Kestelboim defendió el presupuesto para la defensa pública

En pleno uso de sus facultades autárquicas, el Ministerio Público porteño presentó su presupuesto. Según confirmaron los tres Generales de la institución, si bien cada área -Fiscalía, Defensoría y Asesoría Tutelar- diseñó su propuesta independientemente, existieron diálogos conjuntos para acordar algunos puntos antes de elevarla al Consejo de la Magistratura (CM) para presentarla en Hacienda. El presupuesto solicitado ascendía a 123.582.235 pesos, de los cuales 55.480.759 corresponderían al Ministerio Público Fiscal a cargo de Germán Garavano (propuesto por el macrismo), 35.544.976 pesos serían asignados al Ministerio Público de la Defensa comandado por Mario Jaime Kestelboim (kirchnerismo), 11.951.500 pesos para la Asesoría General Tutelar dirigida por Laura Musa (ARI) y 20 millones más para la compra de un edificio institucional.

El recorte de 70 millones de pesos que recibió del Ministerio de Hacienda dicho presupuesto generó, al igual que en las compañías teatrales, reclamos más fuertes por parte de quien detenta más años de experiencia y de la figura femenina.

"Cuando yo llego a la Defensoría en marzo del 2007 teníamos un presupuesto desglosado con algunos porcentajes. Del 100 por ciento asignado, el 50 correspondía a la Fiscalía, el 35 a la Defensoría y el 15 a la Asesoría Tutelar. Cuando debimos formular el presupuesto para el año 2008, la instrucción que doy es que mantuviéramos la proporcionalidad. Cada quien elaboró su propio presupuesto, fue un criterio propio. La idea nuestra como Defensoría es que nuestra actividad tiene una vinculación y una relación muy estrecha a la labor de la Fiscalía; con lo cual lo que hiciera Garavano era un parámetro para nosotros", comentó a NOTICIAS URBANAS el Defensor General, Mario Jaime Kestelboim.

Garavano proyectó una ampliación importante en el número de fiscalías (de las 24 existentes pasarían a 49) y la creación, entre otras cosas, de 15 bocas de acceso de denuncias distribuidas por la Ciudad, lo cual modificó la proporción.

La Defensoría, siguiendo la política de acercar la Justicia al Ciudadano abrió éste 2007 la oficina de atención a las personas privadas de la libertad, la cual atiende las 24 horas, también celebró convenios con la UBA y el Hospital de Clínicas para proveer de peritos a nuestros defensores, con el Registro Nacional de Armas a los fines de instruir a funcionarios en el tema de manejo de armas y explosivos que son las causas que competen a la justicia Contravencional y de Faltas por el artículo 189 del Código Penal.

"Estamos abriendo una oficina de jurisprudencia y doctrina judicial para proveer de elementos para la defensa pública, también estamos tratando de fortalecer la actividad de las defensorías Contencioso Administrativa y Tributarias que son las que tienen que ver con los litigios donde la Ciudad es actora o demandada, fundamentalmente para hacer efectivas las garantías a los fines de preservar los derechos y las garantías de los ciudadanos", describió.

Volviendo al tema presupuestario, y a los incrementos que solicitaron los tres Generales para continuar con el crecimiento en el acceso a la Justicia y mejorar el servicio del Ministerio Público, Kestelboim comentó: "La Fiscalía pasó del 50 al 55 por ciento, nosotros estipulamos un 34 y la Asesoría Tutelar estimó un monto del 11. Cuando vino el proyecto de Hacienda, la Asesoría pretendió que nosotros bajáramos nuestro presupuesto al 30 por ciento para que ellos pudieran engrosar el suyo al 15, ya que luego del recorte, el 11 por ciento representaban 9 millones de pesos (el mismo presupuesto que para el año 2007). Musa, en lugar de reclamar a la Fiscalía General esos 4 puntos porcentuales que le faltan para mantener la proporcionalidad, pretendió cercenarlos de la Defensoría".

Los que de elaborar presupuestos algo saben, siempre proyectan ampliaciones -tal vez excesivas- para que los recortes no afecten gravemente el desarrollo de las funciones futuras. Sin embargo en la Asesoría General Tutelar este mecanismo no se implementó aceitadamente al no sumarse al incremento solicitado por el Poder Judicial que rondó el 50 por ciento. "El recorte total que hizo Hacienda fue del 23 por ciento, dejando un aumento del 30 para todas las áreas del Poder Judicial, excepto para nosotros que fue justamente lo que pedimos", subrayó Laura Musa ante los legisladores.

"La Asesoría hizo mal sus cálculos, pidió 11 millones y le dieron 9. Nosotros pedimos 35 y nos dieron 27, la Fiscalía pidió 55 y le dieron 47, y los 20 millones para la compra del edificio institucional fueron eliminados", remarcó Kestelboim.

Pero las diferencias entre los Generales del Ministerio Público no se limitaron al monto de los presupuestos presentados. La solicitud de una partida de 3.500.000 pesos para cubrir cargos transitorios en la Defensoría General no fue compartida ni por Garavano ni por Musa, y tampoco por varios legisladores porteños.

"Tanto la Fiscalía como la Asesoría Tutelar han creado secretarías generales (3 Garavano y 2 Musa) para implementar políticas institucionales, y las están sosteniendo con el inciso 1.1. de personal porque ni ellos ni nosotros tenemos planta transitoria para ellas. He creado dos secretarías las cuales ya fueron aprobadas por el CM, una de Relaciones Institucionales y otra de Políticas y Estrategias para la Defensa, Acceso a la Justicia y Comunicación, con designaciones interinas hasta el 30 de diciembre. Estoy haciendo un pedido para poder designar transitoriamente a estos colaboradores políticos, aún cuando ese término esté desgastado", aseguró. Y agregó: "Yo no quiero que esta gente engrose las capas geológicas de personal, quiero que estos colaboradores míos puedan ser evaluados constantemente, si no cumplen sus funciones puedan ser reemplazados sin estar atados a otras cuestiones, y que al finalizar mi gestión salgan de la estructura de la Defensoría General".

El presupuesto recortado por Hacienda le otorga a la Defensoría unos 2.600.000 pesos para estas designaciones, sin embargo, la reacción de los diputados locales durante la presentación del presupuesto en la Legislatura podrían adelantar que aprobar dicha partida será complicado.

Con la convicción de que "como cualquier ministro tiene su gabinete de asesores que ingresan con él y cesan con él", Kestelboim subrayó que su gestión "debe ser apoyada por un grupo de profesionales involucrados en la política con mayúsculas, no partidaria, provocar innovaciones, acercar la justicia a los vecinos" y que "en la justicia hay política judicial de forma permanente", agregando que "la política tiende al bien común y no puede no estar dentro del Poder Judicial" esta búsqueda del bien común.

"El nuevo Jefe de Gobierno ha dicho públicamente que el siglo XX era el siglo de los Derechos Humanos y el XXI el de las obligaciones de los vecinos; yo no comparto esa opinión y creo que el siglo XXI es el siglo de la vigencia y efectividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales y en la órbita de actuación del Ministerio Público de la Ciudad, es decir, hacer efectivos esos derechos de primera, segunda y tercera generación (no solo libertad, sino en lo que concierne a la alimentación, educación, salud, medio ambiente, usuarios y consumidores). Son garantías constitucionales que debemos hacer efectivas con una buena política", recalcó.

Explicando en detalle la composición de la estructura que serían cubiertas con la partida para personal transitorio, el Defensor General señaló: "La gente que nosotros convocamos (15 personas) tiene más de 30 años de ejercicio profesional, no son gente sub 40 con 10 0 15 años. El rubro antigüedad tiene mucha incidencia en la liquidación de los haberes. Las categorías superiores serían categoría 1, que correspondería a un defensor de cámara (la misma categoría con que han designado la Fiscalía y la Asesoría), la siguiente es categoría 2 cuyo sueldo es de 8 mil pesos y la incidencia de antigüedad llevaría los sueldos a 15 mil pesos (inferior a los adjuntos). Con el recorte designaríamos a los auxiliares administrativos como personal de planta permanente, y si no se aprueba esta partida haremos lo mismo que Garavano y Musa y los sumaremos a la planta permanente; aunque deberemos ubicarlas en un espacio que alquilamos en la zona por 10.800 pesos mensuales, porque no nos dieron un lugar para ellas. También estamos a la espera que el CM adjudique la licitación y nos entregue las computadoras para las cuales nos tiene afectados 400.000 pesos del presupuesto actual".

Y, sumando críticas hacia la magistratura local, agregó: "Tenemos proyectada una tercera secretaría administrativa, si el Consejo no la aprueba argumentando superposición de funciones, tenemos una unidad operativa de compras que utilizaríamos para implementar nuestras competencias. No la nombraré de coordinación como hicieron Garavano y Musa, porque para montos menores a 300.000 pesos no tengo nada que coordinar con el Consejo".

Muchos de los roces en el Ministerio Público podrían evitarse si existiera una legislación que establezca un criterio de proporcionalidad. Pero la desproporción dentro del Poder Judicial de la Ciudad parece ser una de las pocas críticas que se realizan hacia y desde la Justicia porteña.

"La Fiscalía tiene afectadas cerca de 320 personas, la Defensoría 159, corresponden 60 o 70 a la estructura de la Asesoría Tutelar, a los tribunales los conforman 800 empleados y funcionarios, y al Consejo de la Magistratura 800 personas. Con 800 personas se atiende la actividad y administra a 1400", manifestó.

Pero un punto que debería contemplarse es la ausencia del Ministerio Público entre los consejeros de la magistratura local. (El siguiente párrafo fue publicado con un error de concepto en el Semanario de esta semana, por lo cual señalamos la versión correcta de las declaraciones del Defensor General) "El Poder Judicial de la Ciudad tiene unos 60 magistrados, los cuales son representados por un tercio de los 9 consejeros; la Legislatura tiene otros 3 y los abogados un tercio más. El Ministerio Público tiene más de 60 funcionarios con jerarquía de jueces y no tienen representación. La Constitución omitió a una parte significativa del Poder Judicial y sobredimensionó la representación de los abogados. Sólo forzando la ley la Ciudad permitió que el Ministerio Público pudiera votar a los jueces pero no pueden postularse. Habría que modificar la Constitución para corregir esto", sugirió el Defensor General.

Realizando un análisis de la Justicia porteña y del futuro Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Kestelboim criticó que se haya abandonado el proceso de descentralización e informó que Guillermo Montenegro se reunió personalmente con los titulares del Ministerio Público.

"Hay un cambio en la política de descentralización, la cual se ha abandonado a cambio de las bocas de acceso para recibir denuncias y transferirlas a los fiscales concentrados en dos zonas: la norte en Berruti y la sur en Hipólito Yrigoyen lo cual cambia el criterio de descentralización por la de boca de acceso, obligándonos a nosotros a seguir sus pasos. El defensor tiene que estar en la proximidad de los fiscales. Los jueces son remisos a concurrir a las sedes descentralizadas. Yo no puedo mantener defensores en Pompeya cuando su actividad está vinculada con una fiscalía que estará en Berruti o en Hipólito Yrigoyen. En Liniers en lugar de colocar fiscalías y defensorías se convertirá en una boca de acceso de denuncias y orientación", describió. Y sobre el futuro Ministro de Justicia agregó: "La política de Montenegro en relación a separar a los contraventores de los procesados y condenados por delitos penales transferidos es correcta, lo que ocurre es que en la Cárcel de Contraventores de Viamonte hay cuatro pisos de modo que permite tenerlos separados. Ahora se han empezado a trasladar detenidos y procesados por delitos penales a la cárcel de Marcos Paz, lo cual considero que es violatorio de los derechos de los privados de la libertad y genera toda una suerte de complicaciones para la defensa. Se han presentado recursos de habeas corpus, con todos los defensores de primera instancia", informó.

De acuerdo con la intensión de construir una cárcel propia, Kestelboim sin embargo consideró que un edificio de 450 plazas como el proyectado por Montenegro, sería un gasto excesivo para las escasas transferencias de delitos actuales.

Y mientras los actores defienden sus papeles, pelean cartel y negocian los cachés, una nueva visión del guión fue presentada este 23 de noviembre por el nuevo director de la obra, Néstor Grindetti, ante los productores que detentan el poder real sobre la puesta, la Legislatura.