Borrelli quiere prohibir a los cuidacoches
La larga discusión por la situación legal de los cuidacoches porteños volvió al foco de atención a raíz de una serie de casos que pusieron en evidencia la falta de control y regulación que hoy existe sobre dicha actividad. Desde la Legislatura porteña, sin embargo, el legislador del bloque PRO Martín Borrelli propuso una solución mucho más radical: la prohibición completa de la actividad si se ejerce sin la autorización del Gobierno.
El proyecto de Borrelli posee solamente cuatro artículos, dos de ellos dedicados a definir a la figura del "cuidacoches" (o "trapito"), como aquel que ofrece voluntariamente y sin guardar relación alguna con el Gobierno local el servicio de "estacionamiento y/o indicaciones para el mismo y/o cuidado para un vehículo que se estacione o se halle estacionado en la vía publica, ya sea ésta en forma gratuita, onerosa o cambio de una retribución voluntaria (...),a excepción de aquellas autorizadas por la autoridad de aplicación". Esta salvedad permite que sí quede permitido el servicio de valet-parking que ofrecen algunos comercios.
Lo que el diputado propone es que se modifique el Código Contravencional de la Ciudad (Ley 1.472), que en su artículo 79 establece que un cuidacoches incurre en la falta solamente si exige retribución por el estacionamiento o el cuidado del vehículo al particular, para que incluya a los que directamente ofrece el servicio sin contar con autorización oficial.
El argumento del legislador es que la normativa actual deriva en que la mayoría de las causas terminan archivadas. La razón para esto es que muchas de éstas las inician policías y fiscales y no particulares denunciantes, por lo cual se dificulta comprobar si en el acto de entrega del dinero realmente hubo coerción. En el texto, Borrelli reconoce "el engorroso trámite que se debe llevar adelante para radicar la denuncia en sede policial o ante la Justicia misma" como una causa motivante para modificar el artículo.
Borrelli vincula el carácter del artículo original con "la intención manifiesta de brindar algún tipo de amparo socio-laboral a las personas que, empujadas por la crisis del 2001-02, se volcaron a las calles a realizar actividades informales". Sin embargo considera que "dicha previsión se ha visto desnaturalizada y desbordada por una práctica abusiva y violenta, que amenaza con instalarse en nuestras calles, de no hacerse nada al respecto".
La sanción propuesta en el proyecto para quienes ofrezcan estacionar o cuidar coches sin permiso es la que actualmente corresponde a los casos donde se exige la retribución, es decir de uno o dos días de trabajo de utilidad pública o una multa de 200 a 400 pesos, y el doble si se comprueba que hubo organización previa al acto. Para los casos donde se exija retribución, en cambio, se propone como sanción de cinco a treinta días de arresto.
