Zago: "El proceso continúa"
La candidatura de la fiscal de Cámara Daniela Ugolini para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad continúa sumando dificultades. Tras conocerse el dictado de una medida cautelar por parte del juez Roberto Andrés Gallardo, ordenando al presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, Oscar Zago, "suspender en forma inmediata el procedimiento" iniciado en el Parlamento, el responsable de cumplir con los procesos en la Legislatura informó a NOTICIAS URBANAS que "hasta tanto se resuelva, el proceso continúa".
"Cumpliendo con la cita dispuesta por Gallardo, el presidente de la Junta, Hugo López Tanco, concurrió a la audiencia", comentó Zago. Y aclaró: "El único que tiene guarda de todos los documentos que compete a la Legislatura es el Presidente de la Casa, ni un director de Comisión ni un legislador. Un Director General no tiene por qué sacar documentación de la Legislatura. El pedido es contra la Legislatura por lo que será el Presidente (Diego Santilli) el que responderá a la Justicia institucionalmente".
Zago, también comentó que, como la manda judicial lo señala directamente, también contestará a la Justicia "en forma personal como responsable de la Junta".
"Este jueves no hubo quórum en la Junta, se iban a analizar las impugnaciones presentadas; por lo que di lugar a las 13 impugnaciones", señaló.
Vinculado al tema, la Comisión de Asuntos Constitucionales despachó un proyecto de resolución de autoría del legislador Martín Borrelli que plantea la promoción de una demanda por conflicto de poderes en los siguientes términos: "Instrúyase al Sr. Vice Presidente 1º de la Legislatura a promover demanda contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por conflicto de poderes, normado en el inciso 1) del artículo 113 de la Constitución local y en el artículo 11 de la ley 402, por cuanto las resoluciones dictadas por jueces del Fuero Contencioso Administrativo, referidas a la intervención de la Legislatura en el procedimiento de acuerdo de un candidato al Tribunal Superior de Justicia, se arrogan y desconocen atribuciones y competencias que son propias de este Cuerpo, en violación del artículo 111 de la Constitución local".
"El Poder Legislativo tiene previsto todo un procedimiento que se pone en marcha a partir del momento en que se produce el pedido de acuerdo a la propuesta de una candidatura a miembro del Tribunal Superior por parte del Poder Ejecutivo. Esa propuesta llegó a esta Legislatura el día 16 de setiembre de 2009 y a partir de allí se pusieron en marcha los mecanismos previstos constitucionalmente. Si algún vicio hubiere existido en el procedimiento que se desarrolló por ante el Poder Ejecutivo era contra éste que debía actuarse y en el tiempo en que el mismo ejercía su competencia", fundamenta Borrelli.
Y agrega: "Por el contrario, el actuar de los jueces se produce luego de que se desprendiera de dicha competencia y con meras menciones tangenciales se dirige por vía cautelar contra el Poder Legislativo, sin dar ninguna razón para ello, siendo que éste tiene su propia esfera de atribuciones y facultades constitucionales. El obrar de los jueces, al intentar hacer cesar las funciones y competencias propias del Poder Legislativo, siendo que ningún desvío por parte de éste se ha producido a las normas constitucionales y reglamentarias que guían su proceder, constituye una indudable violación a la separación de poderes que prevé nuestro sistema republicano y configura el conflicto de poderes al que alude la Ley 402 de la CABA".
