La ley de la balanza
A "Monedita" le palpita el corazón, se asusta un poco pero enseguida se olvida. Sus ojos están clavados en un punto fijo. Son las 9, domingo, calor, hasta las 12 no para de hacer zapping. Desde el sábado está metiéndose cocaína, a veces audado por un tubito de papel y luego por cinco centavos.
"Monedita" ignora el movimiento del narco-capital. A los 24 quiso (“quería probar”, confiesa) "maquillarse el alma", como escribió en alguna redacción un periodista.
A los barones porteños de la droga no se los nombra. Los tipos que se visten de funcionarios y frecuentan los bares de la city, prefieren presentarse como funcionarios. Otros son más atrevidos y consultados para esta nota, sospechan y piden atención sobre quienes nada dicen respecto al Bajo Flores (a diez cuadras de Parque Chacabuco).
Sus análisis llegan a los estratos nacionales relacionados con las fuerzas de seguridad y la justicia. Al indagar en la estructura del Estado porteño se sabe que en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad existe una reciente actuación respecto a la villa 1-11-14.
El Consejo del Niño, Niña y Adolescente tiene una causa por tráfico en villa 15 pero ninguna sobre el Bajo Flores; las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad de la Legislatura no investigan y los pedidos de informes al Ejecutivo no prosperan.
La Asesoría Tutelar de Menores que depende de la justicia porteña, presentó un amparo contra la administración local por no brindar un plan de atención a los consumidores de sustancias ilegales.
En una plazoleta del barrio Municipal Rivadavia I, dividido con la villa 1-11-14 por la calle Esteban Bonorino, el actual funcionario del Ministerio de Derechos Humanos porteño y dirigente del Comedor Los Pibes de La Boca, Lito Borello, se sentó a escuchar a los miembros del comedor Santa Rita.
Iniciada la charla llegó la visita de algunos adictos Para reforzar el "apriete", se sumaron los soldados del tráfico. Entre los convidados de piedra también estaba un cuatriciclo de la Policía Federal que observaba todo.
Los funcionarios- entendieron y se fueron, pero antes vieron como una menor era entregada como mercancía sexual. La ley también "apretó", supuestamente, a una cuadrilla encabezada por María Elena Naddeo, titular del Consejo del Niño, cuando realizaban una pegatina contra la prostitución infantil en Pompeya.
Hasta Amancio Alcorta y Perito Moreno llegaron varios patrulleros que intimidaron a los funcionarios. "Llegaron a preguntarnos si íbamos a cortar la calle, algo que no teníamos previsto”, relató Naddeo a NOTICIAS URBANAS.
Marcos o Camote, son los apodos del capo peruano donde cientos de porteños arriban en multitud cada fin de semana en busca del blanco polvo químico (la alta) o pasta base (la baja). Dos de quienes eran sus socios, Ruti, hoy tras las rejas, y Meteoro, exiliado en la villa 31 de Retiro donde fue asesinado el año pasado, le disputaron la estructura que montaron en su momento juntos en la década del noventa. Para comerciar La Diosa Blanca se crearon ejércitos de lúmpenes altamente armados (ametralladoras con mira infrarroja, chalecos antibalas) y adinerados que como máxima de todas sus labores deben proteger los laboratorios móviles que dan vida a la cocaína. La presencia de laboratorios en el Bajo Flores fue dado a conocer por primera vez en este semanario (el 9 de noviembre último), dato que la ministra de Derechos Humanos y Sociales, Gabriel Cerruti, comentara un mes después en una nota.
Las peleas entre bandas lúmpenes adineradas, ajustes de cuentas con heridos de balas además de los asaltos menores son noticias cotidianas y se repiten sin cansancio en las cercanías a la cancha de San Lorenzo y la intersección de las calles Castañares y Curapaligüe. Un garganta profunda para esta nota, pese a sus años, se sorprende de las atrocidades que se cometen. Primero fue la balacera de octubre de 2005 durante la procesión de la virgen más reconocida en Perú, que le costó la vida a varias personas entre ellas un bebé y que dejó al cura de la villa con su sotana acribillada . Ahora lo que más lo sorprende al entrevistado no es el cuerpo eviscerado y arrojado en un volquete de la única escuela secundaria del barrio sino que hace semanas “dos cuerpos sin vida fueron colgados frente al comedor comunitario de Sánchez, (en el barrio Rivadavia I). Estaban enganchados, para mi eran dos peruanos y así como aparecieron los cuerpos se los llevaron”, explicó con un tono bajo aunque entendible desde una silla de su comedor este militante social y asistencialista.
El robo es posible en cualquier barrio pero hay pasillos angostos como el largo del antebrazo de un adulto, de la perito, encerrado entre la calle Esteban Bonorino, Castañares, Varela y Perito Moreno, que se prioriza el comercio de drogas y no el arrebato de lo ajeno. “Al cliente hay que respetarlo”, es la filosofía de los campanas que son el primer retén de los pasillos para los visitantes que compran la alta (cocaína) o la baja (pasta base). Pero últimamente la estrategia se modificó. Por los menos este cronista se interiorizó de tres casos en los que adolescentes de barrios de clase media compran papusa y al salir del pasillo un patrullero los apresa. La condición de su libertad con su producto es la entrega de dinero.
Los que resisten
Ante la ambición del dinero a toda costa hay gente que se opone con otro modo de vida y eso molesta. El lugar en donde paran, el aguantadero, es la escuela secundaria N°3 distrito escolar N° 19. Allí, el presidente de la Nación Néstor Kirchner amplió el beneficio del boleto escolar a cinco centavos. Este colegio, de tan solo diez años de existencia, que se movilizó con su primer director a la cabeza, Eugenio Perrone, por el asesinato con responsabilidad policial de Ezequiel Demonty recibió una contraofensiva a su política educativa que da lugar a la participación social. Había que dejar un cadáver eviscerado en el container estacionado en la esquina de la secundaria N° 3, para intimidar, ya que con los robos sistemáticos a los alumnos y docentes, ya hay contabilizado diez asaltos en los primeros meses de clases y hasta llegaron a meter un profesor en la villa para asaltarlo. Y no fue todo. A fines de noviembre un empleado de seguridad del colegio quedó sospechosamente clavado en la reja que rodea el predio. Por esos tensos días de noviembre dos escolarizados murieron, Brian Vigiano a manos de una banda del barrio Rivadavia I, y por aborto inducido Marisol Tarki. La memoria traicionaba al olvido y sacaba a la luz el nombre del adolescente Maximiliano Fernández, primo de Ezequiel Demonty, asesinado por una bandita de adolescentes en una fiesta.
La situación de extrema violencia golpeó duro y generó, como ya había sucedido en el año 2003, un debate interno de la comunidad educativa primero, y luego con los funcionarios del Gobierno porteño.
La actual directora del secundario N° 3, Marta Miranda, donde también se desarrolla el programa Club de jóvenes, tomó la decisión de salir a hablar públicamente con la postura de que el colegio es “un lugar neutral” y que debe ser respetado. Por la postura de diálogo permanente de los docentes con sus colegiales, y viceversa, no parece que la “neutralidad” sea la característica de la institución educativa.
El documental “Del miedo a la solidaridad” fue la excusa para que los alumnos canalizaran sus dramas. “Sus familias sacan a sus hermanos más chiquitos a otros barrios para protegerlos. Es común que los pibes caminen por los techos de las casas, andan con metras y los pibes se niegan a hablar por temor”, resumió una fuente que además comentó otra situación que refleja el compromiso social. “Eran una quincena de profes que este año se negaron a participar del acto por el atentado a la AMIA. Un salón repletó de banderas israelíes, cuando el día anterior se había bombardeo al pueblo palestino, fue el motivo y así se lo hicieron saber al ministro de Educación porteño, Alberto Sileoni”.
De todas maneras, muchos referentes sociales del Bajo Flores que confían en el Estado porteño consideran sensacionalismo periodístico a todo lo que hable de violencia. El Frente Barrial 19 de Diciembre y Radio Comunitaria FM Bajo Flores que prefieren hablar de las políticas positivas, o sea jornadas culturales, talleres productivos, y comedores comunitarios, plantearon que no se puede “predicar la resignación”, y en un tenor semejante la Asociación Civil Proyecto Bajo Flores difundió un documento titulado “En el Bajo Flores pasan otras cosas”.
El dilema en el barrio es: sí confiar o no confiar en un Estado que invierte en los programas sociales y tiene fuerzas de seguridad que, como en el 2003, equivocaron los allanamientos por causas judiciales relacionadas al tráfico de drogas.
En una reunión con autoridades de la cartera educativa se sostuvo que ante tanta violencia se había estudiado la posibilidad de “trasladar el colegio para resguardar a los docentes”. NOTICIAS URBANAS consultó a un colaborador del ministro Sileoni que negó absolutamente la retirada y redobló la apuesta al confirmar que este año “más dinero se destinará al sur. Es más, pretendemos más colegios”, sostuvo el jefe de gabinete de Educaciòn, Jayme Perczyk.
La ley de la balanza tiene condenas que se pagan con la vida. Los jueces que mandan a ejecutar las penas son gerentes del negocio ilegal. Los barones del tráfico, estrategas del narco-capítal. La balanza ante todo es ley y Monedita no afloja con la coca.
Sin plan de atención a los adictos
El magistrado porteño, Hugo Zuleta determinó que la investigación por la “omisión” de un plan de atención a los adictos debe seguir su curso pese a las vacaciones judiciales. El asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, fue quien interpuso una acción judicial contra el Gobierno que dirige Jorge Telerman y así lo hizo saber en su amparo: “la Ciudad no cuenta con dispositivos de internación para personas menores de edad que sean adictas a las drogas, en especial debajo de los 18 años y para ambos sexos”.
En este medio se dio a conocer la denuncia por la falta de un plan de atención a los adictos a mediados de diciembre y cinco días después el Ejecutivo lanzó un programa contra el “paco”, que implica enviar a la Legislatura porteña un proyecto de ley que crea el Plan de Atención Integral sobre Consumo y Dependencia de la Pasta Base de Cocaína (paco), y la puesta en funcionamiento de un centro de internación especializado en la atención integral de los adictos a esta droga, sito en la avenida Independencia al 900.
La potencial clínica para consumidores de la calle Independencia tiene la particularidad de que es un edificio ocupado por familias del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Se ordenó un desalojo en noviembre y se negocia actualmente el traslado de las familias.
Un testimonio valiente
Tras el robo a su locutorio en el barrio Rivadavia I el comerciante en cinco oportunidades se acercó a la Comisaría 38ª a denunciar el hecho pero nunca le quisieron tomar la denuncia; igual lo denunció ante dos fiscalías y en la Defensoría del Pueblo reconoció que “hay una banda que está integrada por unas 30 o 40 personas aproximadamente que han realizado muchos hechos criminales. Estas personas cuentan aparentemente con protección policial porque actúan con impunidad total y los integrantes de la comisaría 38ª no sólo ponen obstáculos a la las denuncias sino que además resultan inoperantes. Los jefes de esta banda se reúnen en la calle Bonorino entre Saraza y Santander.
