Ataque a la libertad de prensa: el Gobierno veta a periodistas incómodos
La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso a periodistas en la Casa Rosada volvió a encender las alarmas sobre el vínculo cada vez más tenso entre el oficialismo y la prensa, en un escenario que exhibe signos crecientes de cerrazón y control informativo.
El episodio ocurrió este lunes, cuando varios cronistas acreditados fueron directamente impedidos de ingresar a la sede del Ejecutivo tras un control en la puerta, donde efectivos de seguridad verificaban nombres y medios en listas previamente definidas. Sin explicaciones formales previas, los periodistas se enteraron en el lugar de que tenían prohibido el acceso.
Según admitieron voceros oficiales, la medida apunta a medios que habrían publicado contenidos vinculados a una supuesta campaña de “espionaje ruso” contra el Gobierno. “Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, justificaron, aunque evitaron precisar criterios objetivos o transparentes para definir qué medios quedaban alcanzados.
La restricción no se limitó a la Casa Rosada: también se extendió al Congreso, donde se suspendieron acreditaciones de distintos medios, en una decisión que profundiza la sensación de discrecionalidad. Mientras tanto, desde el Senado se despegaron de la medida, dejando en evidencia internas políticas incluso dentro del propio oficialismo.
El gobierno de Javier Milei le PROHIBIÓ la entrada a Casa Rosada a Jon Heguier por dejar totalmente EXPUESTO a Manuel Adorni en su última conferencia.
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 6, 2026
La semana pasada suspendió su conferencia, ahora expulsaron a los que preguntan sobre la corrupción del gobierno pic.twitter.com/wI3Jv8itkG
Lejos de ser un hecho aislado, la medida se inscribe en una escalada de tensiones con el periodismo. En los últimos meses, el Gobierno avanzó con regulaciones más estrictas para la acreditación, limitó el acceso a conferencias y concentró el control sobre quién puede preguntar y en qué condiciones, lo que fue cuestionado por organizaciones que advierten sobre un deterioro en la libertad de expresión.
El argumento oficial de una supuesta injerencia extranjera agrega un componente aún más delicado. Desde el entorno presidencial deslizaron incluso la posibilidad de que existan casos de “traición a la patria”, una acusación de extrema gravedad que, sin pruebas públicas, alimenta un clima de confrontación y sospecha generalizada sobre el trabajo periodístico.
En este contexto, la decisión de restringir el acceso a periodistas aparece menos como una medida excepcional y más como parte de una estrategia sostenida de disciplinamiento. Con criterios poco claros y un creciente control sobre la información, el Gobierno profundiza un modelo de relación con la prensa marcado por la exclusión, la confrontación y la opacidad.
