El Gobierno calma las aguas
Luego del anuncio de que demolerían algunas viviendas de la villa 31 y 31 bis, de los cruces mediáticos con la Nación y de la protesta de los habitantes, el Gobierno porteño salió a calmar las aguas. Anunció en un comunicado de prensa que "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar".
El Gobierno porteño informó que, según lo dialogado con los 33 referentes sociales de las villas 31 y 31 bis, la prioridad inmediata es recuperar y poner en valor el espacio público de la zona.
Para ello se tiene previsto "la inmediata solución de los problemas de presión en la red de agua de la Villa 31, el tendido de una red de agua troncal en la Villa 31 bis (obra que se iniciará en las próximas semanas), la remodelación y el equipamiento de los espacios verdes existentes en los distintos sectores de los asentamientos, el alumbrado y asfalto de las principales calles y la ampliación de la sala de auxilios médicos".
El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, luego de presenciar una reunión con la ministra de Desarrollo Social María Eugenia Vidal, expresó "todos estos objetivos han sido establecidos mediante el diálogo con referentes y vecinos de los asentamientos en el marco de la Mesa de Trabajo".
Las viviendas que se encuentran con irregularidades y con peligro de derrumbe son alrededor de 50. En tal sentido, en los próximos días funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se reunirán con quienes habitan estas casas, así como con sus vecinos directos y con el delegado de la manzana correspondiente, para explicar concretamente cuáles son los defectos estructurales de cada una de éstas construcciones.
El Gobierno de la Ciudad convocará también a un perito de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal para que vea la situación de las viviendas con irregularidades. Y si el diagnóstico de los funcionarios porteños coincide con el de los Bomberos, con el consenso de los vecinos afectados, se procederá al apuntalamiento o refacción o demolición parcial o total de las construcciones.
La ministra de Desarrollo Social porteña, María Eugenia Vidal, señaló que "no está prevista ninguna demolición parcial o total sin el consentimiento de los habitantes del lugar".
Además, el Gobierno porteño realizará un censo después de Semana Santa que permitirá conocer con precisión la realidad actual de la población (estimada en 30.000 habitantes) para encontrar una solución adecuada a la problemática social y habitacional.
