Publicado: 13/11/2006 UTC General Por: Redacción NU

Mucha tela para cortar

Un dilema se presenta entre los parlamentarios de la Ciudad: si votar por la expropiación de un inmueble antes abandonado y desde hace años con un importante trabajo social y político, o ser señalados como cómplices, por no legislar, de las marcas de ropas denunciadas por esclavistas
Mucha tela para cortar
Redacción NU
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El proceder de varios diputados de la Ciudad se encuentra en sospecha, principalmente por parte de los militantes que conforman desde principios de 2002 un comedor, a lo que se le sumo con el tiempo las cooperativas de trabajo y la Unión de Trabajadores Costureros, en el edificio del abandonado bar La Alameda, ubicado en la esquina de Lacarra y Directorio.

Desde el centro comunitario La Alameda, que tiene como dirigente más reconocido al docente de primaria Gustavo Vera, se sospecha del "lobby de marcas” instalado en la Legislatura para frenar la aprobación de la ley que dispone declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio ubicado en la calle Lacarra 720/728, frente al Parque Avellaneda.

Vera, que sufrió hace tiempo un atentado en su domicilio y varios contra La Alameda, acusa a los legisladores porteños por su postura de negarse a discutir la iniciativa que autorizaría al Poder Ejecutivo a ceder en comodato a la Cooperativa de Trabajo "20 de Diciembre" el bien a expropiar. La iniciativa legislativa en el 2004 fue aprobada, mediante otro proyecto similar, en el recinto pero vetado por el entonces titular del Ejecutivo, Aníbal Ibarra.

La negativa de los parlamentarios a la votar, según Vera, tiene relación con la denuncia penal, algunas a través de la Defensoría del Pueblo, contra más de 70 marcas líderes de la industria textil, a las que se acusó de vender prendas confeccionadas en los talleres ilegales, en los que el esclavismo es el régimen laboral vigente.

Actualmente La Alameda funciona de hecho sin ley, y ello mismo gracias al reconocimiento del Estado Nacional y de la Ciudad y por un organismo internacional. Allí existe una sede de la Dirección de Migraciones, encargada de hacer las residencias precarias gratuitas entre la población que arriba al país y no posee la documentación correspondiente. Desde el 2002 un comedor comunitario donde se alimenta un centenar de vecinos, registrados en el área social, y seis emprendimientos, entre ellos una panadería, un centro de copiado y un taller textil con máquinas aportadas por Desarrollo Social de la Nación y la Organización Internacional de Migraciones.

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