Causa ANDIS: Nadia Beller declaró y ofreció su celular como prueba
La abogada boliviana Nadia Beller Delgadillo, expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, declaró este miércoles como testigo en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La mujer fue baleada por sicarios en Santa Cruz de la Sierra y brindó su testimonio de manera virtual desde la sede de la Procuración General de la Nación, con colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.
La declaración fue tomada por el fiscal federal Franco Picardi y se extendió durante aproximadamente una hora. Beller aportó información desde Bolivia por motivos de salud y seguridad, mientras que la audiencia se desarrolló bajo estricta reserva. Según fuentes judiciales, la abogada habría respondido preguntas y entregado nuevos datos que podrían resultar relevantes para el expediente.
Al salir de la fiscalía boliviana, escoltada por agentes policiales y con un chaleco antibalas, Beller se refirió a las grabaciones que aseguró tener almacenadas en su teléfono. “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, afirmó ante la prensa.
La testigo agregó: “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa”. La convocatoria surgió luego de sus declaraciones públicas, en las que sostuvo que contaba con evidencias sobre presuntos hechos de corrupción y grabaciones de Cerimedo relacionadas con el Gobierno.
La declaración se produjo luego de que la Cámara Federal porteña confirmara los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 exfuncionarios, intermediarios y empresarios. La investigación analiza un supuesto esquema de direccionamiento de contratos, sobreprecios y pago de coimas en compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, destinados a personas con enfermedades graves o discapacidad. La Justicia identificó hasta el momento a 49 personas y más de 25 sociedades comerciales presuntamente vinculadas con la maniobra.