Caso $LIBRA: informe policial complica a Milei
Un peritaje técnico realizado por especialistas en cibercrimen de la Policía Federal ha puesto en duda la explicación oficial brindada por el presidente Javier Milei sobre su participación en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. El informe, incorporado recientemente al expediente judicial, confirma que el activo digital no se encontraba enlistado en ninguna plataforma pública de compra al momento de ser difundido por el mandatario. Según el documento, el control total de los mil millones de unidades creadas estaba bajo el dominio absoluto de una única cuenta vinculada al equipo de Hayden Davis, lo que debilita la tesis de que se trataba de un activo de acceso público y transparente.
La controversia se originó cuando Milei publicó en sus redes sociales el contrato alfanumérico de 44 caracteres necesario para adquirir la moneda, apenas 23 minutos después de su creación el 14 de febrero de 2025. Tras el colapso del activo y las denuncias por presunta estafa, el Jefe de Estado aseguró en una entrevista que había promovido una moneda "pública". Sin embargo, el análisis policial destaca que, ante la falta de cotización en mercados centralizados, los usuarios dependían exclusivamente de la información suministrada por los responsables del proyecto o de transferencias directas desde la billetera fundacional para acceder al token.
El informe de la fuerza de seguridad coincide con el testimonio del experto en criptoactivos Fernando Molina, quien ante la Cámara de Diputados señaló que el código publicado por Milei a las 19:01 no estaba disponible en ningún sitio de internet previo a esa hora. De hecho, la primera plataforma local en habilitar la compra de $LIBRA fue Ripio, pero lo hizo recién a las 21:40 de esa misma jornada. Esta brecha temporal sugiere que el Presidente habría tenido acceso a información privilegiada o confidencial proporcionada por los desarrolladores antes de que el activo fuera accesible para el público general.
$LIBRA: LA POLICIA FEDERAL CONFIRMÓ COMO SE INICIO LA ESTAFA LIBRA. NADA NUEVO BAJO EL SOL
— maxi ferraro (@maxiferraro) June 10, 2026
El informe de la Policía Federal a la Fiscalía de Taiano, más de un año después de los hechos, confirma, como cada informe técnico que llega a la causa, todo lo que investigamos desde la… pic.twitter.com/tlaWH4KObr
La investigación judicial también ha sumado pruebas provenientes del peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli, señalado como el lobista encargado de acercar la propuesta a la Casa Rosada. Los registros telefónicos indican que Milei mantuvo comunicaciones con Novelli en los minutos previos y posteriores a la publicación del tuit promocional. En ese momento, Novelli se encontraba en Texas junto a Hayden Davis, y declaró posteriormente que el Presidente "estaba al teléfono" y era plenamente consciente de sus acciones, contradiciendo la imagen de un simple "operador de la volatilidad" que el mandatario intentó proyectar sobre los damnificados.
Otro elemento de peso en la causa es el hallazgo de una imagen en el dispositivo de Novelli que menciona un presunto acuerdo por 5.000.000 de dólares para condicionar la actividad del Presidente en las redes sociales en favor del proyecto $LIBRA. Aunque el texto se encontraba parcialmente borroso, los investigadores consideran que es un indicio clave para determinar si existió una retribución económica por la difusión del activo. Esta información pone bajo máxima tensión la defensa oficial, que ha intentado desvincular al mandatario de cualquier responsabilidad directa en las pérdidas sufridas por los inversores.
El avance de las pericias técnicas está configurando un escenario judicial complejo para el entorno presidencial, al demostrar que la maniobra de difusión de $LIBRA no fue un acto espontáneo sobre un activo de mercado abierto. Mientras la Justicia intenta rastrear la ruta del dinero y las posibles conexiones internacionales, el informe de la Policía Federal se consolida como una pieza fundamental para desarmar la narrativa de transparencia esgrimida por el Ejecutivo. La causa continúa su curso bajo la supervisión de organismos especializados, enfocándose ahora en la veracidad de los supuestos acuerdos financieros que habrían motivado el respaldo público al token sospechado.
