Deuda y política: provincias marcan distancia del Gobierno
Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene que el endeudamiento de los particulares constituye un problema entre privados que debe resolverse mediante el funcionamiento del mercado, varios gobernadores decidieron avanzar con medidas propias para asistir a quienes tienen dificultades para pagar sus deudas. Los programas incluyen refinanciaciones, reducción de tasas, consolidación de préstamos y límites al peso de las cuotas sobre los ingresos.
La estrategia reúne tanto a mandatarios opositores como a gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada.
La respuesta de las provincias se extiende desde Axel Kicillof y Ricardo Quintela hasta Maximiliano Pullaro, Gustavo Valdés, Martín Llaryora, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Rolando Figueroa y Hugo Passalacqua. El punto de coincidencia entre las distintas administraciones es la preocupación por el impacto que el sobreendeudamiento tiene sobre el consumo y la actividad económica. El promedio nacional de morosidad se ubica en 17,5%, aunque existen diferencias importantes: mientras La Pampa registra 9,1%, La Rioja llega al 24,5%, según datos del Banco Central analizados por Eco Go y la Universidad Austral.
En Córdoba, Martín Llaryora anunció el envío a la Legislatura del programa “Alivio Cordobés”, que busca reducir las tasas y ordenar los pasivos de las familias. La iniciativa se suma al plan que ya ofrece Bancor, con posibilidad de consolidar deudas y pagarlas hasta en 60 cuotas, sin quita de capital ni intereses. El gobernador pretende además incorporar a entidades privadas a la propuesta para conseguir condiciones de refinanciación que permitan reducir la presión financiera sobre los hogares.
Santa Fe también avanzó con una alternativa. Maximiliano Pullaro lanzó junto al Banco Santa Fe el Plan de Protección de los Ingresos, destinado a empleados públicos y privados, independientes, monotributistas, autónomos y municipales. El programa permite tomar un nuevo crédito de hasta 60 meses para cancelar obligaciones existentes y establece que la cuota no puede superar el 25% del ingreso. Además, contempla hasta dos meses de gracia para el pago de capital e intereses. En Corrientes, Gustavo Valdés implementó “Corrientes Sostiene”, que permite refinanciar deudas de tarjetas desde $100.000 en 6 o 12 cuotas fijas, con una reducción de 29 puntos porcentuales sobre las condiciones habituales.
Otros gobernadores también diseñaron mecanismos específicos. Passalacqua acordó con Banco Macro alternativas para empleados públicos, municipales, jubilados y pensionados que tienen dificultades con tarjetas y préstamos, mientras que Sáenz implementó un esquema que distingue entre moras de 30 a 89 días y aquellas superiores a 90 días. En Jujuy, Carlos Sadir estableció reducciones de 7 puntos porcentuales para atrasos inferiores a 30 días y de hasta 6 puntos para quienes acumulan entre 31 y 90 días. En Neuquén, Rolando Figueroa creó un régimen con una tasa fija máxima del 35% anual o una alternativa de UVA más 5%, con un plazo mínimo de 24 meses.
Buenos Aires y La Rioja adoptaron, a su vez, estrategias con características particulares. El Banco Provincia mejoró las condiciones de plazos y tasas de su programa de refinanciación, con especial atención sobre quienes tienen ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos y quienes cobran sus haberes en la entidad. Juan Cuattromo, titular del Bapro, advirtió sobre la magnitud del problema y señaló: “En la conversación pública, hay casi 6 millones en Argentina con préstamos en situación irregular”. Quintela, en La Rioja, fue más allá de las refinanciaciones y promovió medidas destinadas a proteger a los deudores frente a ejecuciones prendarias y a revisar créditos considerados abusivos. Así, las provincias empiezan a marcar una diferencia concreta con la estrategia nacional frente a una problemática que impacta directamente sobre el consumo y los ingresos familiares.
