Advierten riesgos de censura en la ley sobre Malvinas
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado al Congreso por el Gobierno de Javier Milei, generó cuestionamientos entre constitucionalistas y dirigentes opositores por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión y de prensa. La iniciativa incorpora nuevos delitos vinculados con la “desinformación masiva”, la “manipulación de la opinión pública”, la influencia extranjera y las operaciones clandestinas, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión.
El principal foco de controversia se encuentra en el artículo 111, que propone incorporar el artículo 225 bis al Código Penal. La norma prevé penas de entre cinco y doce años para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado u organización extranjera, intenten alterar procesos electorales o “manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. La sanción podría elevarse a entre ocho y quince años si se utilizan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que la redacción contiene conceptos abiertos que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales. “Hay riesgos claros de censura previa a través de lo que se llama el efecto intimidante”, afirmó. Según explicó, el temor a una investigación o a una pena puede llevar a las personas a modificar anticipadamente aquello que están dispuestas a decir, criticar, investigar o publicar.
Gil Domínguez cuestionó especialmente la falta de precisión sobre qué debe entenderse por “desinformación”, “campaña coordinada” o “manipulación de la opinión pública”. “Es un tipo penal abierto, indeterminado, que va en contra de lo que es el principio de legalidad penal”, sostuvo. También consideró que la figura podría ser inconstitucional porque afecta la libertad de expresión y comparó la escala penal prevista con las sanciones correspondientes a delitos de extrema gravedad.
El constitucionalista Félix Lonigro coincidió con las críticas y señaló que resulta llamativo que una ley vinculada con la defensa de la soberanía incluya una figura relacionada con la difusión de información. “Es grave porque, leyendo un proyecto de ley que tiene que ver con la defensa de soberanía nacional, uno se encuentra con esta sorpresa que pareciera nada que ver con el tema de la soberanía”, afirmó. A su entender, una descripción ambigua podría convertirse en “un instrumento para perseguir, para condicionar la libertad de expresión”.
El proyecto también contempla penas para la entrega de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y para quienes brinden apoyo material a operaciones clandestinas. El constitucionalista Diego Armesto, por su parte, alertó sobre el uso reiterado del concepto de “amenaza” en la iniciativa. “La amenaza es un concepto muy ambiguo. ¿Qué es amenaza para un funcionario, para un abogado o para un periodista?”, planteó, y sostuvo que el debate parlamentario deberá precisar los alcances de las conductas para evitar restricciones indebidas a las libertades democráticas.
