La Justicia va por más

La entrada en vigencia a mediados de este año del 2º Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad puso de manifiesto la necesidad de incrementar las estructuras de la Justicia local (la cual se resolvería con la modificación de la Ley 7) y reclamar nuevas competencias para satisfacer la demanda del habitante porteño de un sistema ágil que de respuesta a los conflictos. Con el objetivo de analizar qué nuevas competencias deberían ser transferidas con mayor urgencia, el pasado martes se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, el "5º Encuentro por la Justicia en la Ciudad". Las tres cuartas partes del evento estuvieron centradas en la transferencias de competencias, pero en el cierre, a cargo del integrante del Tribunal Superior de Justicia, Luis Lozano, y del presidente del máximo tribunal porteño, José Casás, la autonomía plena se abordó desde el reclamo de "autonomía financiera e igualdad fiscal".

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Mauricio Devoto; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y el presidente de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial del Consejo, Julio De Giovanni.

Haciendo hincapié en un plan de acción a largo plazo, Devoto resaltó que la Justicia local debe trabajar en el "fortalecimiento institucional, la optimización en administración de recursos y la planificación", para "preparar lograr la Justicia que queremos y poder asumir plenamente todas las competencias que la Constitución nos da". "Estamos maduros para recibir nuevas competencias", subrayó.

"Debemos reafirmar la autonomía de la Ciudad desde la actividad jurisdiccional, que es una de las actividades más importantes de un Estado. Un bendito día todas las competencias locales deben ser administradas por la Ciudad. La autonomía es algo que se ejerce, no sólo se menciona; hay que empezar a ejercitarla", expresó Montenegro. Y, reclamando para el Consejo de la Magistratura local la capacidad de seleccionar a los jueces de la Justicia Ordinaria, remarcó: "Es una locura que un Senador de Santa Cruz, juzgue, nombre o remueva a un juez que resuelve conflictos propios de la Ciudad".

Destacando que los encuentros han servido "como disparadores de políticas activas", De Giovanni solicitó la creación de "un espacio de diálogo con el Ejecutivo Nacional para iniciar la discusión sobre transferencias de nuevas competencias".

"Delitos cometidos por funcionarios públicos, picadas, delitos concomitantes con los transferidos en el 2º Convenio, deberían ser considerados para futuros traspasos. También hay que sancionar un Código de Familia moderno para atraer a los jueces. Haber logrado la igualdad en el régimen jubilatorio entre magistrados nacionales y de la Ciudad también ayudará al traspaso. Hay que ir por más", dijo el Consejero.

La evaluación de los convenios vigentes y la necesidad de su ampliación fue la temática abordada por el primer panel, integrado por el consejero por el estamento de los jueces, Gabriel Vega; el fiscal Luis Duacastella, el defensor Sergio Pistone, la defensora oficial de la Nación, Patricia Tarraubella; y el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Daniel Presti.

Tras homenajear por su compromiso autonómico al juez nacional Luis Schelgel, Vega subrayó que el eje del debate debería ser "por qué todavía subsiste la Justicia Ordinaria". "Tenemos herramientas e institutos procesales para asumir esas competencias. Nos pasaron lesiones en riñas y no lesiones leves; tenemos amenazas pero no amenazas agravadas. Tránsito es competencia local y no es lógico que no sea la justicia porteña quien entienda en esa materia. Es evidente por un carácter práctico que el 2º Convenio se amplíe. Hay delitos que se han olvidado traspasar y debemos avanzar para incluirlos", dijo el Juez Penal, Contravencional y de Faltas.

"Necesitamos también la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad que apunte a la reinserción y no al hacinamiento. Fortalecer los tres poderes del Estado es el camino a la autonomía", destacó Sergio Pistone.

Expresando el punto de vista de la Justicia nacional, la defensora Patricia Tarraubella, resaltó positivamente la "ley procesal que tiene la Ciudad" y sin manifestar el interés de adoptarla como propia señaló: "Es un código al que la Nación también quiere llegar". El traspaso de fueros no fue considerado por la magistrada, quien se limitó a manifestar que "hurtos, robos y delitos correcionales para los que la Ciudad tiene recursos para resolverlos" podrían ser transferidos para evitar "conflictos de competencias ante la Corte" y permitir que la justicia de Nación "se ocupe de los delitos serios y graves".

"No se deben transferir delitos a la Ciudad para que la Nación trabaje mejor sobre delitos calificados como serios. No estoy de acuerdo con esa denominación, todos los delitos son importantes", dijo el Subsecretario de Justicia, subrayando que sólo en ese punto disentía con las exposiciones brindadas hasta ese momento. "No hacer lo que la Constitución establece es una omisión inconstitucional. En el Poder Ejecutivo estamos trabajando para la transferencia de delitos correccionales, también sobre los delitos sexuales ya que quien presta todos los servicios a la víctima es la Ciudad. Justicia vecinal es otro de los temas en los que estamos enfocados", describió Presti.

Tras un breve receso, el segundo panel comenzó a exponer sobre las nuevas competencias. La primera en abordar el tema fue la camarista y presidenta de MAFUCABA, Silvina Manes.

"Los magistrados de la Nación tienen la posibilidad de optar para venir al Poder Judicial de la Ciudad. Hemos ignorado o desconocido a drede una norma que puede ser muy importante para transferir a los actores que tienen vocación y apuestan a una autonomía plena jurisdiccional, y que habla expresamente de la competencia correccional", dijo Manes en referencia a la Ley 25.752. "A pesar de la oposición de la Asociación de Magistrados de la Nación, muchos de sus asociados reconocen la plena autonomía. Por primera vez, MAFUCABA cuenta con una socia adherente de la Nación. Se habla de falta de voluntad política, pero ello puede ser suplido con un relevamiento de voluntades de los actores de la Justicia nacional para dar aplicación al artículo 5º del Primer Convenio de Transferencias de Competencias Penales", concluyó.

"Yo tengo mis dudas constitucionales sobre la Ciudad de Buenos Aires, pero en cuanto a las transferencias siempre estuve de acuerdo porque los jueces nacionales con competencia local son pagados por la Nación y esto constituye una situación injustificada", manifestó el ex consejero de la Magistratura de la Nación, Joaquín Da Rocha, planteando un punto de vista novedoso en el Encuentro. También criticó a la Legislatura por la creación de estructuras que "dependen de la firma de convenios para su entrada en vigencia", como es el caso de la Inspección General de Justicia; cuestionó al Poder Judicial porteño por "sostener que tiene competencia en todos los delitos nuevos"; y resaltó que "el buen camino es la transferencia gradual por Fueros para evitar que se tripliquen conflictos de competencias".

"Mi deseo es alguna vez la Justicia de la Ciudad", aseguró la camarista Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori. Tras resaltar que cuando se definieron los primeros convenios se planteaba que todo lo que ocurría en la calle debería ser de la Ciudad pero que al estar las "lesiones culposas y los homicidios culposos vinculados a las malas práxis médicas" se dio marcha atrás "porque dichas causas son de los grandes estudios", la magistrada subrayó que "todo proceso de soberanía es un proceso político y que el derecho no va a poder dar una solución sino sólo acompañar, ya que el Poder Judicial es el menos político de los tres poderes del Estado".

Representando al más político de los poderes, el legislador porteño Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) destacó que "la política se tuvo que ir adecuando a las situaciones", y criticó a aquellos que centran la defensa de la autonomía en "la seguridad y la policía".

"En la agenda política de la Ciudad, la autonomía cae en un bolsillo roto cuando se la pone por razones electorales a la altura de la policía y la seguridad. Cuando se debate el presupuesto algunos dicen que la Justicia es un gasto, y esos mismos dicen que infraestructura, salud y educación son inversiones. Cada vez que avanzamos en la autonomía tenemos un freno en la discusión presupuestaria. La autonomía no sólo es de la Ciudad frente a la Nación, también es entre los tres poderes del Estado. La Justicia no es un gasto", destacó Rabinovich.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del miembro del Superior Tribunal porteño Luis Lozano, y de su presidente, José Casás, quienes tras las extensas exposiciones reclamando más competencias centraron sus discursos en más porcentaje en los fondos coparticipables.

"La autonomía está fundada en el reconocimiento de una igualdad política entre los ciudadanos porteños y de las provincias. Pero en la actualidad, se está rompiendo la ley de igualdad fiscal que establece que los tributos deben ser quitados por igual en la medida que son iguales nuestras posibilidades de tributar. En el ejido de Buenos Aires recibimos muy poco por lo que aportamos, pero nos pagan por servicios que otros no pagan. Cuentas serias para un país serio", subrayó Lozano.

Y Casás, siguiendo el eje argumental aseguró que "sin autonomía financiera no hay autonomía política".

"Federalismo, es federalismo fiscal o no es federalismo. Aquí hay un federalismo de gastos y unitarismo de caja. El dilema no es entre porteños y provincianos, el dilema real es el centralismo unitario. Hoy tenemos 1,4 por ciento de la masa coparticipable, mucho menos que en la década del 70. Estamos convencidos del principio de solidaridad federal. No queremos escatimar nada a las provincias, pero no necesitamos tutores. El poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente", finalizó