Higiene Urbana: la gran audiencia

La recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires siempre es un tema delicado. Con sólo fijarse en la enorme tajada del presupuesto porteño que significa o la cantidad de intereses que toca, es posible imaginar el tamaño la Audiencia Pública convocada hoy para discutir la ley que permitirá la conformación del pliego que finalmente otorgará la licitación del servicio de Higiene Urbana.

Desde la mañana hasta la tarde, Salón Dorado de la Legislatura porteña soportó a cerca de un centenar de oradores que se refirieron al proyecto propuesto por el gobierno que encabeza Mauricio Macri. La primera parte de las presentaciones se dieron en un clima tenso y áspero, donde no faltaron insultos, cortes de micrófono e intercambios retóricos, que incluyeron al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Cristian Ritondo, y a la legisladora K Gabriela Cerruti.

Entre los distintos oradores, varios atacaron con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo. Uno de ellos fue el legislador Pablo Failde, quien acusó al modelo del Ejecutivo de evidenciar "un doble sistema de facturación garantizada, rentabilidad empresaria garantizada, falta de controles de la cantidad de toneladas entregadas por las concesionarias, trato discriminatorio entre zonas de alto impacto y la zona sur y ausencia de fiscalización y control del Ente Único".

"Este pliego es un cachivache, sólo garantiza un excelente negocio para las empresas que no arriesgan nada y obtienen todo", continuó el diputado del Frente para la Victoria. Y concluyó asegurando que, con esta propuesta, "Macri les entrega a las empresas concesionarias un negocio millonario y no resuelve el problema de la basura".

Otro de los oradores críticos fue la ex legisladora porteña y actual vocal de los Cascos Blancos y vicepresidente de Red por Buenos Aires, Sandra Dosch. "Las empresas no deben ganar más plata con el aumento de la basura recolectada, esto sería premiar una política contaminante", explicó. Por último defendió la posición de que no se permita la participación en la licitación de empresas extranjeras, ya que "se cuenta experiencia suficiente en nuestro país".

La presidenta de la Fundación Ciudad, Andreína de Luca de Caraballo, se dirigió al micrófono también para solicitar a la Legislatura que no aprobara el proyecto de ley en tanto "no se ajusta a las previsiones" de las leyes 1854 (Basura Cero) y 992 (recuperadores urbanos). Al igual que Failde, también denunció una exclusión de la zona sur, cuyo sistema de recolección quedaría en manos del estado, agregando que dicha medida condena "nuevamente a sus habitantes a un nivel de vida inferior al del resto de la ciudad".

Finalmente tocó el turno a uno de los grandes protagonistas de la lucha por el respeto a la ley Basura Cero, la ONG ambientalista Greenpeace. La coordinadora de su Unidad Política, María Eugenia Testa, quien abogó por "una disposición inicial y una recolección diferenciada" en el sistema de recolección como condición necesaria para "el cumplimiento de las metas de reducción".

"Es obligación del Gobierno de la Ciudad y de la Legislatura de la Ciudad diseñar un esquema de incentivos y castigos que coloque a las empresas en un rol positivo para el cumplimiento de la ley", señaló Testa para finalizar. Así reforzó la postura presentada por la ONG de que "el pliego no ha sido diseñado en base a la dinámica que requiere el cumplimiento de la Ley 1854".

LAS HORAS PASABAN

Una vez llegada la tarde, el clima ya era mucho más pesado que tenso. Ante un Salón más vacío que antes, pero aún colmado gracias a la presencia de un fuerte número de cartoneros, las exposiciones continuaron.

En primer lugar llegaron nuevas críticas hacia el proyecto oficial de parte de Matías Barroetaveña, quien fuera auditor General de la Ciudad durante 2003 y 2007. "Este pliego muestra una repetición de viejos errores", expresó, alegando que el cobro por tonelada y las redeterminaciones se prestan a "vivezas". Finalizó con una exposición del sistema recientemente aprobado en Rosario, resaltando las diferencias en los costos.

"Si esta ley se aprueba los cartoneros se quedan sin trabajo", dijo sin dudarlo un representante de un sector de cartoneros que expuso a continuación. No fue la única afirmación en este sentido, ya que hubo más recuperadores que al hablar aseguraron que en el pliego oficial se los "continuaba excluyendo". "El mejor reciclado lo hacemos nosotros", aseguraron.

"El Estado tiene políticas públicas para un sector o no las tiene", afirmó el abogado de uno de los sectores de cartoneros presentes, "no importa quien es el Estado de la ciudad, lo que importa es que hay una falta de soluciones". También planteó un "sinceramiento del debate", asegurando que en definitiva a sus representados lo que les interesa es recibir la "retribución que les corresponde por el trabajo de separación".

También hubo presencia de vecinos de Villa Pueyrredón, quiénes destacaron el trabajo realizado por las cooperativas a lo largo de los años, afirmando que todos sus logros fueron sin apoyo alguno de los gobiernos.

Por supuesto, no faltaron recriminaciones hacia legisladores del estilo: "Muchos que hoy dan discursos fueron funcionarios y nunca ayudaron en nada a los cartoneros". Aunque a veces se dieron entre los mismos oradores, como una señora de Lanús que acusó a algunos de quienes la precedieron en la palabra de ser "quienes les compran el cartón a los cartoneros" o ataques contra los defensores de Basura Cero: "Antes que pedir contenedores con perfume francés votemos una ley de exclusión cero".

En general hubo un fuerte reclamo porque se les otorgue a los cartoneros la concesión de la gestión de residuos reciclables, argumentando desde su experiencia en el tema por encima de las empresas. De la misma forma, hubo muchas voces que reclamaron un reconocimiento al trabajo realizado por las cooperativas, la obtención de obras sociales, financiamiento y presupuesto para realizar su trabajo. Asimismo se pidió que se reabra el empadronamiento "para que se incluya a todos los recuperadores que quedaron afuera".

Finalizadas las exposiciones de los oradores, los grupos de cartoneros que habían ingresado al Salón Dorado se retiraron en masa, dejando así a la Audiencia sin la mitad de su asistencia. Este fue el momento que aprovechó NOTICIAS URBANAS para dialogar con Julián D'Angelo, el único legislador que, además de Ritondo, estuvo presente desde la mañana.

"Más allá de las diferencias de las posiciones presentadas, todos están criticando a la propuesta oficial", destacó el diputado socialista. Ante la pregunta de NU, afirmó que el ideal sería conformar un pliego que logre conciliar las propuestas de las cooperativas cartoneras, que citan la ley 992, y de las ONGs que abogan por el cumplimiento de la ley Basura Cero.

Interrogado sobre las diferencias que se vislumbraron en algunas exposiciones entre ambas posturas aseguró que "claramente, por como se llevó a cabo la Audiencia Pública, hay una maniobra de Macri de diferenciar a ONGs como Greenpeace y cartoneros". "Hoy el macrismo deja a los cartoneros con la falsa ilusión de que van a estar incluidos", concluyó el entrevistado.

Posteriormente tocó el turno de expresarse a Miguel von Rozenberg, uno de los directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos porteño y partícipe en la elaboración del proyecto oficial. "Uno de los pilares del pliego son los controles y las precisiones de la calidad del servicio pretendido. Esto nos permitirá reforzar los controles sobre las empresas".

"El Ente como organismo del Estado, junto la autoridad de aplicación y los vecinos son el trípode en que se sustentan los controles", mencionó al final.

Por otra parte, el ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Aníbal Ibarra, Miguel Ángel Pesce, presentó otras bases de crítica para el pliego oficial. Los puntos que cuestionó se relacionaron con: los requisitos para constituirse en oferentes para la presente licitación, la fiscalización del servicio, la recolección diferenciada, la colocación de contenedores, entre otros.