Barroetaveña pide informes por el traslado de los paradores
El legislador porteño Matías Barroetaveña, del bloque Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para exigir explicaciones al Gobierno de la Ciudad sobre un eventual traslado de los centros de atención para personas en situación de calle fuera del territorio porteño. La iniciativa apunta a obtener “información clara y documentada” sobre un anuncio realizado por autoridades del Ministerio de Seguridad en una reunión con vecinos del barrio de Balvanera.
El pedido de informes busca determinar si efectivamente existe un plan para relocalizar los Centros de Inclusión o paradores y, en caso afirmativo, conocer qué organismos estarían a cargo, en qué lugares se instalarían y bajo qué marco normativo se llevaría adelante la medida. Además, solicita detalles sobre la cantidad de dispositivos que podrían ser trasladados, su capacidad actual y la población afectada.
En los fundamentos del proyecto, Barroetaveña advierte que la Ciudad atraviesa una situación crítica en materia habitacional. Según datos citados, el último censo popular de 2025 registró casi 12 mil personas en situación de calle, una cifra que representa un fuerte incremento en los últimos años y que, además, supera ampliamente los números oficiales.
Expulsar a las personas en situación de calle: el PRO plantea llevar los paradores fuera de la Ciudad
— Martín Suárez (@MDSuarez) April 20, 2026
Esta medida se suma a la iniciativa de Jorge Macri que restringe la atención en hospitales públicos a los bonaerenses
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En ese contexto, el legislador cuestionó la posibilidad de trasladar los servicios fuera de la Ciudad y consideró que esa alternativa “no constituye una solución”, sino que implicaría “una expulsión territorial de las personas más vulnerables”. También alertó que la iniciativa podría contradecir la Ley 3706 y artículos de la Constitución porteña que garantizan el derecho a la vivienda y la asistencia social.
Otro de los puntos que genera preocupación es el enfoque institucional de la medida. El proyecto remarca que el anuncio fue realizado desde el área de Seguridad y no desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, lo que, según se advierte, refleja una mirada que aborda la problemática como un tema de orden público y no como una emergencia social que requiere políticas integrales.
Por último, la iniciativa también pone el foco en el presupuesto destinado a políticas habitacionales, al señalar recortes en los últimos años y la falta de inversión en soluciones estructurales. En ese sentido, Barroetaveña planteó que la Legislatura debe ejercer su rol de control y reclamó precisiones sobre el impacto social, jurídico y económico de una medida que podría afectar a miles de personas en situación de vulnerabilidad.
