Tres leyes para combatir la violencia en la Ciudad

En la última sesión parlamentaria llevada a cabo este jueves, la Legislatura de la Ciudad sancionó tres leyes tendientes a defender a las víctimas de la violencia en diferentes campos.

Se trata de la Ley contra la Violencia Laboral, impulsada por la diputada peronista Juliana Marino (Peronismo independiente), la ley de creación de un Programa de Asistencia a las víctimas de delitos cometidos por las autoridades públicas en el ámbito de la Ciudad, propuesta por Pablo Caulier (Bases y Puntos de Partida) y la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y Doméstica, cuya autora fue la legisladora radical Marcela Larrosa.

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

El Programa de Asistencia que se creará a partir la flamante ley se encargará, entre otras funciones, de brindar capacitación al personal de policía, de justicia, de salud y de servicios sociales para que se hagan "receptivos" a las necesidades de las víctimas. También, de autorizar el otorgamiento de subsidios a las víctimas de delitos cometidos por funcionarios del Gobierno porteño o por agentes de las fuerzas de seguridad que actúen en Capital. Y además, proteger la intimidad de las víctimas, arbitrando en los casos necesarios los medios para garantizar su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos en su favor.

El propio diputado Caulier señaló en los fundamentos del proyecto que "cuando las fuerzas de seguridad y los funcionarios del Gobierno cometen delitos que violan los derechos humanos de quienes se suponen deben ser objeto de su protección, más allá de la trasgresión en sí, se produce un peligroso atentado contra la legitimidad institucional en su conjunto".

"Frente a embates de algunos sectores a favor de la 'mano dura' en materia de seguridad, no debe perderse de vista el respeto por derechos humanos fundamentales: la libertad personal y la integridad física", añadió.

El programa contará además con un Centro de Asistencia a la Víctima, donde se recibirán consultas y se realizarán guardias semanales en los juzgados de turno, para brindar asistencia jurídica a los damnificados e informar sobre el delito del que han sido objeto y sobre los derechos que llos asisten. El Centro tendrá como misión determinar los daños presentes y futuros en la víctima y brindarle asistencia material, médica, psicológica y legal para su recuperación integral, además de un adecuado seguimiento. En síntesis, realizar cualquier actividad tendiente a mejorar la superación del trauma por parte de la víctima.

A la hora de definir las razones de su iniciativa, Caulier expuso: "El objetivo principal de este Centro es brindar una asistencia victimológica que atenúe las graves consecuencias que deja el delito en la víctima y en su familia. Para que ello se verifique, se deberá llevar adelante una labor de individualización en relación a cada caso concreto. Deben tomarse en cuenta las características de la víctima, su núcleo familiar, historia y el tipo de agresión sufrida".

"Es evidente que un buen tratamiento se basa en un correcto diagnóstico -agregó el legislador-, que dependerá del grado de conocimiento de la víctima, del hecho delictivo y del tipo de daño provocado en ella y en su familia", concluyó.

LEY CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL

Por su parte, la ley impulsada por Juliana Marino está destinada a proteger a los trabajadores de amenazas, intimidaciones, abuso de poder, inequidad salarial, acoso sexual y maltratos físicos o psicológicos que puedan proporcionarle sus empleadores y que atenten contra su dignidad, su integridad física, sexual, psicológica o social.

"A partir de ahora, los trabajadores y trabajadoras sabrán cuáles son sus derechos y podrán hacerlos valer; y quienes lleven a cabo este tipo de acciones podrán ser identificados y se les podrá exigir que cesen en sus prácticas y hasta sancionarlos", pronosticó la autora de la iniciativa.

Al fundamentar su proyecto, Marino también afirmó que "muchas veces las acciones de violencia laboral no son advertidas por la propia víctima que las sufre y son padecidas como algo que forma parte de aquellas cosas que deben soportarse para conservar el trabajo. En tal sentido, esta ley se propone prevenir y sancionar la violencia laboral y desde esa perspectiva se convierte en una importante herramienta para 'desnaturalizar' aquellas acciones que constituyen violencia en el ámbito de trabajo, pero que son vistas como naturales hasta por los propios individuos que las padecen".

El proyecto estipula también que a los infractores de esta ley se los sancionará con multas del valor de 5 a 25 salarios mínimos, vitales y móviles, por cada trabajador afectado por la infracción, aunque la norma también prevé la aplicación del artículo 13 del Código Contravencional. Y el empleador será además "solidariamente responsable" de la indemnización que corresponda abonar a su dependiente víctima de violencia laboral.

La ley se encarga también de definir laboriosamente cada uno de los padecimientos de violencia laboral. De esa forma, desfilan las definiciones de maltrato psíquico y social, maltrato físico, acoso, inequidad salarial y acoso sexual. En cuanto a este último, Marino sostuvo que "es una de las formas más frecuentes de violencia laboral".

La diputada peronista comentó que la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Unión del Personal Civil de la Nación elaboró un informe donde establece cinco niveles para el acoso sexual: uno leve o verbal (chistes y bromas de contenido sexual, silbidos, piropos incomodadores); un nivel moderado no verbal (miradas, gestos lascivos o insinuantes); uno fuerte, verbal, (llamadas telefónicas, cartas, invitaciones a salidas); uno fuerte (manosear, acorralar, sujetar); y finalmente un acoso muy fuerte, que incluye todo lo demás.

Marino acotó que en la mayoría de los casos denunciados e investigados, "se pone en evidencia la importancia de tener una ley específica que ampare a la víctima y la ayude a dar el paso de denunciar, ya que la mayor parte de quienes son víctimas de acoso por parte de sus jefes no lo dicen por temor a perder el trabajo".

La ley que aprobó la Legislatura este jueves se aplicará solamente a la administración pública y no tocará al sector privado, y sancionará únicamente la violencia de los superiores jerárquicos. "Pese a que no incluye al sector privado tal como lo propuse oportunamente -expresó Marino- y dejando sentado que, según el criterio amplio al cual yo adhiero, la violencia laboral puede ser ejercida no sólo por el superior jerárquico sino también por compañeros de labor o terceros vinculados en razón del trabajo con el empleador, considero de gran importancia la sanción de esta ley. Sin duda éste es sólo un primer paso. Voy a seguir trabajando para que su ámbito de aplicación se extienda", finalizó la diputada.

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

La Ley de Protección contra la Violencia Familiar y Doméstica fue sancionada este jueves a partir de un proyecto presentado por la radical Marcela Larrosa (UCR), pero contó además con proyectos agregados de los diputados porteños Roque Bellomo, Juliana Marino, Marta Talotti y la ex diputada porteña María Lucila "Pimpi" Colombo.

Su objetivo es prevenir la violencia familiar y doméstica, y establecer los procedimientos para proteger y asistir a sus víctimas. Los organismos de aplicación de la ley serán los Tribunales de Vecindad de la Ciudad de Buenos Aires -aún no creados- con especialización en materia de violencia familiar y doméstica. Allí se tomarán denuncias que pueden realizarse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. Pero, hasta tanto se dicte la Ley de Organización de los Tribunales de Vecindad, el organismo competente de la ley será la Justicia Nacional Ordinaria en Materia de Familia.

Ante un hecho de violencia familiar, el Tribunal podrá tomar las medidas cautelares que estime necesarias para preservar a la víctima. Éstas pueden llegar a ser: excluir de la vivienda familiar al presunto autor de violencia, aunque fuera propietario del inmueble; prohibir el acceso del agresor al domicilio de la víctima, a los lugares de trabajo, de estudio o a otros ámbitos; prohibir al denunciado acercarse a una distancia determinada de cualquier lugar donde se encuentre la víctima u otro miembro del grupo familiar que pudiera verse afectado; fijar provisoriamente cuotas alimentarias o fijar la tenencia provisoria de los hijos a otra persona.

Entre las medidas y sanciones que el Tribunal le podrá imponer al autor de violencia familiar se encuentran la realización de un tratamiento psicológico, trabajos comunitarios de hasta un año y multas por un monto según la gravedad de cada caso.

Los fundamentos del despacho parlamentario de la ley destacan que tener una sociedad libre de violencia "implica proteger la familia erradicando los patrones autoritarios que se alberguen en ella sometiendo o maltratando a los más desprotegidos".

"Tal violencia -agregó Larrosa en los argumentos- produce secuelas de todo orden en la personalidad de los integrantes del grupo familiar. En los niños y niñas produce distorsión de valores, alteración de conductas y de la percepción de las normas sociales".

Larrosa también apuntó que las consecuencias de la violencia familiar "la transforman en un problema social, por cuanto no sólo produce padecimientos físicos y mentales en quienes la sufren, sino que se proyecta en el futuro de los niños víctimas o testigos de agresiones y maltrato en la familia, quienes corren peligro de reproducir esas conductas en la adultez, dando lugar a una nueva generación de golpeadores y golpeados". Por último, la legisladora apuntó que "la impunidad del agresor ha fomentado la tendencia a culpabilizar a la víctima".