DNU en vilo y materias oficialistas con dificultades de ser aprobadas

Desde hace tiempo existe un reclamo en torno a una de las primeras medidas de gobierno, el decreto desregulador N° 70, que tuvo duras consecuencias en la vida cotidiana argentina y fue rechazado en marzo de 2024 en el Senado. Ahora, representantes de economías regionales exigieron a los diputados la derogación del cuestionado DNU de manera urgente. Durante la semana, en una reunión informativa, la oposición denunció que el oficialismo “utiliza herramientas para que la Cámara no funcione”, ya que no pudieron emitir dictamen de los tres proyectos que estaban en consideración por no tener quórum al inicio del encuentro en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional. Entretanto, a cargo del diputado formoseño Luis Basterra (UP) se llevó a cabo una reunión informativa con invitados que integran el Consejo de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y de la Pesca Artesanal, quienes expusieron sobre la situación actual y los desafíos de su sector, pero no se obtuvo el quórum reglamentario.

Desde la organización del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Pesca Arsenal manifestaron que “nos encontramos ante una situación grave. Mientras se discuten modificaciones legislativas sobre propiedad, desalojos, tierras rurales y expropiaciones, en distintos puntos del país ya hay comunidades que enfrentan conflictos y amenazas. Entendemos que no se puede legislar sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales desconociendo la realidad de quienes producen, trabajan, habitan y cuidan dichos territorios. Es por ello, que exigimos la derogación del DNU 70/23 de manera urgente”.

En tanto, en octubre habrá una embestida contra el tratamiento de Decreto de la discordia, que propone la desregulación económica, que fue impulsado por Javier Milei apenas arribó al Gobierno. Desde ese momento generó profundos cambios estructurales y ahora su posible derogación por el Congreso con una sesión especial impulsada para el 15 de octubre de 2026, tras un fallo de la Corte Suprema, despertó el volcán.

Desde su aplicación, provocó tembladerales, ya que incluyó libertad de contratación entre partes en cuanto a plazos, moneda y tipo de actualización (sin la antigua ley de contratos regulados); eliminación del sistema SIRA y de cupos o prohibiciones a las importaciones y exportaciones por motivos económicos; facilitación para pymes sin registros previos yla desregulación de precios de cuotas de prepagas y posibilidad de que los trabajadores elijan obra social o prepaga desde el primer día de empleo.

Asimismo, permitió la habilitación para la compra de tierras por parte de extranjeros, tras quedar vigente la derogación de la Ley de Tierras, fallo autenticado por la la Corte Suprema y la apertura de cielos abiertos e ingreso de nuevas tecnologías y el fin de la Ley de Góndolas y de la Ley de Abastecimiento.

Desde una mirada reprobatoria y con énfasis en el tema soberanía, el diputado Juan Carlos Giordano opinó que “es una falsa Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” y vinculó el proyecto de Malvinas con la política económica del oficialismo. Mencionó la explotación de petróleo, gas y litio como algunos de los sectores involucrados.

En busca de una oportunidad

En tanto, en las gateras aguarda el tratamiento del Presupuesto 2027, con debate formal a partir del 13 de octubre e intenciones del oficialismo de aprobarlo antes de que cierre noviembre, aunque no se descartan que sean necesarias sesiones extraordinarias. Es una negociación clave, con eje en las exigencias de equilibrio fiscal y los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras tanto, la mirada de interés social se basa en otra agenda: en el Congreso se manejan opciones tras la decisión de la Corte Suprema, que repuso la normativa sobre la venta de tierras a extranjeros. Con la intención de maniobrar la cruel figura que implica, el Gobierno necesita pilotear el tema Discapacidad, ante la inminente llegada del Papa León XIV. En este momento se impulsan iniciativas vinculadas con las asignaciones y coberturas por discapacidad, un punto de fuerte tensión y de ríspida negociación entre el oficialismo y la oposición.

La incógnita es lo que sucederá con el desvelo de los libertarios por la Reforma Electoral, una de las principales apuestas políticas del Poder Ejecutivo. Tal medida, centrada en la eliminación de las PASO (Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y el financiamiento de los partidos políticos, requiere mayorías especiales y aún no cuenta con los apoyos necesarios.

En torno a la Agenda Económica y de Recursos, existe una iniciativa proveniente del Senado para modificar el régimen de biocombustibles y potenciar las inversiones en el sector agroindustrial. La oposición presiona además para instalar el debate sobre la morosidad y las alternativas de alivio financiero para las familias y dar vuelta en el recinto la discusión con dictamen del oficialismo, basada en la educación financiera casi exclusivamente. Asimismo, recientemente se firmó en un plenario de comisiones un dictamen para penalizar el vandalismo rural. En referencia al dictamen, promovido por el oficialismo y los bloques dialoguistas, se incorporó una precisión respecto del delito rural, que no está claramente tipificado en el Código Penal vigente.

Por otra parte, se reunieron este miércoles los jefes de bloques del oficialismo y sus aliados (Pro, UCR, bloques provinciales) con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien encabezará la presentación formal del texto ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Al cabo del encuentro, se confirmó que el debate en comisión de la ley de leyes arrancará el próximo martes 13 (sin ironías). El oficialismo ratificó que intentarán obtener dictamen antes de la llegada del Papa León XIV, aunque algunas fuentes del bloque libertario admitieron que por la abultada agenda, el tiempo es ajustado y que el comienzo del debate se había previsto para los días en curso, pero la discusión se empantanó.

El incumplido financiamiento universitario

Tras reveses legislativos ante el veto de Milei, la presentación del Presupuesto 2027 y la decisión judicial que reconoce la legitimidad de la Ley, el gobierno apelará el fallo y de ese modo busca dilatar lo que los poderes Legislativo y Judicial decidieron. En ese sentido, opinó Lila Luchessi, directora del Instituto en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro- Profesora UBA: “La nueva apelación al fallo del Juez Cormick no solamente es una estrategia para debilitar al sistema universitario, manifiesta el desprecio del Poder Ejecutivo por la división de poderes, el apego a las leyes y el sistema democrático. Una ley votada mayoritariamente por ambas cámaras y ratificada por el poder judicial vuelve a apelarse para ganar tiempo y sostener el desfinanciamiento de la educación superior”.

Luego agregó que “mientras los servicios, el mantenimiento edilicio y la posibilidad de sostener el equipamiento y las instalaciones, así como los insumos para realizar investigación y docencia de calidad se disparan por los aires, el presupuesto para sustentarlos y pagar a los profesionales que en su mayoría tienen remuneraciones por debajo de la línea de pobreza está estancado desde hace tres años y tiende a decrecer”.

“Lo cierto es que más del 88 por ciento de las partidas universitarias son destinadas a salarios y el 15 de octubre será la fecha clave, en la que todos los reclamos saldrán a la calle para exigir el cumplimiento de la ley. El recorte en las becas y el apoyo a ciudadanos que quieren estudiar, pero sus condiciones son desfavorables, mientras se quitan impuestos a quienes tienen ganancias siderales, deja en claro la cuestión de fondo. En definitiva, la discusión por el presupuesto del sistema universitario es mucho más que eso. Es la discusión por el sistema democrático, el derecho ciudadano a los servicios de educación de calidad y le quienes trabajan por tener una vida digna”, finalizó Luchesi.

La torre de naipes parece tambalear y, de llevarse a cabo la sesión para rechazar el DNU desregulador, pueden ocurrir muchos eventos desafortunados para el Gobierno, como que volverían a regir normas como la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Compre argentino y las cuotas de las empresas de medicina prepaga y el funcionamiento de las obras sociales volverían a quedar bajo un esquema de mayor regulación e intervención estatal. Así también regresarían los controles y permisos estatales para las importaciones y exportaciones y además, las restricciones para el cambio de cobertura médica y se abriría un nuevo escenario de tensiones políticas y económicas que el Gobierno deberá sortear para salir bien en la foto que les aguarda, en la que el Sumo Pontífice estará en el centro.