Expulsión y veto: el Gobierno endurece la política migratoria
El Gobierno nacional puso en marcha este jueves nuevas reglas migratorias que habilitan a impedir la entrada al país o a expulsar a extranjeros que promuevan mensajes de odio, inciten a la violencia contra argentinos o participen en actos de ultraje contra los símbolos patrios. La medida, establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 publicado en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Migraciones y fue anunciada en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas tras las críticas de figuras internacionales después de la final del Mundial 2026.
Según los fundamentos del decreto, en los últimos meses “aumentaron considerablemente” los mensajes de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura e identidad nacional, conductas que el Ejecutivo considera un “riesgo para los ciudadanos” y que afectan la “convivencia armónica y paz social”. Con ese argumento, la norma incorpora al artículo 29 de la Ley de Migraciones una nueva causal de inadmisión fronteriza para quienes difundan, de manera oral o escrita, discursos de odio contra la sociedad argentina o promuevan actos violentos por motivos de nacionalidad.
La reforma también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra la bandera, el himno o el escudo nacional, o hayan incitado a otros a hacerlo. El texto aclara expresamente que no podrán encuadrarse en estas causales “las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución”, buscando diferenciar entre libertad de opinión y conductas que el Gobierno considera atentatorias contra la identidad nacional.
**Además de bloquear el ingreso en fronteras, la normativa modifica el artículo 62 de la Ley de Migraciones para permitir la cancelación de residencias, sean temporarias o permanentes, a extranjeros ya residentes que incurran en esas conductas. En esos casos, la Dirección Nacional de Migraciones podrá intimar a abandonar el país en un plazo determinado o directamente disponer la expulsión, evaluando las circunstancias personales y los hechos atribuidos a cada persona.**
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, entrará en vigencia a partir del viernes 31 de julio y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez dentro de un plazo de diez días hábiles. Horas después de la publicación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que se ratificó que “la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable” y que “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
La decisión se conoce en medio de lo que el Gobierno denomina una campaña “anti-Argentina”, tras las críticas de figuras como Samuel L. Jackson, Mia Khalifa, Niall Horan y Arturo Pérez-Reverte, entre otros, después de que España se consagrara campeona del Mundial 2026 derrotando a la selección albiceleste. Milei llegó a afirmar que parte de esa supuesta campaña fue financiada por el gobierno de Brasil, con respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos, declaraciones que generaron una crisis diplomática con Brasilia y el llamado a consultas de embajadores.
