Operativo en cementerio de autos

El juez porteño Andrés Gallardo se encuentra en el cementerio de autos de la villa 20 de Lugano, para erradicar los vehículos que conforman el llamado cementerio de autos. Para llevar adelante su sentencia, que cuenta con respaldo del asesor Tutelar de Menores, Gustavo Moreno, y la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini, el magistrado citó ?en forma personal e indelegable? al ministro de Justicia y Seguridad local, Guillermo Montenegro (funcionario que también coincide con la necesidad de desactivar el depósito de autos a cielo abierto y pegado a un asentamiento). El funcionario porteño se encuentra en el lugar.

?Deberá arbitrar los medios para proceder, bajo directiva del tribunal, a la identificación, inventario, registro fotográfico, remoción, compactación y destinación final de la totalidad de los automóviles?, figura en la sentencia con fecha del jueves 13 a la que accedió NOTICIAS URBANAS.

Como el cementerio de autos es gestionado por la Policía Federal, aunque los terrenos son de la Ciudad, el juez determinó convocar para este martes, a partir de las 10.30, a la Prefectura Naval con el fin de ?custodiar el procedimiento y la implementación de un dispositivo para evitar la intrusión del predio?.

Hace tres meses Gallardo ordenó, por pedido de Gustavo Moreno y Alicia Pierini, al Jefe de Gobierno "que ejerza el poder de policía y clausure de manera inmediata el depósito de autos de la Policía Federal Argentina", ubicado en la fracción de terreno que linda con la avenida Francisco Fernández de la Cruz, avenida Escalada entre las vías del Ferrocarril General Belgrano.

La sentencia no se cumplió y por ello la medida de este martes que ahora cuenta con total apoyo del gobierno capitalino, a raíz de diversas audiencias y tras haber desistido de una apelación por el monto del pago de un estudio ambiental. Quien sigue en oposición al fallo es el Gobierno Nacional.

En la última emisión del programa Caiga Quien Caiga el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, echó culpas ?a los jueces penales, porque esos autos vienen judicializados?.

Desde hace un tiempo existe la llamada ley de compactación (26.348), que cuenta con decreto reglamentario (993), en el que fija un programa de erradicación de los miles de automóviles arrogados por distintos predios (hasta en la Reserva Ecológica) y además pone a disposición del ministerio de Justicia Nacional aquellos vehículos que los jueces no hayan pedido su resguardo.

Como si eso no alcanzara la Corte Suprema Nacional sacó una acordada (2/09 del 11 febrero) en el que informa a los jueces federales y penales ?que pongan a disposición del Ministerio de Justicia los vehículos?.

En su momento el Gobierno porteño también se opuso. A través de su procurador Pablo Tonelli se negó a pagar el estudio de contaminación sobre el suelo ordenado al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Por lo que contó una fuente judicial, ?el INTI pidió para el estudio 100 mil pesos, pero Tonelli se negó a pagarlo; enterado el ministro Montenegro de la apelación por solo cien mil pesos, a los días se desistió de la apelación?.

El asesor de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, quien también estará en el procedimiento contó a este medio que ?se hizo un estudio en el 2007 que reflejó sobre 59 chicos, que 21 mostraban valores por encima de plomo en sangre. Esto significa más del 30 por ciento?.

Diosnel Pérez, referente del asentamiento pegado al cementerio de autos, afirmó que se movilizará junto a los vecinos en respaldo de la justicia y agregó que "no se van a ocupar las tierras en tanto el Estado se ponga a limpiar los terrenos y construya viviendas. De no ser así la gente misma va a salir a ocupar por necesidad".

El presidente de la Junta Vecinal de la Villa 20, Marcelo Chancalay, desde hace varios días que fue notificado sobre la medida judicial pero hasta el momento no respondió. Al parecer estaría con problemas de salud.

Los terrenos que se intentarán desalojar fueron adjudicados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo con el fin de construir viviendas. En abril del año pasado prometieron una obra que alcanzaría las 1600 viviendas. Hasta el momento fueron discursos.