El Gobierno y la Iglesia vuelven a chocar por la propiedad privada
El proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno volvió a abrir un frente de conflicto con la Iglesia Católica y expuso nuevas divisiones políticas en el Senado. La iniciativa, que ya comenzó a debatirse en comisiones, busca reforzar las garantías sobre la propiedad y modificar normas vinculadas a desalojos, expropiaciones y tenencia de tierras.
Desde el Episcopado surgieron fuertes cuestionamientos al contenido del proyecto, en especial por su impacto sobre los sectores más vulnerables. El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, advirtió que la discusión no puede centrarse únicamente en la defensa de la propiedad, sino también en el derecho a la vivienda, y reclamó que “toda familia tenga un techo digno y acceso a servicios básicos”.
La principal preocupación de los obispos está vinculada a los cambios que podrían afectar a los barrios populares. La Iglesia defiende la normativa vigente que protege a quienes habitan asentamientos precarios y advierte que la nueva ley podría debilitar esos mecanismos, dejando a muchas familias en una situación de mayor vulnerabilidad habitacional.
“En defensa de los barrios populares”: la Iglesia de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares de Córdoba expresaron su preocupación ante el proyecto de ley nacional de “Inviolabilidad de la propiedad privada”. https://t.co/iKkBhC9b3v
— Arquidiócesiscba (@IglesiaCordoba) April 30, 2026
El proyecto oficial, por su parte, apunta a endurecer las condiciones frente a ocupaciones de terrenos y agilizar los procesos de desalojo, además de reducir las posibilidades de expropiación estatal y flexibilizar la compra de tierras. Desde el Gobierno sostienen que estas medidas son necesarias para dar previsibilidad jurídica y fomentar inversiones.
La discusión ya generó tensiones en el Congreso, donde el tratamiento promete ser complejo. Legisladores de distintos bloques anticipan un debate intenso, atravesado no solo por diferencias políticas sino también por el peso que históricamente tiene la posición de la Iglesia en temas sociales y de vivienda.
En este contexto, el proyecto vuelve a marcar un distanciamiento entre la Casa Rosada y la Iglesia, una relación que ya venía deteriorada. Mientras el oficialismo busca avanzar con su agenda de reformas estructurales, los obispos insisten en que cualquier cambio legal debe contemplar el equilibrio entre el derecho de propiedad y la inclusión social, en un país atravesado por una profunda crisis habitacional.
