Palacios no tiene paz

La pesadilla nocturna dejó de lado la amenaza para corporizarse en hechos concretos. El infierno tan temido está golpeando la puerta y el ex jefe de la Policía Metropolitana (PM), Jorge ?el Fino? Palacios, es consciente de que su visitante no tardará en tumbarla. La libertad que obtuvo a fin de 2010, cuando abandonó el Penal de Marcos Paz, en donde estaba alojado por la causa de las escuchas ilegales, se presenta frágil y endeble. ?Palacios tiene muchas posibilidades de volver a la cárcel ya sea por el tema del espionaje o por el encubrimiento del caso AMIA?, sintetizó de manera escueta y efectiva un abogado que conoce las nuevas movidas procesales que ejecutó el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la instrucción judicial de la causa por las pinchaduras ilegales de teléfonos.

La afirmación que el avezado letrado realizó ante Noticias Urbanas se produjo la tarde del último miércoles, minutos después de que Oyarbide hiciera público un nuevo llamado a indagatoria a Palacios para el jueves 30 de junio, para que responda sobre las supuestas tareas de espionaje que se realizaron sobre políticos y gremialistas de la oposición macrista, mientras el Fino comandaba la PM. Esta vez el magistrado lo acusa del delito de violación de los deberes de funcionario público. El juez también citó para el viernes 1 de julio, por la misma cuestión, a Osvaldo Chamorro, quien fue el segundo de Palacios en la Metropolitana y luego de la renuncia de éste, el jefe de la fuerza.

Los pronósticos sobre el porvenir de Palacios son negrísimos y eso se debe a la complicada situación judicial en la que se encuentra el ex comisario en el caso de las escuchas. Oyarbide ya procesó en primera instancia al Fino por considerarlo, entre otros delitos, integrante de una asociación ilícita montada en el Gobierno de la Ciudad para realizar pinchaduras clandestinas de teléfonos y tareas de inteligencia sobre opositores de la administración de Mauricio Macri. El propio juez federal fue quien consideró que el ex comisario debía permanecer detenido, ya que entendía que en libertad podría obstaculizar la investigación. Este último dato no es nada menor, ya que Oyarbide mantenía encerrado al acusado porque no tenía duda sobre su culpabilidad y por ello lo consideraba un peligro fuera del presidio. En síntesis: el magistrado está convencido de que el ex policía integró una red de espionaje ilegal.

?En base a estos elementos no es difícil deducir que el juez lo volverá a procesar y, si eso ocurre, la hipótesis de regresar al Penal de Marcos Paz no es nada descabellada y esta vez, por tener un procesamiento previo, no podrá pedir la eximición de prisión?, le explicó a este medio un hombre que trabaja en la pesquisa.

Esta nueva citación tiene su origen en octubre de 2009, cuando el juez federal a cargo de la causa del espionaje allanó la empresa de seguridad de Palacios, Security Strategic Consultancy SRL, ubicada en Maipú al 200, en donde también trabajaba su amigo Chamorro. En las oficinas de la consultora se hallaron numerosos informes con datos patrimoniales y financieros de los entonces legisladores porteños de la oposición Gonzalo Ruanova, Silvia La Ruffa y Diana Maffía; del dirigente del gremio de los empleados municipales (Sutecba) Patricio Datarmini, y del ex líder sindical docente y ahora diputado porteño por el kirchnerismo, Francisco ?Tito? Nenna, quien por entonces mantenía una fuerte disputa con el ex ministro de Educación macrista, Mariano Narodowski.
Al enterarse del hecho, Nenna no dudó y acusó directamente a la administración PRO de espionaje político. ?La investigación judicial compromete cada vez más al macrismo, que niega las evidencias y profundiza la persecución?, señaló en octubre de 2009. Los pedidos de informes patrimoniales fueron cursados a la empresa Nosis y estaban almacenados en un archivo de Word llamado ?Osvaldo?, en una computadora que supuestamente pertenecía a Chamorro. El descubrimiento provocó la caída de Chamorro, quien se encontraba al frente de la policía de la Ciudad desde la renuncia del Fino, a fines de agosto de 2009. ?Si bien lo que hizo Chamorro no es ilegal, entendemos que no es ético y es por eso que el Jefe de Gobierno solicitó que se le pidiera la renuncia, así lo hicimos y él ya la presentó?, declaró públicamente el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, al dar a conocer la salida del policía.

?Para Oyarbide la fecha del hallazgo es una prueba evidente de que las tareas de inteligencia sobre opositores comenzaron con la llegada de Palacios al Gobierno de la Ciudad y se extendieron luego de su renuncia varios meses más. Esto demostraría que la estructura parapolicial funcionaba en el mismo seno de la administración PRO y que, debido al alcance de sus trabajos y la cantidad de espiados, no se trataba del trabajo aislado del titular de la PM, sino que contaba con el visto bueno de sus superiores políticos, Montenegro y Macri. Ésta es la línea de investigación que lleva adelante el juez. Y ese razonamiento no sólo complica al Fino sino que también perjudica procesalmente a Macri porque corrobora su responsabilidad en lo actuado por sus subordinados?, le detalló a NU un investigador judicial.

Para empeorar aún más la situación del Fino, el juez federal Ariel Lijo, quien procesó en octubre de 2009 a Menem, al ex jefe de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, al juez federal Juan José Galeano, al ex jefe del Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Policía Federal (DPOC) Carlos Castañeda y a Palacios por los delitos de ?encubrimiento agravado, abuso de autoridad, destrucción de pruebas y falsedad ideológica reiterada? en la investigación por el atentado a la AMIA ?cuando el ex comisario estaba a cargo del Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUIA)?, elevó el expediente a juicio oral. En la resolución, el magistrado dio por acreditado que el Fino fue ?el responsable de la desaparición y la destrucción de 54 cassettes en donde había muchos elementos de prueba?.

El Tribunal Oral Federal Número 3, integrado por Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Carlos Andina Allende, salió sorteado para el juicio y el resultado no pudo haber sido peor para los imputados. Los jueces tienen fama de duros y, además, fueron los encargados del primer juicio oral del caso AMIA que dio por tierra, con duros cuestionamientos, la etapa de instrucción realizada por Galeano, a la que le marcaron innumerables irregularidades. Ellos fustigaron sin medias tintas la actuación del juez de primera instancia y también lo hecho por el Fino en la investigación.

Con ese precedente lo más lógico es que los magistrados decidan condenar al ex jefe de la PM, con lo cual éste sumaría un nuevo fallo en su contra que lo obligaría a cumplir la sentencia en prisión debido a que está procesado en otro expediente, el de las escuchas.

La amenaza de pasar un largo tiempo entre rejas enloquece a Palacios y, según los más cercanos, lo llevaría ?a contar todo lo que sabe sobre el espionaje porteño y quienes eran sus verdaderos jefes de peso?.

De esa manera, la pesadilla sumaría una nueva víctima llamada Mauricio Macri.