nº 2 decidió suspender el desalojo. A cambio, solicitó al Gobierno porteño realizar un relevamiento de cada familia ocupante del edificio ubicado en Escalada 1648.
La medida ordenada hasta el momento no fue realizada.
Ante la ausencia del Gobierno PRO, puntualmente el Ministerio de Desarrollo Social, Moreno inició una demanda y el juez de feria Fernando Juan Lima intimó al Ejecutivo a cumplir con su deber.
"El 30 de diciembre libré oficio al subsecretario de Fortalecimiento Familiar y comunitario a fin de efectuar el referido relevamiento antes del 18 de enero, el que no fue cumplido hasta la fecha", señaló a NOTICIAS URBANAS Gustavo Moreno, quien denunció al Gobierno porteño en su rol de velar judicialmente por los derechos de los menores.
En la causa, el juez Lima señala el "peligro inminente de los ocupantes al quedar en situación de calle", y agrega una contundente frase. "No parece existir decisión administrativa alguna respecto al destino de aquellos". El magistrado requirió el relevamiento al viceministro del ministerio, José Luis Acevedo.
Esta causa que ordena el relevamiento no impide que la orden judicial para desaljar continúe, aunque ésta última se encuentra trabada.
