Donati propone proteger a usuarios de créditos digitales
El legislador porteño de Vamos por Más y presidente de Republicanos Unidos CABA, Pablo Donati, presentó un proyecto de ley para fortalecer la protección de los consumidores que utilizan servicios financieros digitales y prevenir situaciones de sobreendeudamiento. La iniciativa alcanza a productos ofrecidos mediante aplicaciones, sitios web, plataformas digitales y billeteras virtuales dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto busca establecer reglas de transparencia para las operaciones de crédito y garantizar que los usuarios conozcan sus costos antes de contratar. Entre otros aspectos, propone que los proveedores informen de manera clara el monto financiado, el total a pagar, la tasa de interés, el Costo Financiero Total, la cantidad de cuotas, las comisiones y las consecuencias de un eventual incumplimiento. “La información esencial deberá encontrarse disponible en la misma instancia de contratación”, señala el texto.
La propuesta también apunta a limitar los denominados mecanismos de diseño digital abusivo, como las opciones preseleccionadas, la falsa urgencia, los botones que dificultan rechazar una oferta y los mensajes reiterativos de presión. En ese sentido, el proyecto prohíbe los recorridos digitales que puedan “inducir al consumidor a contratar un producto financiero contra su decisión libre e informada” o que oculten costos relevantes.
Otro de los puntos centrales establece que las renovaciones, ampliaciones o refinanciaciones deberán contar con una manifestación clara de voluntad del consumidor y con la presentación previa de las nuevas condiciones económicas. Además, los proveedores deberán adoptar medidas razonables para evitar prácticas que, por su diseño o reiteración, puedan fomentar “situaciones manifiestas de sobreendeudamiento”.
La iniciativa incorpora obligaciones vinculadas con el uso de algoritmos y sistemas automatizados de scoring. Las empresas deberán informar cuando esas herramientas intervengan en decisiones relevantes sobre el acceso al crédito y disponer de canales de consulta y reclamo. También tendrán que contar con mecanismos para detectar y corregir errores manifiestos, aunque el proyecto aclara que no estarán obligadas a revelar secretos comerciales ni códigos fuente.
En los fundamentos, Donati sostiene que “la innovación, la competencia y la libertad de elección deben ser promovidas, no obstaculizadas”, pero advierte que las reglas deben impedir que los proveedores obtengan ventajas mediante información engañosa o mecanismos de manipulación. El proyecto aclara que no pretende regular tasas ni invadir las competencias del Banco Central, sino utilizar las herramientas locales de defensa del consumidor para sancionar publicidad engañosa, cobranzas abusivas, renovaciones no consentidas y prácticas que afecten la libertad de elección.
