Chicos sin alta: crece la preocupación por menores que viven en hospitales

En los pasillos de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, una situación silenciosa pero persistente vuelve a encender alarmas. Niñas, niños y adolescentes que ya no necesitan atención médica continúan internados durante semanas, meses e incluso años, no por razones de salud sino por falta de alternativas donde vivir.

El fenómeno, denunciado por trabajadores del sistema sanitario y relevado recientemente en la Legislatura, expone una trama compleja donde confluyen la vulnerabilidad social, la ausencia de redes familiares y las limitaciones del propio Estado para dar respuesta.

El tema cobró nuevo impulso tras la aprobación de un pedido de informes impulsado por la diputada Claudia Negri que aún no recibió respuesta por parte del Ejecutivo de la Ciudad. La iniciativa busca dimensionar con precisión cuántos chicos y chicas se encuentran en esta situación, cuánto tiempo permanecen en hospitales y cuáles son los obstáculos que impiden su externación.

Según se detalla en el proyecto, los ingresos suelen producirse por disposición judicial del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), muchas veces para realizar evaluaciones médicas. Sin embargo, una vez cumplidos esos estudios o tratamientos y, aun contando con el alta, los menores no pueden egresar porque no existen dispositivos de cuidado disponibles para recibirlos.

La problemática no es nueva, pero en los últimos meses se volvió más visible. Recorridas realizadas por la propia legisladora en hospitales pediátricos de referencia, como el Pedro Elizalde y el Ricardo Gutiérrez, permitieron constatar casos concretos de permanencias prolongadas.

En algunos sectores, incluso, los niños permanecen bajo custodia policial. Si bien la cifra varía semana a semana, podría alcanzar al centenar de menores en esa situación. Uno de los casos relevados menciona a una niña que lleva años en esa condición, viviendo dentro de un hospital sin una causa médica que lo justifique.

El pedido de informes aprobado por la Legislatura exige al Gobierno porteño que detalle, entre otros puntos, la cantidad de niñas, niños y adolescentes que ingresaron a hospitales entre enero de 2025 y enero de 2026 por orden judicial y permanecieron allí por razones sociales, así como el tiempo de permanencia en cada caso y los motivos específicos que explican esa continuidad.

También solicita información sobre los protocolos de acompañamiento durante la internación, la disponibilidad de acompañantes terapéuticos y, especialmente, el estado de la red de dispositivos alternativos -como hogares convivenciales o de tránsito- destinados a alojar a estos chicos una vez que reciben el alta médica.

Equipos médicos y de enfermería advirtieron que esta situación no solo impacta en las condiciones laborales, al tener que asumir tareas de cuidado que exceden lo sanitario, sino también en la calidad de atención que reciben otros pacientes. “Los hospitales no pueden ser dispositivos de alojamiento social”, se repite en los fundamentos del proyecto, donde se señala que esta realidad genera tensiones, sobrecarga de trabajo e incluso provoca episodios de conflictividad que alteran el funcionamiento cotidiano de los servicios.

A su vez, la permanencia prolongada de chicos en ámbitos hospitalarios vulnera derechos básicos. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la legislación nacional y local establecen que la institucionalización debe ser una medida excepcional, transitoria y de último recurso. Sin embargo, en la práctica, esa excepcionalidad aparece desdibujada frente a la falta de respuestas concretas.

Uno de los ejes centrales del problema es la escasez de lugares disponibles en dispositivos de cuidado alternativo. Hogares convivenciales, espacios de tránsito o programas de acogimiento familiar resultan insuficientes, frente a la demanda existente. El sistema, según coinciden especialistas y trabajadores, funciona al límite de su capacidad y sin margen para absorber nuevos casos complejos.

El pedido de informes apunta justamente a conocer la capacidad real de estos dispositivos, la cantidad de vacantes disponibles, la existencia de listas de espera y los criterios de admisión.

Sin esos datos, advierten desde la Legislatura, resulta imposible planificar políticas públicas eficaces. A esto se suman las demoras administrativas y judiciales, que prolongan los tiempos de permanencia. Cada caso requiere intervenciones coordinadas entre distintos organismos en materia de salud, desarrollo social y justicia, los que muchas veces no logran articularse con la presteza necesaria.

En paralelo, trabajadores del sistema de salud advierten que la situación comienza a impactar también en la infraestructura hospitalaria. Camas ocupadas por períodos prolongados, espacios adaptados de manera improvisada y recursos humanos destinados a tareas no previstas, generan un desgaste adicional en hospitales, que ya operan con alta demanda.

Una ley vetada

Hacia el final del recorrido legislativo, otro hecho reciente vuelve a poner el foco sobre las políticas de cuidado. En enero, el jefe de Gobierno Jorge Macri vetó la Ley 6.900, que establecía estándares de calidad para hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

La norma, impulsada por la diputada Claudia Neira, buscaba regular tanto hogares públicos como privados, que suman medio centenar en la Ciudad, fijando requisitos de funcionamiento, condiciones de seguridad y criterios de atención.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la ley “invadía competencias” y generaba estructuras paralelas sin respaldo presupuestario ni técnico. Según la postura oficial, los proyectos de este tipo duplican funciones ya existentes y pueden afectar la eficacia de las políticas públicas.

Del otro lado, la legisladora cuestionó la decisión y señaló que el veto implicaba desconocer consensos previos y desatender la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los chicos alojados en estos dispositivos.