Publicado: 23/03/2009 UTC General Por: Redacción NU

Juristas en debate

Los parquímetros ya no están, pero los abogados siguen debatiendo las consecuencias de su improvisada instalación. El ministro Guillermo Montenegro deberá optar esta semana entre dos dictámenes contrapuestos que posee arrtiba de su escritorio. Qué puede pasar.
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Redacción NU
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Corroborando la teoría de las dos bibliotecas el ministro Guillermo Montenegro tiene en su mesa para resolver dos dictámenes contrapuestos, elaborados cada uno de ellos, por equipos de abogados de instituciones que se respetan mutuamente, aún cuando interpretan con diferente visión la situación jurídica devenida a partir del retiro de los parquímetros de la zona de Barrio Norte en la que se habían instalado en noviembre de 2008 y se desinstalaron pocas semanas después en razón de la resistencia vecinal.

Para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que entregó su dictamen a mediados de febrero, el Gobierno de la Ciudad está legalmente facultado para dictar normas reglamentarias transitorias o experimentales sobre estacionamiento en general, pero no puede incluir en ellas sistemas de medición tarifados porque dicha atribución ?la de tarifar- le corresponde en exclusividad a la Legislatura que es quien debe establecer tarifas formalmente por ley.

Para la Procuración de la Ciudad, cuyo dictamen es del 10 de marzo, la atribución de dictar normas de carácter transitorio y experimental de que goza el Ejecutivo, incluye todas sus variantes, incluso estacionamientos medidos o tarifados, y sólo al terminar el período experimental, si se pretendiera hacerlos definitivos, deberá convalidarse por ley formal, incluyendo ?según la Procuración- el mantenimiento de la norma experimental durante todo el tiempo que el Proyecto de Ley tenga estado parlamentario.

La Defensoría sostiene que al estar prohibida la delegación de facultades legislativas, toda interpretación de atribuciones a favor del Ejecutivo debe ser restrictiva.

La Procuración, por el contrario, sostiene que la autoridad de aplicación no se ha arrogado atribuciones legislativas sino que sólo reguló con carácter experimental y por un máximo de 90 días, y en caso de quererlo permanente, habría recurrido al Proyecto de Ley.

Así las cosas, ahora le toca a Montenegro decidir, ya que ninguno de ambos dictámenes es vinculante para él, y su decisión definirá si las actas que multan por mal estacionamiento labradas durante el lapso de vigencia de los parquímetros son exigibles o no, si los que ya la abonaron tienen derecho a su reintegro o no, y por último si las que se están tramitando continuarán su derrotero hasta el cobro o no.

Los parquímetros ya no están, pero los abogados siguen debatiendo las ulterioridades de su improvisada instalación. Y los vecinos que han sido citados por esa infracción esperan y protestan.

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