Procesan a talleristas denunciados por esclavismo
Tres jueces de la Cámara Federal confirmaron lo señalado por el juez de primera instancia Ariel Lijo. Detrás de las puertas de Chivilcoy 1925/47 existía un taller clandestino que a sus costureros mantenía reducidos a la servidumbre, explotaba un menor de edad y tenía indocumentados. Esta situación de delitos complejos con fines comerciales llevó a los integrantes de la Sala I de la Cámara en lo Criminal Federal mantener el procesamiento de un ciudadano coreano y un argentino.
El tribunal Federal, con sede en la calle Comodoro Py en el barrio de Retiro, concluyó que Seung Ok Bang, como presunto autor, y Norberto Sabatini, como partícipe, mantenían encerrados en el taller de Chivilcoy a decenas de trabajadores, entre ellos a un menor de edad y un extranjero indocumentado, sometidos a condiciones ?indignas?.
La Sala I de la Cámara recordó que durante un allanamiento en agosto del año pasado, producto de una investigación de la organización Alameda, en el lugar se comprobó que pese estar clausurado seguía funcionando el taller textil propiedad de Bang Seung Ok, en tanto que Sabatini cumplía el rol de capataz.
En el inmueble, de cuatro pisos, se desempeñaban 24 argentinos y 5 bolivianos, con salarios ?en negro?, sin cobertura social ni seguros frente a riesgos del trabajo, quienes además, según testigos, debían pernoctar en el edificio porque la puerta de acceso al inmueble permanecía cerrada con llaves.
Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah evaluaron que ?los trabajadores estaban sujetos a prolongadas jornadas laborales (que comenzaban temprano a la mañana y podían durar hasta la madrugada) y que ?no tenían la posibilidad de entrar y salir libremente? del lugar.
Ballestero, Freiler y Farah consideraron las ?características? del taller, reflejadas en tomas fotográficas, como la falta de higiene y de espacios destinados al sueño, ?que configuran un estado compatible con la situación de servidumbre?.
Al confirmar la medida dictada en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo, los camaristas encomendaron a éste dirigir la investigación hacia quienes ?pudieron haberse aprovechado de la actividad mediante el encargo de trabajos bajo las condiciones que caracterizaron a la conducta imputada?. O sea las marcas comerciales.
Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, reconocida por su combate del trabajo esclavo, reveló a este medio que "sólo en la Ciudad de Buenos Aires existen 3.000 talleres clandestinos que diariamente explotan a unas 40.000 personas bajo un inédito régimen de esclavitud".
Pero esta violación a los derechos humanos y laborales para Vera no es un hecho aislado de la industria textil. ?Es justamente un sistema de neoesclavitud que los mismos patrones de la moda han reconocido frente al propio ministerio de Trabajo. La mayoría de estos talleres trabaja para las grandes marcas que en dos años de gobierno Mauricio Macri nunca se animó ha denunciar?.
Vale recordar las denuncias penales anunciadas en la Jefatura porteña en el 2007. En ese momento el ministro Enrique Rodríguez con sus subsecretarios de Trabajo, primero Alejandro Pereyra (despedido por investigar Kosiuko) y Ariel Lieutier, en conjunto con la defensora del Pueblo de la Ciudad Alicia Pierini y La Alameda denunciaron a reconocidas marcas como Cheeky.
