Sigue el enfrentamiento por la competencia judicial

La olla está destapada y será difícil volverla a sellar. El intercambio de argumentos entre representantes de la Justicia de la Ciudad y de la Capital no ha cesado desde que la jueza nacional en lo civil Marta Giménez Alsina declarara la incompetencia de otra magistrada, la porteña Gabriela Seijas (jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario), para declarar la inconstitucionalidad de un artículo de una ley de fondo como es el Código Civil, en el conocido caso por el matrimonio gay que fue habilitado y luego impedido.

En declaraciones a Noticias Urbanas, Vicente Cataldo, secretario General del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad, había atacado la posición del titular del Colegio Público de Abogados de la Capital, Jorge Rizzo, y cuestionado el que ?se ponga en duda la competencia de la Justicia de la Ciudad para entender en cuestiones de fondo? (Ver Ciudad vs Capital, una pelea matrimonial).

En un nuevo diálogo con UN, la vice de Rizzo, Laura Calógero, respondió a estas argumentaciones. En primer lugar aseguró que Cataldo ?sacó de contexto todo lo que dijo el presidente del Colegio? y que su análisis del problema ?es un error de derecho?. ?Un juez de la Ciudad no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de una norma de fondo?, estableció luego la abogada.

Calógero aclaró que si bien ?nadie discute la aplicación a nivel local de la norma de fondo?, los tribunales de la Ciudad no tienen autoridad para rechazar una norma que se aprobó a nivel nacional. Además consideró que, en el caso particular de Seijas, el regular sobre normas de fondo escapa a su competencia. ?La doctora Seijas violentó la Constitución y excedió su competencia?, manifestó.

En relación a otras declaraciones de Cataldo, la abogada alegó que es un error común calificar a la Ciudad de autónoma cuando lo que posee es ?un Gobierno autónomo, no un Estado autónomo?. ?La Ciudad no es autónoma, no tiene facultades constituyentes y ni siquiera una Constitución. Lo que se llama generalmente Constitución de la Ciudad es un Estatuto Organizativo?.

También hizo referencia a las expresiones de la representante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid, quien también se manifestó en contra de lo dispuesto por Giménez Alsina. Alegó que Rachid ?tiene una acción en la Corte Suprema?, porque ella sí siguió el camino correcto que era llevar la causa a un juez federal o nacional.

Sobre este punto argumentó que el Procurador General de la Nación incluso recomendó no decretar la inconstitucionalidad y que sea el Congreso el que decida sobre la norma. No sólo eso, sino que alegó que la Corte Suprema podría autorizar el casamiento de Rachid aún sin decretar la inconstitucionalidad, ?pero la decisión sólo serviría para ese caso?.

Para cerrar manifestó que, dado el caso, ?si alguien pudiese decretar la inconstitucionalidad sería un juez federal o nacional?, pero que aún así la discusión debería darse en el Congreso para cambiar la norma de fondo. ?La norma no es inconstitucional, a lo sumo no se condice con lo que sucede en la realidad, pero en ese caso lo que hay que cambiar es el Código Civil?, finalizó.