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El arquitecto y defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Atilio Alimena, señaló que la excavación que generó el derrumbe de un edificio en el barrio de Villa Urquiza no cumplió con los requisitos técnicos necesarios para proteger a la propiedad lindera. “A partir que el profesional de la construcción se registra, firma haciéndose responsable por la obra”, remarcó.
Este martes a las 19, los vecinos del barrio de Villa Urquiza se reunirán en la intersección de las calles Olazabal y Triunvirato para manifestarse en contra de la construcción desmedida y la falta de controles. “El Gobierno hace la vista gorda”, sostuvo Basilio Soutis, de la Asociación Vecinal de Villa Urquiza.
El titular del bloque Encuentro Popular por la Victoria en la Legislatura porteña relacionó las causas del derrumbe del edificio en Villa Urquiza con las falencias en los controles que derivaron en el incendio que se cobró 194 vidas en Once. Para el diputado correspondía clausurar la obra.
El jefe de la bancada peronista, apuntó este mensaje al líder del Movimiento Proyecto Sur, Pino Solanas, a través de su cuenta de Twitter. “Hacé que vos y tus diputados se llamen a un respetuoso silencio”, le indicó al cineasta. Ritondo lo bancó.
El ingeniero Guillermo Heyaca Varela rechazó tener responsabilidad por el derrumbe del edificio ubicado en Mendoza 5030 del barrio de Villa Urquiza y afirmó que hizo “las cosas con el mayor cuidado posible y cumpliendo todo lo previsto en los planes de trabajo”. “Voy a dar la cara”, dijo.
De acuerdo al máximo tribunal del país, hay retrasos injustificados en lo ordenado por el fallo que emitió en 2008, por el cual se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El juez federal de Quilmes Luis Armella estará a cargo de la adopción de medidas para “su inmediato cumplimiento”.
De esta manera se expresó el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, en referencia al derrumbe producido en el barrio de Villa Urquiza que ya arrojó una víctima fatal y dos personas desaparecidas. “Puede haber culpa del arquitecto pero el Estado tiene que vigilar”, dijo.
Cesantearon y retiraron la custodia a Nancy Miño, la policía que denunció penalmente a la cúpula de la Superintendencia de Investigaciones y la División de Trata por complicidad con proxenetas. Organizaciones civiles marcharán este miércoles en su respaldo.
El legislador porteño Álvaro González criticó a aquellos referentes de la oposición que “quieren echarle la culpa al Gobierno” por el derrumbe de un edificio en el barrio de Villa Urquiza. “La obra es legal pero hay mala praxis de los que la están efectuando. Este empresario es un delincuente”, remarcó.
María José Lubertino simuló una sesión especial en donde se debatieron temas propios de la edad. Acompañó la propuesta la diputada Diana Maffía y director general de la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud, Ezequiel Fernández Langhan.
La orden fue clara: apoyar a Mauricio Macri en la comisión investigadora que se aprobará el próximo jueves. “El enemigo es Kirchner”, habría dicho Elisa Carrió. Pero varios legisladores manifestaron su rechazo y la líder política de la Coalición Cívica se rectificó.
La causa que involucra el millonario contrato de licitación está en manos del juez federal Norberto Oyarbide, que analiza puntos en común con la causa escuchas. Mientras tanto, en el Parlamento, los pormenores de la polémica licitación vuelven a cobrar protagonismo. El legislador Julio Raffo, de Proyecto Sur, presentó un proyecto para que se cree una comisión que investigue todo lo sucedido.
