Dictadura: Milei frena la búsqueda internacional de bebés apropiados
El Gobierno de Javier Milei dejaría de enviar, de manera oficial y sistemática, kits de ADN a los consulados argentinos en el exterior para personas que dudan de su identidad y sospechan ser hijos robados durante la última dictadura militar. Según informó la agencia EFE, desde el inicio de la gestión libertaria la Cancillería prácticamente suspendió este envío, con lo que la búsqueda de bebés apropiados en el extranjero deja de ser una política pública activa y se limita a los pedidos que surjan en el marco de causas judiciales en trámite.
En este esquema, la sola iniciativa de la Justicia permite realizar exámenes de ADN para intentar establecer identidades, mientras desaparece una vía accesible para quienes viven fuera del país y quieren comprobar su origen sin necesidad de partir de un proceso penal. La ausencia de respuesta oficial refuerza la percepción de que la administración macrista ha dado un vuelco a las políticas de derechos humanos en este ámbito.
Este cambio se da en el marco de reacomodamientos en la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia que lleva adelante Juan Bautista Mahiques. Tras la salida de Joaquín Mogaburu, quien ocupó el cargo por un breve período, el área pasó a estar bajo la conducción de Leonardo Szuchet, quien había sido jefe de Gabinete de Claudio Avruj en la misma subsecretaría durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que marca una clara continuidad en el perfil técnico y político de la línea de mando.
Milei paraliza fuera de Argentina la búsqueda de bebés robados en la dictadura.
— EFE Noticias (@EFEnoticias) April 8, 2026
Interrumpe el envío a los consulados de los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos.https://t.co/JkFxaRr5Jj
La interrupción de la provisión de kits de ADN en el exterior genera preocupación en organismos de derechos humanos y en la comunidad de hijos de desaparecidos, quienes consideran que la búsqueda de bebés apropiados debe ser una política permanente y bien financiada. Para ellos, la decisión de Milei implica una reducción de recursos y visibilidad para una causa que, pese al paso de los años, sigue siendo clave para cerrar heridas abiertas desde la última dictadura.
En el plano discursivo, el Gobierno ha enfatizado una visión más restrictiva de las políticas de derechos humanos, con menos apoyo institucional a iniciativas que no se enmarcan directamente en litigios judiciales. Esta orientación se refleja en la práctica: hoy solo se realizan estudios de ADN cuando un juez lo ordena o cuando un caso penal ya está en marcha, lo que hace más difícil y complejo para particulares acceder a la verdad identitaria si no cuentan con un respaldo judicial previo.
En conjunto, la discontinuación de la búsqueda de bebés apropiados en el exterior marca una inflexión en la forma en que el actual Ejecutivo trata la memoria y la reparación por los crímenes de la dictadura. Más allá de las explicaciones técnicas o presupuestarias, el cambio se percibe como un retroceso en la voluntad política de acompañar, de forma activa y masiva, el derecho a la identidad de personas que viven en condiciones de duda permanente sobre su propio origen.
