Castorino presentó su descargo

Este lunes por la tarde, la ex presidenta del Consejo de la Magistratura, Bettina Castorino (foto), presentó su descargo por escrito ante la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña, en el juicio político que el Parlamento porteño le inició, junto a otros cinco miembros del organismo judicial, por presunto mal desempeño en sus funciones.

Castorino contrató a los abogados Julio César Strassera -ex fiscal en el Juicio a las Juntas Militares- y Hernán Gullco para que la representen en el proceso.

"Vamos a plantear una serie de nulidades y voy a defender mi trabajo en el Consejo durante estos dos años, porque estoy convencida de que fue bueno", adelantó la abogada a NOTICIAS URBANAS, previo a la presentación.

La primera nulidad que planteada por Castorino tiene que ver con la votación que dio inicio al proceso de juicio político en su contra, y que tuvo lugar el 4 de noviembre del año pasado. Ese día, la Cámara legislativa aprobó, por 33 votos afirmativos, comenzar el proceso contra Castorino, su sucesor en la presidencia del organismo, Carlos Rosenfeld (por 31 votos afirmativos), María Magdalena Iráizoz (por 32 votos afirmativos, en una votación cuestionada por esa consejera, que denunció que al momento de votar no se habían reunido esos sufragios), Diego May Zubiría (por 32 votos afirmativos), María Celia Marsilli (por 31 votos afirmativos) y Juan De Stéfano (por 32 votos afirmativos).

NOTICIAS URBANAS: ¿Por qué cuestiona la forma en la que se inició el proceso?

BETTINA CASTORINO: La apertura del proceso debió haber sido votada por la Comisión Investigadora, en lugar de ser decidida en el recinto. Esto es lo que establece la Constitución, pero en ese momento la Comisión Investigadora no estaba creada. Éste no es un tema menor, porque la votación en el recinto le hizo un daño institucional muy grave al Consejo.

NU: ¿Cómo es esto?

BC: La Comisión Investigadora debe ser elegida a principio de cada año para que instruya y dictamine sobre los procesos de juicio político que puedan haber durante ese período. Debe ser un órgano permanente, en lugar de constituirse una vez que ya fue iniciado un juicio político. En este caso fue al revés.

NU: ¿Qué otras nulidades planteará?

BC: En muchos casos no están las indicadas las pruebas de cargo al momento de hacer la acusación. Es decir, no son acusaciones sobre hechos puntuales, son manifestaciones genéricas como "subejecución presupuestaria 2003-2004" o "incumplimiento de las obligaciones de la Auditoría", pero no se dice cuáles.

NU: Pero a los consejeros también se los acusó de cobrar sueldos violando la ley...

BC: Es por el cobro de adicionales por título y antigüedad. Cuando se trató el tema en el Consejo, yo voté en disidencia para no cobrar los adicionales y di la orden de que no me los pagaran, pero no fue posible que esto se aplicara. Desde septiembre de 2003 -cuando se discutió la cuestión en el plenario de consejeros- hasta mayo de 2004, yo devolví la diferencia al Consejo. Ese mes, el Consejo me devolvió la plata, argumentando que no podía estar en las cuentas del organismo. En el medio la cuestión se judicializó. El 3 de noviembre (un día antes del inicio del juicio político a los consejeros), el juez Roberto Gallardo dictó una medida cautelar ordenando suspender el cobro, pero la Cámara revocó el fallo argumentando que era una cuestión de interpretación. Esto indicó que había nueva disponibilidad para cobrarlo. Finalmente, en marzo de este año, el plenario del Consejo me autorizó a acatar una decisión de la Auditoría que recomendó suspender la liquidación de los adicionales hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo.

NU: ¿Pero qué ocurrió con el dinero de los adicionales cobrados que el Consejo no le autorizó a devolverle?

BC: Quedó depositado en una cuenta que no se toca y cuando haya sentencia definitiva se verá qué se hace.

NU: ¿Qué opina de las declaraciones de la diputada Beatriz Baltroc, que dijo que había una intencionalidad política de parte suya y de May Zubiría al expedirse a favor del juicio político de la jueza Alejandra Petrella, que falló en varias causas contra el Gobierno de la Ciudad?

BC: El Consejo no inició esta actuación de oficio sino por denuncias contra la jueza (NdR: según fuentes judiciales, hubo denuncias de parte de los propietarios del boliche "La Diosa"). Si la denuncia es grave yo no la puedo archivar. Igualmente, el juez Osvaldo Oteguy nos ordenó, el 20 de mayo, suspender la investigación con una medida cautelar. Y me parece preocupante que cada vez que el Consejo inicia el juicio político a un juez aparece una medida cautelar impidiendo el trámite. Los tres o cuatro casos que en los que el Consejo inició un proceso de juicio político fueron suspendidos por los magistrados del Fuero Contencioso Administrativo. Hasta en un sumario a un defensor no nos dejaron avanzar.