Publicado: 26/09/2007 UTC General Por: Redacción NU

Alarmante informe sobre desalojos

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad remitió a todos los legisladores un severo informe sobre el incremento de los desalojos judiciales de los inmuebles ocupados. En los próximos meses más de 2 mil familias quedarían en la calle sin asistencia estatal. El macrismo se niega a seguir otorgando subsidios y las organizaciones sociales preparan la resistencia.
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El colapso habitacional en la Ciudad es un hecho para la especialista en el tema de vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Silvina Penella, quien elaboró un informe en el que se especifica la situación del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle.

"Si se tiene en cuenta el detalle de desalojos fehacientemente notificados al Programa de Atención a Familias en Situación de Calle que, al 31 de agosto de 2007, ascendía a 2.339 grupos familiares, se advierte que la situación de colapso es total y que dichas familias quedarán sin ningun tipo de tutela estatal, toda vez que los recursos del programa ya se encuentran agotados y no se han girado nuevas partidas que aseguren esta mínima asistencia", expresó la especialista en el tema que tiene sus oficinas en la sede principal de la Defensoría, ubicada en Venezuela 842.

La crisis habitacional que presenta la Ciudad desde el 2004 tiene por la ley 1408 de "Emergencia Habitacional". Por la norma se constituyó un fondo de emergencia habitacional para asignar a los programas existentes o creados por ley específica que tengan por objeto las soluciones habitacionales transitorias o definitivas.

Actualmente se están discutiendo en la Legislatura extender la emergencia declarada en el ámbito citadino. Por su lado el jefe del Bloque Frente para la Victoria, Diego Kravetz, y la legisladora que fuera titular de la Comisión de Vivienda, Sandra Bergenfeld, motorizan la extensión de la asistencia a las familias, que significa para las familias desalojadas 2700 pesos en seis cuotas mensuales y una suma adicional de 1800 pesos. Por su parte la principal fuerza legislativa, Propuesta Republicana (PRO), se niega rotundamente a continuar con la asistencia.

En el año 2005 se otorgaron 3974 subsidios a familias en situación de calle en el marco del decreto 895/02. En el ejercicio 2006, la cantidad de beneficiarios se amplió a 4.146 y al 31 de agosto de este año los beneficiarios asciendía a 5386.

El presupuesto de este año fue de 12 millones de pesos. Al mes de agosto el Ministerio de Derechos Humanos y Sociales ejecutó el 92.38 por ciento del presupuesto total, o sea 11.085.389 pesos, por lo que el presupuesto disponible para asistir a los grupos familiares que quedarán en situación de desalojo en los próximos meses asciende a pesos: 914.600 (un 7.62 por ciento), "con lo que obviamente no se cubre siquiera la asistencia a las familias que ya están en situación de desalojo y mucho menos a aquellos grupos que quedarán en emergencia en los próximos meses", expresó Penella en un informe al que accedió de manera exclusiva NOTICIAS URBANAS.

Por su parte las organizaciones sociales que trabajan en la temática discuten como abordar la situación. La Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA) convoca a un encuentro este domingo. "Se realizará el primer encuentro por una vivienda digna de la ciudad de Buenos Aires. Vivimos hacinados en piecitas de 2x2, pagando alquileres carísimos, sin que se nos respete el más mínimo derecho, con la amenaza de ir a la calle compulsivamente en cualquier momento. Así estamos y no queremos seguir así", expresaron los integrantes de CIBA que se reunirán de 14 a 19 en el Parque Los Andes, ubicado en Corrientes y Jorge Newvery.

Desde la Asamblea Permanente "Nuevo Barrio Huracán" denuncian que las tierras cercanas a la Estación Buenos Aires de la línea Belgrano Sur, de donde se desalojo por la fuerza hace 2 meses más de 300 familias, se construirá un centro internacional de exposiciones de la Unión Industrial Argentina (UIA).

"El pasado 6 de septiembre el presidente de la Nación formalizó la cesión del predio por parte de las autoridades nacionales encabezadas por el Organismo Nacional de Administraciones de Bienes del Estado (ONABE) dependiente del ministro Julio De Vido. Profunda indignación nos causa enterarnos que en esas tierras para familias carenciadas y vulneradas en los más elementales derechos, ahora será la sede de un lujoso centro de exposiciones. Exigimos a los órganos ejecutores de las políticas de vivienda del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad una solución de nuestra problemática de carácter histórico", expresaron los profesionales que militan en Barracas.

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