Deuda defaulteada: el Congreso habilitó el pago a holdouts
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 139 votos a favor y 97 en contra la autorización para ejecutar un plan de pago a dos fondos buitres que mantienen títulos de la deuda defaulteada en 2001. El acuerdo, alcanzado por el gobierno de Javier Milei en la Justicia estadounidense, establece el pago total de USD 171 millones, con una quita cercana al 30%, a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP.
La iniciativa ya había obtenido media sanción en el Senado, donde fue aprobada con 40 votos positivos y 22 negativos. El plazo límite para la ratificación era el 30 de junio, según lo fijado en el acuerdo judicial. La aprobación parlamentaria permitirá dejar sin efecto las medidas de embargo contra activos soberanos argentinos, como acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, que pesaban en la Justicia de Estados Unidos.
El oficialismo logró un amplio respaldo para la ley, contando con el apoyo del PRO, UCR, MID y varios bloques provinciales. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos monobloques. Durante el debate, el diputado libertario Bertie Benegas Lynch destacó que “Argentina tiene la oportunidad de cerrar esta herida de deshonra internacional después de 25 años” y subrayó la importancia de la quita y la exención del pago de honorarios legales.
Silvana Giudici, diputada oficialista, explicó que el acuerdo “logra una quita sobre la sentencia y una condición de entrega por pago” que incluye la devolución de acciones de YPF, lo que permitirá “que YPF termine estando libre de cualquier otro conflicto”. Esta medida representa una solución a largo plazo para evitar nuevas acciones legales por parte de los holdouts.
Sin embargo, el diputado Miguel Ángel Pichetto rechazó el acuerdo, apuntando a la falta de asignación presupuestaria para el pago, algo que según la Ley de Administración Financiera y el decreto presidencial es obligatorio. Recordó que esta misma falta de presupuesto motivó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aunque en aquel caso existía una fuente de financiamiento mencionada.
Este acuerdo marca un paso importante para resolver litigios históricos de la deuda argentina, pero también expone divergencias políticas y preocupaciones sobre la transparencia y el manejo financiero del Estado. La discusión en el Congreso evidenció las tensiones entre diferentes bloques y la complejidad de negociar compromisos internacionales en un contexto político interno fragmentado.
