Con la salud en foco, en el Congreso se dinamitan puentes

En las últimas horas, en el trabajo en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales se logró dictamen del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que, a la inversa del texto original, propone, reincorporar la Ley de Tierras Rurales que había sido derogada por medio del decreto publicado el 20 de diciembre de 2023.

La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría, con la colaboración de las firmas de los vocales aliados que integran el Pro y la Unión Cívica Radical. Asimismo, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional continuó debatiéndose, sin acuerdos cerrados. Durante el plenario del miércoles pasado, el oficialismo no alcanzó el objetivo de firmar el dictamen y ahora negocia cambios, que serán concedidos en el texto en pos de llevar al recinto la “Ley Malvinas”.

A dos meses de cerrar el calendario 2026, las contiendas más susceptibles abordan el área sanitaria.

Es rutina que octubre sea el mes elegido para esos estudios que deben realizarse todos los años y se encuentra claramente vinculado con el mes de prevención de cáncer de mama.

Asimismo, “Octubre Rosa, Corazón Rojo” es una propuesta de la Federación Argentina de Cardiología (FAC) para concientizar a las mujeres sobre la importancia de la prevención cardiovascular, conjuntamente con la prevención clínico-ginecológica, en sintonía con el Mes Octubre de Sensibilización del Cáncer de Mama. Desde la entidad, por medio de su Comité de Enfermedades Cardiovasculares de la Mujer, con la colaboración de diferentes instituciones de salud, se organizan encuentros en diversos puntos del país para generar prevención y reforzar la idea de un control integral de la salud en la mujer.

La iniciativa se apoya en la evidencia de que una de cada tres mujeres argentinas fallece por una Enfermedad Cardiovascular (ECV), lo que se traduce en un fallecimiento cada 11 minutos. “Las estadísticas nos muestran que tenemos que avanzar hacia una mirada integral en la salud de la mujer. Etapas de la vida como el embarazo o la menopausia traen cambios que pueden afectar a la salud cardiovascular”, señala la doctora Ayelén Rosso (MP 21249), cardióloga e integrante de la FAC.

En este contexto, cabe ahondar en los números asignados en el presupuesto 2027 para esta materia.

El proyecto prevé un monto de $33.785 millones de pesos para el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. Según advierten organizaciones civiles, la partida refleja un ajuste en términos reales y una disminución en las metas de cobertura de anticonceptivos. El Gobierno asigna un crédito de $33.785 millones de pesos para el año 2027 de manera centralizada lo que significa una caída del 0,5% en términos reales, en comparación con la partida vigente. Esto equivale a 700.000 beneficiarios menos que las metas fijadas el año anterior para las políticas de salud sexual y reproductiva. Son numerosas las denuncias por demoras previas en licitaciones de insumos de larga duración y faltantes de stock en el sistema preventivo.

El programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales contará con $41.197 millones, fondos de los cuales dependen los centros de atención primaria locales y las salas barriales para gestionar mamografías, ecografías y testeos de Papanicolaou (PAP). En suma, con  demandas y críticas en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, los recursos asignados a la salud de las mujeres y la prevención médica general están centralizados en las partidas globales de atención primaria, hospitales nacionales y programas de salud sexual.

Cuando se creía zanjada la discusión por los tiempos acuciantes del año parlamentario, volvió al ruedo otro tema con eje en salud: la reforma de la actual Ley de Salud Mental. Desde su primer planteo, aborda un cambio de paradigma, con eje en la atención de adicciones, el rol central de los psiquiatras y un régimen de internaciones involuntarias. El debate se paralizó en mayo pasado, poco después de ingresar y ahora el oficialismo volvió a impulsarlo. Sin embargo, en el comienzo del debate del Presupuesto en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, no aludió a estos ejes y admitió “una caída en la seguridad social del 0,23% del PBI por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral (FAL)”. Así también se explayó en las supuestas bondades del presupuesto en tratamiento, que incluiría un crecimiento económico del 4%, una inflación acumulada para diciembre del 2027 del 18% y un tipo de cambio fijado en $1.848. Para amenguar las críticas, declaró que  el conjunto de variables macroeconómicas se toma del 1° de agosto del corriente año.

Además, se atajó y manifestó que este proyecto de ley “tiene previsto el financiamiento en el 100% de la partida por Emergencia en Discapacidad”. Agregó además que “atiene el crecimiento que podría llegar a tener el gasto en Pensiones no Contributivas por Discapacidad”. Según el Gobierno, hay “1.500.000 personas” que tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que no son beneficiarios de la pensión.

Lo que el DNU nos dejó

Aún vigente, sigue sumando embates desde que vio la luz en diciembre de 2023 y sus consecuencias siguen haciéndose sentir. El Gobierno trabaja a contrarreloj para desactivar el huracán político que generó días atrás el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que frenó la derogación de la Ley de Tierras y deslegitimó el reclamo del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al sostener que "la soberanía no es un bien de incidencia colectiva". En ese marco, los excombatientes se reunieron con el bloque de diputados de UxP, presidido por Germán Martínez, reunión en la que los diputados decidieron impulsar una sesión especial para tratar de derogar el DNU 70/23, en el que está incluida la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que ponía límites a la extranjerización de las tierras y convocar a una movilización masiva de gremios, sindicatos, partidos políticos y de la población en general que apoye la derogación.

Es fundamental repasar que, de llegar a derogarse, puede acarrear una masiva judicialización, medidas cautelares y decisiones divididas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Más del 70% del decreto fue objeto de demandas, amparos y planteos de inconstitucionalidad, que abarcaron diversos títulos como trabajo, salud, comercio y alquileres. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de todo el capítulo laboral del DNU, y se dictaron múltiples medidas cautelares (impulsadas por la CGT, la CTA y otros gremios) que frenaron la aplicación de esos cambios.

La propia Corte Suprema dictó una medida cautelar interina en octubre de 2026 en el caso "Árbol de pie" para suspender temporalmente el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras (reponiendo los límites a la venta de tierras a extranjeros), luego de haber rechazado previamente otros planteos por cuestiones de legitimación activa. La Corte Suprema ha evitado en repetidas ocasiones (como en los casos de La Rioja, de juristas y de asociaciones) emitir un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad integral del DNU 70/23, permitiendo que amplias porciones del decreto permanezcan vigentes, mientras conviven con litigios en tribunales inferiores. Las voces disonantes se suman. Rodolfo Aguiar (Sec. Gral de ATE Nacional) afirmó que "tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros, para que la casta se llene de guita. Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y les regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo".

Luego de la derogación en marzo de 2024 por el Senado, volvería a regir la Ley de Alquileres con el marco legal anterior, por un plazo mínimo de tres años y esquemas de actualización regulados. Los contratos ya firmados bajo el DNU mantendrían sus condiciones originales. Regresaría la Ley de Tierras Rurales, que limita la compra y el dominio de tierras con recursos naturales o de zona de frontera por parte de extranjeros, hasta un tope del 15% del territorio.

Se reabriría la discusión sobre la potestad de las empresas de medicina prepaga para fijar aranceles y la regulación de las obras sociales. Retornaría al marco legal la Ley de Abastecimiento (Ley 20.680), la Ley de Góndolas (Ley 27.545) y regulaciones de Compre argentino. En materia de producción, se restablecerían organismos y regulaciones específicas, como el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y serían puestos en duda permisos de operación para internet satelital y normativas de cielos abiertos. Con este panorama, el Gobierno no permitirá la posibilidad de que tal medida fundante en su impronta sea derogada en la cámara baja.

Con respecto al destino de la convocatoria, el diputado Oscar Zago (MID), que en ese entonces presidía la bancada oficialista, declaró a Noticias Urbanas que “la decisión sobre el tema depende, hoy más que nunca, de las negociaciones provinciales vinculadas con el presupuesto, también como el tema de Discapacidad. La discusión del presupuesto está comenzando, en este caso particular desde nuestro espacio no acompañaremos la sesión para derogar el DNU 70”.

En materia de Discapacidad, hizo una salvedad. “Nosotros queremos saber a partir de lo que digan los funcionarios que vienen a defender el presupuesto, queremos saber dónde está la plata que pusimos en disidencia. Aún no sabemos en qué parte del articulado está el dinero para las prestaciones en Discapacidad”. Zago ha cuestionado abiertamente el recorte que pretendía implementar el Poder Ejecutivo Y exigió precisiones sobre el financiamiento y advirtió que el Gobierno debe asumir la responsabilidad de asignar las partidas presupuestarias correctas en lugar de delegar toda la carga en el Congreso. En su momento, planteó disidencias también para restaurar el límite máximo del 15% de superficie rural en manos extranjeras, un tope que había sido derogado originalmente mediante el DNU 70/23.

Los puentes están dinamitados y las prioridades no atienden a los servicios esenciales, más allá de los lanzamientos o impulsos a leyes en materia de salud, soberanía y Discapacidad. Luego, Zago se refirió a los verdaderos intereses debajo de la fachada. “El oficialismo tiene poco tiempo para lograr la suspensión de las PASO, ya no se habla de Reforma Política porque no hay tiempo y los gobernadores dejan ver la falta de confianza y están adelantando sus elecciones¨. Si la luna nueva reacomoda el firmamento, el camino al cierre será empinado y con al menos dos sesiones conflictivas: una sesión especial en la que la oposición busca poner bajo debate el rechazo al DNU 70/23, además de tratar leyes sobre la emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. Al mismo tiempo con similar espíritu, el oficialismo se propone llegar al 21 de octubre con proyectos clave como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, y modificaciones referidas al vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos. De ese modo, sin más preámbulos, buscar su propósito: abocarse a lo que realmente le importa: suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.