Sancionarían al fiscal Alejandro Alagia
El 7 de septiembre de 2005 la licencia del fiscal Claudio Soca fue el primer paso para que los catorce detenidos en la marcha a la Legislatura que finalizó con incidentes, cuando se debatía el recrudecimiento del Código Contravencional, pudieran recuperar la libertad.
El fiscal que dejó asentada su firma para que quedaran fuera del sistema penitenciario los vendedores ambulantes, las prostitutas y un transformista, fue el fiscal Alejandro Alagia, cuya carátula pasó de "coacción agravada" a "perturbación de los poderes públicos", que recibió de sus superiores un sumario y una señal de que la "familia judicial" le quiere aplicar un correctivo: la expulsión.
La comisión que evaluará al letrado fue formada por seis fiscales, entre ellos Pedro Narváez, de la Cámara de Casación, integrante del staff responsable de la demora en los juicios a los represores por violaciones a los derechos humanos, según información de la página web La Vaca.
La comisión evaluadora entregó al procurador Esteban Righi una opinión dividida: dos se pronunciaron por la expulsión de Alagia, dos pidieron que la denuncia sea archivada y los restantes opinaron que se aplique una sanción menor. El sumario permanece abierto desde entonces, sin que el procurador nacional haya tomado una decisión.
Después de haber pasado un año y dos meses detenidos, los presos de la Legislatura obtuvieron la libertad condicional. Así, dejaron atrás los algodones en las orejas en los orificios para taponar la entrada de las cucarachas y los miedos que generan las peleas entre presidiarios y guardias.
Los integrantes del Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 17, a principios de noviembre del año pasado, consideraron que la detención ordenada por la jueza Silvia Ramound y el fiscal de primera instancia Soca por coacción agravada, privación de la libertad, daño agravado y resistencia a la autoridad, no eran adecuadas, y otorgaron la absolución a doce.
