El peronismo porteño rechazó un desalojo en La Paternal
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un operativo de desalojo en el barrio porteño de La Paternal, donde más de 100 personas ocupaban un predio desde hace años. El procedimiento, ejecutado por la Policía de la Ciudad, se desarrolló en medio de un fuerte despliegue de seguridad y un clima de tensión entre las autoridades y los habitantes del lugar.
El terreno, ubicado en la intersección de las calles San Blas y Andrés Lamas, cuenta con varias construcciones donde residían familias desde hace tiempo. Según la reconstrucción oficial, el conflicto se remonta a fines de los años 90, cuando la propietaria original dejó el inmueble a cargo de una persona y, al regresar, encontró que había sido ocupado por múltiples grupos.
A partir de esa situación, se inició una larga disputa judicial que derivó en una orden de desalojo firme en 2009. Sin embargo, la medida no se había concretado hasta ahora. Las autoridades señalaron que, además, existían antecedentes judiciales vinculados a algunos ocupantes y que el lugar presentaba condiciones de riesgo estructural, lo que motivó nuevas intervenciones.
El operativo comenzó durante la mañana del jueves con la colocación de vallas y el ingreso progresivo de efectivos al predio. Durante el procedimiento se registraron incidentes y al menos tres personas fueron detenidas por resistencia a la autoridad, mientras que otras permanecieron dentro del lugar o se manifestaron en las inmediaciones.
Desde el lado de los ocupantes, hubo denuncias por presuntas irregularidades en el procedimiento. Algunos vecinos aseguraron que no se les habría mostrado una orden judicial previa y cuestionaron la falta de notificaciones. También señalaron que entre las familias afectadas hay niños y personas en situación de vulnerabilidad, lo que agravó el conflicto.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo al enmarcarlo en una política de recuperación de inmuebles ocupados. Desde la administración sostienen que este tipo de intervenciones buscan garantizar el respeto a la propiedad privada y el orden público, en un contexto en el que aseguran haber recuperado cientos de propiedades en los últimos meses.
Repudio del peronismo porteño
El bloque de legisladores porteños Fuerza por Buenos Aires expresó un duro rechazo al operativo realizado en el barrio de La Paternal, donde fueron desalojadas más de 30 familias. En un comunicado, señalaron que se trató de un procedimiento “forzoso y sin alternativa habitacional previa” que afectó a unas 150 personas, y calificaron la medida como “un acto arbitrario e ilegítimo que viola el derecho a una vivienda digna”.
Según detallaron, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada del 23 de abril con la intervención de la Policía de la Ciudad y la Guardia de Auxilio. “El personal ingresó a las viviendas bajo coacción, sin exhibir la correspondiente orden judicial y con la amenaza de utilizar la fuerza pública”, denunciaron. Además, cuestionaron que la clausura de los inmuebles se haya definido “en menos de media hora, sin expresar los elementos técnicos que motivaron la decisión”.
El comunicado también apuntó contra el accionar de las fuerzas de seguridad durante el procedimiento. “El accionar fue desmedido e intimidatorio, con el extremo de lanzar gases lacrimógenos dentro de las viviendas donde se encontraban menores de edad”, afirmaron. En ese sentido, sostuvieron que lo ocurrido “demuestra una clara vocación por criminalizar la protesta social y silenciar la voz de quienes denuncian la falta de políticas de vivienda”.
Finalmente, desde el espacio político exigieron medidas urgentes para revertir la situación. “El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una vivienda digna y no puede utilizar su poder para dejar a familias en situación de calle”, remarcaron. Asimismo, reclamaron “el cese inmediato de la clausura preventiva” y el “realojamiento urgente de todas las familias en condiciones adecuadas”, al advertir que el desalojo “genera daños irreversibles, especialmente en niños, niñas y adolescentes”.
Pitu Salvatierra: "El GCBA utiliza los desalojos para promover el negocio inmobiliario"
El legislador porteño de Fuerza por Buenos Aires, Pitu Salvatierra, criticó duramente el desalojo realizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Luego de ser desalojada, las familias, algunas consiguen resolver un hotel rápidamente, otras tardan más tiempo el problema que las soluciones son momentáneas, son temporarias. Entonces las familias quedan en un hotel durante algún tiempo que el gobierno se los paga, pero después se los deja de pagar y quedan en situación de calle. Otros van a parar a paradores, que son lugares inclusive más precarios que un hotel", declaró a NU.
Salvatierra enfatizó la falta de soluciones habitacionales reales por parte del gobierno. "Lo que podemos decir es que el gobierno de la Ciudad no da una solución habitacional a ninguna de estas personas que está desalojando. No le da opción de ninguna posibilidad de resolver su problemática. Lo único que le importa al gobierno de la Ciudad en estos operativos es sacar la gente afuera del lugar a como dé lugar, usando la fuerza, usando lo que tenga que usar", sostuvo. Además, señaló que los legisladores opositores deben intervenir para ubicar a las familias en hoteles precarios que el gobierno utiliza.
El legislador calificó el desalojo como ilegal y carente de garantías institucionales. "Una vez más, como nos tiene mal acostumbrado, lamentablemente este Jefe de Gobierno Jorge Macri, ha realizado un desalojo que ellos denominan desalojos administrativos, nosotros denominamos desalojos ilegales, porque no cuentan con ninguna orden judicial de desalojo, no dan intervención a ninguna de las instituciones que deberían tener intervención, como la Defensoría de la Liñez, el Ministerio Público de la Defensa", afirmó. Acusó al gobierno de usar argumentos ficticios de riesgos estructurales para justificar las acciones.
Finalmente, Salvatierra denunció la ausencia de medidas de seguridad post-desalojo y el trasfondo especulativo. "La prueba más clara de esto es que a cada una de esas propiedades que han desalojado con el argumento de que estaba en riesgo de derrumbe, luego de que las personas han salido de ahí, que las han sacado, no han apuntalado la vivienda y no ha hecho el gobierno de la ciudad ninguno de los procedimientos acorde a un edificio que está a punto de derrumbarse", explicó. "En definitiva, lo que creemos que el gobierno de la Ciudad utiliza esta artimaña con mentiras [...] para promover el avance del negocio inmobiliario, de la especulación inmobiliaria".
