Denuncia por amenazas agudiza el choque Villarruel–Bullrich
La relación entre la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, estalló la semana pasada, dando inicio a una feroz guerra política sin un final claro ni previsiones sobre sus consecuencias. La tensión entre ambas dirigentes se volvió insostenible y trascendió al ámbito judicial.
El conflicto escaló cuando Mario “Pato” Russo, principal asesor político de Villarruel, fue denunciado por amenazas ante la justicia por Cristian Larsen, secretario parlamentario del bloque oficialista y cercano colaborador de Bullrich. La denuncia está bajo la jurisdicción del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó que Larsen cuente con custodia durante un mes mientras desempeña sus funciones en el Congreso.
La enemistad entre Villarruel y Bullrich nunca fue cordial, especialmente desde que la vicepresidenta fue declarada “enemiga pública” del Gobierno por el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Aunque lograron pactar una convivencia mínima para impulsar proyectos oficialistas, la filtración de un cruce privado sobre el proyecto de ley de extranjerización de tierras volvió a encender la disputa.
Villarruel acusa a Bullrich de haber filtrado la conversación, calificando la maniobra como una traición grave que cortó todo diálogo entre ellas. Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) niegan la filtración directa a la prensa, aunque admiten que la conversación fue compartida sin editar en un chat interno del bloque, lo que generó polémica.
La disputa también incluye críticas cruzadas en redes sociales. Villarruel negó filtrar información y acusó a Bullrich de usar “métodos de la casta” para dañar su imagen. Por su parte, Bullrich respondió señalando que quienes defienden proyectos polémicos deberían dar un paso al costado, en clara alusión a la postura opositora de Villarruel.
La tensión se agravó por decisiones legislativas, como la demora de Villarruel para definir las comisiones que analizarán el proyecto de ley Super RIGI, prioridad oficialista. Otro foco de conflicto fue la ruptura de la costumbre de reemplazar miembros de comisión para garantizar quórum, una práctica cuestionada y multidécada que Villarruel decidió terminar, generando quejas internas.
El último acuerdo entre ambas, logrado hace diez días, fue precisamente restablecer la integración original de las comisiones. Sin embargo, ese breve equilibrio se rompió definitivamente el miércoles pasado, dejando abierta la incertidumbre sobre el futuro de la relación política entre Villarruel y Bullrich en el Senado.
