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LLA se impuso y logró la aprobación de la "libertad comercial" en la Ciudad Fue durante la sesión ordinaria de este jueves, donde obtuvieron 32 votos positivos y 22 negativos, obteniendo la sanción de un texto que reduce las cargas burocráticas y agiliza la apertura y el funcionamiento de comercios, emprendimientos y empresas. Como lo anticipó días atrás parlamentario.com y buscando favorecer la reactivación económica, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) lograron imponer su agenda en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consiguieron la aprobación de un proyecto de ley sobre "libertad comercial", destinado a establecer un régimen especial de simplificación administrativa para el desarrollo de actividades económicas en el distrito capitalino. La medida contó con 32 votos a favor y 22 en contra. Se trata de una iniciativa que plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales. Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas. También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado. La propuesta alcanza a comerciantes, empresas, cooperativas, profesionales independientes, asociaciones, fundaciones, consorcios, operadores de plataformas y toda persona que ejerza una actividad económica lícita sometida a controles locales. Incorpora, además, un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite. El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales. Uno de los ejes centrales es la habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. La presentación completa de una declaración jurada y de la documentación publicada permitiría iniciar la actividad sin inspección previa, mediante una constancia provisoria. La fiscalización se realizaría con posterioridad y la primera inspección debería concretarse dentro de los 180 días; si no se realizara por causas ajenas al administrado, la habilitación provisoria se convertiría en definitiva. El proyecto también establece el silencio administrativo positivo, de modo que, cumplidos los plazos sin una resolución expresa, el trámite quedaría aprobado de pleno derecho. El régimen no alcanzaría a establecimientos sanitarios con internación, farmacias, locales bailables, espectáculos masivos, obras sujetas a permisos previos, inmuebles protegidos, actividades con sustancias peligrosas ni proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental. La propuesta también exceptúa procedimientos sancionatorios y autorizaciones vinculadas con la seguridad, la salud pública, el patrimonio o el uso especial del dominio público. En todos los casos, las exclusiones serían taxativas y no podrían ampliarse por vía reglamentaria. El proyecto promueve además el principio de mercado abierto y el reconocimiento de habilitaciones, licencias y registros equivalentes emitidos por otras jurisdicciones argentinas. Los bienes legalmente elaborados o comercializados en otras provincias podrían circular y venderse en la Ciudad sin duplicar inscripciones o controles, aunque el Gobierno porteño conservaría sus facultades sobre seguridad, higiene, salubridad, impacto urbano y condiciones del establecimiento. El proyecto plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales. Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas. También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado.

La iniciativa incorpora además un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite. El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales.

Uno de los ejes centrales es la habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. La presentación completa de una declaración jurada y de la documentación publicada permitiría iniciar la actividad sin inspección previa, mediante una constancia provisoria. La fiscalización se realizaría con posterioridad y la primera inspección debería concretarse dentro de los 180 días; si no se realizara por causas ajenas al administrado, la habilitación provisoria se convertiría en definitiva. El proyecto también establece el silencio administrativo positivo, de modo que, cumplidos los plazos sin una resolución expresa, el trámite quedaría aprobado de pleno derecho.

El régimen no alcanzaría a establecimientos sanitarios con internación, farmacias, locales bailables, espectáculos masivos, obras sujetas a permisos previos, inmuebles protegidos, actividades con sustancias peligrosas ni proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental. La propuesta también exceptúa procedimientos sancionatorios y autorizaciones vinculadas con la seguridad, la salud pública, el patrimonio o el uso especial del dominio público. En todos los casos, las exclusiones serían taxativas y no podrían ampliarse por vía reglamentaria.

El proyecto de Ramírez promueve además el principio de mercado abierto y el reconocimiento de habilitaciones, licencias y registros equivalentes emitidos por otras jurisdicciones argentinas. Los bienes legalmente elaborados o comercializados en otras provincias podrían circular y venderse en la Ciudad sin duplicar inscripciones o controles, aunque el Gobierno porteño conservaría sus facultades sobre seguridad, higiene, salubridad, impacto urbano y condiciones del establecimiento. La autora fundamentó la iniciativa en la necesidad de pasar de una lógica de bloqueo previo a una fiscalización posterior: “Menos trabas innecesarias, más reglas claras; menos papeles, mayor control; menos intermediación burocrática, más libertad”.

Autorizan al GCBA a tomar una deuda por 600 mil millones para pagar a proveedores

La Legislatura porteña sancionó con 37 votos a favor y 18 en contra un proyecto para que el Ejecutivo pueda emitir de títulos públicos que permitan cumplir con obligaciones derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obras públicas. Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó con 37 votos positivos y 18 negativos una autorización al Gobierno porteño para emitir un bono por 600 mil millones de pesos, a fin de poder saldar una deuda que mantiene con proveedores ante la caída de la recaudación prevista para este año. El texto contó con el aval de los bloques Vamos por Más (VxM), La Libertad Avanza (LLA) y la Unión Cívica Radical (UCR) y el rechazo de Fuerza por Buenos Aires (FxBA) y Frente de Izquierda de Los Trabajadores (FIT). Había sido remitido a la Casa por el alcalde local, Jorge Macri, junto al Presupuesto 2027. De esta manera, se prevé la emisión de bonos en moneda local por un monto de hasta 600 mil millones, tendrá un plazo mínimo de amortización de un año y la tasa de interés será TAMAR, la cual fija el Banco Central (BCRA) para los depósitos a plazo fijo mayoristas de 30 a 35 días de montos mayores o iguales a mil millones de pesos. Además, se regirán por la ley de la República Argentina, con amortización total al vencimiento o mediante pagos sucesivos o mediante rescate antes del vencimiento. Solicita se puedan emitir una o más clases y series, incluyendo su reapertura, y que se pueda realizar el rescate antes de su vencimiento. El documento recientemente aprobado por los legisladores llevaba la firma del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Cesar Sánchez Zinny, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, quienes explicaron que el mismo "tiene por objeto establecer una herramienta para regularizar y programar la cancelación de obligaciones, total o parcial, derivadas de contrataciones de bienes, servicios y obra pública, contraídas por el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentren devengadas, exigibles y pendientes de cancelación al momento de la colocación de los títulos". A su vez, detallaron que la colocación de estos títulos públicos tiene el objetivo de “resguardar el cumplimiento del plan de Gobierno y preservar al mismo tiempo la ecuación económica-financiera de los proveedores, sin incrementar los pasivos de la Ciudad”. En ese sentido, concluyeron planteando que “la emisión propuesta se estructurará de manera tal de optimizar el perfil de vencimientos con el objetivo de no afectar las finanzas de la Administración, a la vez que permita cancelar las obligaciones en cuestión”.se prevé la emisión de bonos en moneda local por un monto de hasta $600.000 millones. Tendrá un plazo mínimo de amortización de un año y la tasa de interés será TAMAR, la cual fija el Banco Central (BCRA) para los depósitos a plazo fijo mayoristas de 30 a 35 días de montos mayores o iguales a $1.000 millones (TAMAR).

Se regirán por la ley de la República Argentina, con amortización total al vencimiento o mediante pagos sucesivos o mediante rescate antes del vencimiento. Solicita se puedan emitir una o más clases y series, incluyendo su reapertura, y que se pueda realizar el rescate antes de su vencimiento.

“Los conflictos que pudieren presentarse en relación a los títulos, sus cupones, si los hubiera, y los contratos y acuerdos relativos a su emisión, quedarán sometidos a la jurisdicción del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

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Este jueves se llevó a cabo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la Legislatura, en donde uno de los temas que se debatieron fue la emisión del bono para el pago de deuda con proveedores. En ese contexto, la subsecretaria de Hacienda, Lorena Flores, detalló que la emisión de esta herramienta financiera busca “hacer frente a la caída de recursos estipulada para 2026”, puesto que se estima aproximadamente una caída del 6% en Ingresos Brutos al cierre de este año.

“Se prevé un vencimiento para 2029″, indicó la funcionaria y señaló que los intereses están contemplados dentro del Presupuesto por un monto de $114.000 millones. En tanto, aclaró que no significa un “gasto adicional para la Ciudad” y permite mantener, frente a la caída de recurso, los niveles de funcionamiento del gobierno, desde las obras que tiene pactadas para este año como todos los niveles de servicios. Detalló que actualmente la administración no tiene deudas con proveedores, pero que los fondos serán para hacer frente a obligaciones de cara a lo que queda de 2026.