Aumento millonario en la Secretaría General
La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, quedó en el centro de una nueva controversia luego de conocerse que el Fondo Rotatorio destinado a gastos operativos registró un incremento del 141% en el último año, mientras continúa sin difundirse el detalle de los consumos realizados mediante tarjetas corporativas vinculadas al área. La información surge de documentación oficial obtenida a través de pedidos de acceso a la información pública.
Según los datos oficiales, el fondo pasó de $471,5 millones durante 2025 a más de $1.135 millones para el ejercicio 2026. El aumento fue establecido mediante la Resolución 35/2026, firmada por la propia secretaria general, y representa una ampliación cercana a los $664 millones en apenas doce meses. Además, la normativa habilitó operaciones individuales de hasta $50 millones y exceptuó de ese límite determinados gastos relacionados con servicios básicos, viajes presidenciales y embargos.
La discusión se profundizó luego de que trascendiera la existencia de un importante esquema de administración de recursos dentro de la Casa Rosada. De acuerdo con la información suministrada por Presidencia, actualmente existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma bancaria utilizada para gestionar esos fondos.
Sin embargo, el principal cuestionamiento apunta a la falta de información sobre el uso concreto de esos instrumentos financieros. Aunque la Secretaría General respondió parcialmente los requerimientos de acceso a la información, no difundió los resúmenes de gastos, consumos realizados, comercios involucrados, proveedores, montos utilizados, comprobantes ni las rendiciones correspondientes. Tampoco se informó si las tarjetas registraron movimientos recientes ni cuál fue el destino específico de los recursos utilizados.
La controversia cobra especial relevancia en un contexto donde el propio Gobierno impulsó en los últimos meses distintas medidas vinculadas a la transparencia y al control del gasto público. El debate sobre el uso de tarjetas corporativas también se vio alimentado por investigaciones recientes sobre consumos realizados en organismos estatales, que derivaron en revisiones administrativas y en la suspensión de algunos sistemas de gastos corporativos.
Mientras desde la Casa Rosada sostienen que el Fondo Rotatorio constituye una herramienta legal para afrontar gastos operativos de funcionamiento, la falta de detalles sobre la utilización de las tarjetas corporativas mantiene abierto el interrogante sobre el destino de parte de esos recursos. La oposición y distintos sectores políticos reclaman una mayor apertura de la información para garantizar mecanismos efectivos de control sobre fondos públicos que, en apenas un año, más que duplicaron su volumen presupuestario.
