Dirección política con el envío de proyectos

En medio del vendaval presente, el oficialismo envió dos proyectos controversiales al Senado, por los que pretende reformar la Ley de Salud Mental y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Asimismo, el presidente, desde Israel se refirió a un proyecto de reforma electoral que encendió alarmas. Entretanto, las comisiones imponen la agenda de la vida cotidiana que atraviesa a los argentinos y que los datos oficiales no pueden esquivar.

La semana fue inaugurada con el envío al Senado de un proyecto integral para reformar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. El objetivo declarado del Gobierno es “prevenir y sancionar el fraude, ordenar el padrón de beneficiarios y adecuar el alcance de las políticas públicas a los recursos disponibles del Estado”, pero en realidad sólo el último ítem es el objetivo del proyecto.

Si bien se conocía la intención de La Libertad Avanza de modificar la normativa, era previsible que se incluiría alguna mención a las deudas contraídas en este ámbito, lo que no ocurrió. La iniciativa reemplazaría tanto a la normativa vigente en la materia como la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por la oposición, cuya implementación el Ejecutivo viene bloqueando. Cabe destacar el camino parlamentario de esta norma y posteriormente, su judicialización con la que este sector vulnerable de la sociedad se viene defendiendo desde inicios de 2025, dada la situación de emergencia que transita.

Desde el Foro Permanente Discapacidad se movilizaron nuevamente al Ministerio de Salud de la Nación para desnudar su situación. “Se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa otras cuestiones, como atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”.

De obsolescencias y vigencias

Una de las noticias políticas de la semana fue el dictamen de la Ley Hojarasca, que obsesiona al Gobierno desde hace tiempo. Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el objetivo es la depuración legislativa, para la que se deberían, en su estrecha concepción, derogar más de 70 normas. Sin embargo, como en otros temas, la iniciativa cosechó muchas críticas y preocupación en diferentes espacios. Entre otras cosas, el Gobierno desistió de eliminar un privilegio del que gozan los legisladores nacionales para circular y estacionar libremente en la vía pública.

En la vereda oficialista mantienen optimismo con la suerte de la iniciativa. “La denominada Ley Hojarasca se encuentra en una etapa inicial de encuadre institucional. El objetivo es avanzar en la depuración normativa, reducir superposiciones regulatorias y mejorar la calidad del ordenamiento jurídico”, afirmó la Diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza– Córdoba).

Durante la jornada del martes el texto obtuvo luz verde con 35 firmas de La Libertad Avanza y aliados y quedó listo para ser votado en el recinto. El ministro no asistió a defenderlo durante el plenario, como se esperaba desde la presentación del proyecto. Acudieron el secretario de Desregulación Alejandro Cacace y el de Transformación, Maximiliano Fariña.

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Desde otro ángulo el Diputado Eduardo Felix Valdés(Unión por la Patria- Ciudad de Buenos Aires) mencionó otra agenda, que se referencia en el endeudamiento familiar, las altas tasas de morosidad y la disminución de la imagen presidencial en las últimas semanas. Desde su espacio manifestó que están trabajando en la iniciativa de Financiamiento Educativo. Se mostró optimista, desde una perspectiva internacional, que evidencia el desgaste del modelo de Donald Trump y un corrimiento hacia la Justicia Social tal como bregaba el Papa Francisco, a un año de su deceso.

En el tintero

Por el momento, la única fecha ya acordada es la de la exposición del jefe de Gabinete Manuel Adorni, que se realizará el miércoles 29 de abril. Habrá una limitación en su informe de gestión, relacionada con su negativa a brindar explicaciones acerca de su patrimonio. Con más detractores que aliados, hasta Cristian Ritondo, jefe de la bancada del Pro y aliado al Gobierno anticipó que no aportará nada su presentación.

Por su parte Rodríguez Machado afirmó que “las expectativas están centradas en el cumplimiento del mandato constitucional de rendición de cuentas por parte de la Jefatura de Gabinete. Se prevé una exposición integral del estado de gestión, incluyendo avances, metas, resultados y líneas de acción de cada ministerio, así como la correspondiente instancia de respuesta a las preguntas formuladas por los legisladores”. Luego, la legisladora cordobesa expresó que “desde el oficialismo, el enfoque es de responsabilidad institucional y prudencia política, priorizando la calidad de la información, la transparencia y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control parlamentario, entendiendo que se trata de una instancia clave para fortalecer la articulación entre poderes y dar previsibilidad al rumbo de la gestión”.

En las últimas horas, en otro intento de retomar la agenda política libertaria, el presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de la reforma electoral. Existe cierta premura, dado que los cambios en materia electoral deben legislarse en años donde no se disputan elecciones.

La Casa Rosada intenta modificar las reglas de juego, a sabiendas de que los avatares diarios le van restando oportunidades. En medio de la crisis política actual, con la mira puesta en condicionar el armado electoral rumbo a 2027, LLA propuso la eliminación de las PASO y la sanción de la Ley de Ficha Limpia, que sólo va contra la oposición, habida cuenta de que los únicos proscriptos, desde hace 71 años, son dirigentes de esa identidad.