El “Fenómeno barrial” que no respeta ningún acuerdo global
En el marco del debate sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el Relator Especial sobre Vivienda Adecuada de la ONU cuestionó los desalojos exprés, la visión absolutista de la propiedad y el desmantelamiento de la función social del suelo que pretende aprobar Milei
El Gobierno de Javier Milei recibió una dura advertencia internacional por el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que impulsa en el Congreso. La observación no provino de un sector opositor ni de organizaciones locales: fue enviada formalmente por Koldo Casla, actual Relator Especial de Naciones Unidas sobre vivienda adecuada, uno de los mecanismos oficiales del sistema internacional de derechos humanos. El titular del estado nacional, que se jacta permanentemente de un supuesto reconocimiento global, es cuestionado permanentemente por funcionarios de diversos organismos internacionales de derechos.
La comunicación oficial —identificada como OL ARG 3/2026— fue remitida el 4 de mayo al Estado argentino y expresa una “preocupación urgente” por las posibles consecuencias del proyecto en materia de derechos humanos. Dato no menor, fue la primera acción oficial del actual Relator, que asumió hace pocas semanas.
No se trata de una declaración política intrascendente ni de una opinión académica aislada. Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para monitorear el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por los Estados. En este caso, Casla interviene porque considera que la iniciativa podría implicar un retroceso incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tratado que Argentina ratificó y otorgó jerarquía constitucional.
El documento es particularmente relevante porque desmonta el núcleo ideológico del proyecto libertario: la idea de que la propiedad privada constituye un derecho absoluto, inmune a regulaciones sociales o limitaciones vinculadas al interés colectivo.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la reforma de los procesos de desalojo.
El proyecto promovido por el oficialismo reduce de diez a tres días el plazo para reclamar deuda de alquiler y habilita mecanismos judiciales sumarísimos que podrían concretarse en apenas cinco días. Además, permitiría ordenar la restitución inmediata del inmueble sin análisis profundo de las condiciones sociales de las personas afectadas.
Para el Relator de la ONU, esto vulnera estándares internacionales básicos porque elimina el principio de proporcionalidad y desconoce las obligaciones estatales de protección habitacional.
La advertencia es contundente: ningún desalojo puede ejecutarse automáticamente sin evaluar previamente si las personas quedarán en situación de calle, si existen niños, adultos mayores o mujeres jefas de hogar afectadas, o si el Estado garantizó alternativas habitacionales adecuadas.
Esta nueva avanzada sobre derechos de las mayorías se da en un contexto de una enorme presión económica sobre las familias. El deterioro social es evidente: distintos informes registran caída del empleo formal, pérdida del poder adquisitivo, retracción del consumo y aumento del endeudamiento de los hogares. Incluso sectores medios destinan entre el 40% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras una parte creciente de familias reduce gastos en alimentos, salud y educación para sostener el techo. En esta coyuntura impulsar desalojos exprés y fortalecer una visión absolutista de la propiedad privada no aparece como una respuesta jurídica neutral, sino como una decisión política que agrava la exclusión urbana y profundiza la mercantilización de la vivienda en medio de una crisis social cada vez más evidente.
En nuestro país la crisis habitacional ya afecta estructuralmente a millones de personas. Según datos del Censo 2022 y relevamientos recientes, más de 3,3 millones de hogares alquilan su vivienda. Los datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestran que entre los censos de 2010 y 2022 se produjo uno de los procesos de transformación urbana más regresivos de su historia reciente: mientras se expandió de manera récord el negocio inmobiliario, cayó el acceso a la vivienda en propiedad y creció fuertemente la población inquilina. En esos doce años se construyeron más de 10 millones de metros cuadrados nuevos, principalmente destinados a desarrollos de vivienda suntuosa con la finalidad de reserva de valor, consolidando un modelo urbano orientado a la especulación y la financiarización del suelo, promovido desde el primer día por la administración del GCBA que ya lleva 19 años. No ha existido política habitacional, ni para sectores populares, ni para clase medía trabajadora, ni siquiera para profesionales. La “expansión constructiva” no resolvió el déficit habitacional ni mejoró el acceso a la vivienda, sino que concentró activos.
Volviendo al informe del Relator, el texto incluso recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya condenó a Argentina en 2025 en el caso “Villa 15”, exigiendo protocolos de protección frente a desalojos y garantías efectivas de vivienda alternativa.
Mientras el Gobierno plantea el conflicto habitacional exclusivamente desde la defensa patrimonial de propietarios, Naciones Unidas recuerda algo elemental: la vivienda no puede ser tratada únicamente como un activo financiero.
El aspecto más profundo de la crítica internacional aparece cuando el documento aborda la noción de “función social de la propiedad”. Allí el relator cuestiona explícitamente el enfoque “maximalista” del proyecto oficial y señala que la iniciativa representa “una oportunidad perdida” para adecuar la legislación argentina a los estándares internacionales de derechos humanos.
El documento recuerda incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene que los Estados pueden limitar la propiedad privada cuando está en juego el bienestar general. Esto golpea directamente el corazón doctrinario del proyecto libertario, construido sobre una visión extremadamente individualista del derecho y del mercado.
Porque lo que está en discusión no es solamente un procedimiento judicial. Lo que se debate es qué modelo de ciudad y de sociedad pretende consolidarse: uno donde el hábitat es un derecho humano o uno donde el acceso a un techo depende exclusivamente de la capacidad de pago.
La carta de Naciones Unidas tiene además un fuerte contenido político. No sólo porque se hizo pública antes de la posible votación en el Senado, sino porque advierte expresamente que el proyecto podría constituir una “medida regresiva” en materia de derechos humanos.
En el lenguaje del derecho internacional eso no es una formulación retórica: significa que el Estado estaría avanzando en normas que empeoran niveles de protección previamente reconocidos, algo especialmente grave bajo el sistema internacional de derechos económicos y sociales y que podría terminar judicializado.
El documento también solicita explicaciones concretas al Gobierno argentino sobre cómo piensa evitar desalojos masivos, qué mecanismos existen para garantizar vivienda alternativa y qué impacto tendría la ley sobre sectores vulnerables, personas en situación de pobreza, migrantes o habitantes de barrios populares.
Cuando la propiedad privada se transforma en un derecho absoluto y la vivienda deja de ser considerada un derecho humano, lo que aparece no es más libertad: aparece una sociedad donde millones de personas quedan libradas exclusivamente a los abusos del mercado.
