Denuncian la falta de un plan de atención a los adictos
El Bajo Flores, más cercano a la General Paz que a la Jefatura de Gobierno, es la meca del tráfico de drogas y quienes viven allí y consumen la variedad de "gilada" (o sea droga), desde cocaína o pasta base, cuando se desbandan mental y corporalmente, son atendidos en las atiborradas salas de emergencia de los dos hospitales de agudos más cercanos: el Piñero y Santojani, o por sus servicios de ambulancia.
En el Bajo Flores los vecinos aseguran -a modo de broma- sobre el Piñero, que está pegado al cementerio, "porque justamente nunca salva a nadie", y ese dato subjetivo lo desconoce el asesor tutelar de Menores e Incapaces capitalino, Gustavo Moreno, que reveló "la omisión en asistir adecuadamente a aquellas personas menores de edad con adicción a las drogas, especialmente con relación al consumo de pasta base de cocaína (paco), que requieren internación voluntaria o coactiva. La Ciudad no cuenta con dispositivos de internación para personas menores de edad que sean adictas a las drogas, en especial debajo de los 18 años y para ambos sexos".
Moreno, que recibió a NOTICIAS URBANAS en su oficina del cuarto piso de la sede de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario (en avenida de Mayo 761), elaboró un recurso de amparo contra el Ejecutivo de la Ciudad, que comanda Jorge Telerman, para que se "dé atención ambulatoria en las villas mismas, y que cuando no quede más remedio se los interne. La Dirección General de Niñez tiene sólo un sitio para la internación que es en una localidad de provincia de Buenos Aires".
"Tengo que salir en Mirtha Legrand para que el jefe de Gobierno me escuche", esgrimió Moreno cuando explicó la génesis del amparo ante este medio. La cita a la eterna conductora de los almuerzos viene a colación porque en el programa de TV, una madre invitada relató el drama que vivía con su hijo adicto. Luego, el jefe de Gobierno otorgó asistencia a la madre. "Existe una resolución del año 1997 para que se aplique una adecuada asistencia a los adictos pero ello aún no se aplicó. El vecino de clase media se alegra de la actitud del jefe de Gobierno pero esto es un problema más general, no un caso".
La visita de varios padres con sus vástagos adictos reclamando un lugar de internación, la carta firmada por curas villeros de la Arquidiócesis de Buenos Aires, decidieron al funcionario a involucrarse con el tema.
Los curas villeros en su carta presentada en el mes de noviembre -que es incorporada en el recurso de amparo- asevera que para los chicos adictos "sinceramente, no hay nada; sólo alternativas imposibles para sus posibilidades. El Estado no logra responder a esta población. La ayuda que brindan sólo sirve para algunos que tienen más recursos humanos no para los que están en el fondo del pozo, los más dañados. Son muchos los que quieren internarse, pero están al margen de los programas vigentes".
Los sacerdotes de los asentamientos, entre ellos Adolfo de la capilla "María del Pueblo" en la villa 1-11-14, encerrados en la problemática tomaron coraje y afirmaron que "la gran abundancia de droga, desde hace ya mucho tiempo, la cantidad de los que venden, la pobreza y la miseria, la falta de educación, las situaciones familiares quebradas o ausentes, hace que la situación de los niños, niñas y jóvenes de nuestras villas sea muy distinta a los de otros lugares. Es en las villas donde estos pequeños adictos reciben una mayor violencia".
Voceros de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales reconocieron la gravedad de la situación, pero aseguraron que el nuevo presupuesto contempla la implementación de un plan contra las adicciones y la puesta en funcionamiento de un hospital para adictos. También señalaron que "Moreno estaba al tanto de esto".
QUÉ DICE EL AMPARO
En el recurso de amparo figura la información pertinente y de manera detallada de la situación actual.
Se informa que:
"La Dirección General de Salud Mental, a cargo de Carlos de Lajonquiere, del Ministerio de Salud solamente tiene cuatro centros de atención ambulatoria para atender la problemática de la drogadependencia, no cuenta con dispositivos destinados a internación; manifestando que realizaría derivaciones de internación a la autoridad administrativa nacional (CE.NA.RE.SO.), que por su parte solamente atiende con internación a la franja etárea mayor a 18 años, y en caso de crisis a adolescentes varones mayores de 14 años.
La Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cuya máxima responsable es Marisa Graham, no cuenta con programas destinados a la prevención y tratamiento, manifestando que ello corresponde al Ministerio de Salud. Mantiene convenio con una sola comunidad terapéutica ("Por Decir") que solamente atiende varones, sin informarse qué franja de edad asiste. Se encuentra pendiente la transferencia de dispositivos terapéuticos desde la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia)".
Por otra parte, el funcionario judicial puntualizó la "falta de respuesta adecuada que brinda la Dirección General de Niñez y Adolescencia en tres casos de adolescentes".