Íbero Spinazzola: "Se hiló por lo más fino"
El procesamiento del legislador macrista Patricio Di Stéfano reflotó la polémica en torno al proceso de licitación de Mobiliario Urbano de la Ciudad. Sobre todo porque además de la situación del legislador, se sobreseyó a varios funcionarios del GCBA, como el jefe de Gobierno, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ex ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo; y los otros integrantes de la cuestionada Comisión Evaluadora, Tomás Palastanga y Horacio Tonelli.
Es por ello que desde la empresa Spinazzola, la que en 2008 inició una serie de demandas denunciando irregularidades en el proceso de selección, apelaron el fallo del juez Facundo Cubas, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 49. Así lo reconoció a NOTICIAS URBANAS su presidente, Íbero Spinazzola.
"Nos parece incoherente el fallo. Hubo tantas irregularidades que denunciamos que se hiló por lo más fino, que es el procesamiento de Di Stéfano. Se hizo vista gorda a los responsables por permitir la falsificación de documentos, como mínimo", aseguró, y agregó que pedirán la nulidad de todo el proceso licitatorio. "Con el procesamiento ya nos dan razón en que la comisión actuó de manera irregular, y además, el pliego indicaba que si se comprobaba la falsificación se anula todo. Ya demostramos que Publicidad Sarmiento adulteró sus papeles, y como se decidió las puntaciones de las empresas seleccionadas en base a la que ganó el proceso, Sarmiento (de los hermanos Terranova) todo se tiene que hacer de nuevo", apuntó Spinazzola.
Luego de la apelación, en el marco de la causa habría una nueva audiencia a medidaos de marzo. Sobre lo actuado por el Gobierno porteño, el empresario, que antes del 2008 explotaba la publicidad en los refugios de las paradas de los colectivos de la Ciudad, sostuvo: "El Gobierno no se ajusta a derecho. Hay una órden de la Sala 6 de interrumpir la comercialización de los 'chupetes' (pantallas iluminadas de sencillo emplazamiento) y no lo hace; es más, le dan la explotación a Sarmiento, contra quienes también pesa una orden judicial que los impide participar del contrato".
