Parrilli pide la destitución de funcionaria porteña
Este lunes, el legislador del MST y aliado de Proyecto Sur, Marcelo Parrilli, formalizó un pedido al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, para que separe de su cargo a la subsecretaria de Trabajo de la Ciudad, Lilia María Alonso, quien en el marco de una causa por estafa y defraudación propuso la suspensión del juicio a prueba o probation, la cual fue concedida y ratificada por la Cámara.
Según el fallo de la Cámara Nacional de Casación al que tuvo acceso NU, ante una apelación presentada por la querella rechazando la probation concedida por entender, entre otras razones, que el beneficio de la suspensión del juicio a prueba no debería otorgarse a funcionarios públicos, los jueces que integran la Sala II resolvieron por unanimidad ?rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante de la querella y en consecuencia confirmar la resolución que hizo lugar al beneficio de la suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de Lilia María Alonso?.
La causa fue iniciada por un particular luego de haber pedido asesoramiento jurídico a Alonso, mientras ésta se desempeñaba como asesora del Ministerio de Trabajo de la Nación, para regularizar su trámite jubilatorio. De acuerdo a lo expuesto en el expediente, la actual funcionaria porteña habría solicitado el pago de poco más de 10 mil pesos para tramitar una jubilación en una categoría superior a la que correspondía. Ante la acusación, Alonso propuso una suspensión del juicio a prueba y ofreció un resarcimiento económico de 16 mil pesos y la realización de trabajos comunitarios.
Insatisfecho por lo resuelto por la justicia en primera instancia, el denunciante apeló la probation dictada y solicitó que no se le conceda el beneficio por su carácter de funcionaria pública. Sobre este punto, los camaristas entendieron que ?no corresponde aplicar a Lilia María Alonso la limitación analizada para acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, ya que en el caso bajo estudio no se le imputan a la nombrada delitos contra la administración pública, sino el delito de estafa contra un particular, por lo que se ve preservado el interés que tuvo el legislador al concebir la norma?. Los jueces también aclararon que ?el proceder que se le imputa a Alonso en la causa bajo estudio, se relaciona con su obrar como profesional particular? y no como funcionaria.
A pesar de la resolución de la Cámara, el legislador porteño Marcelo Parrilli cuestionó la continuidad de Alonso en un cargo público fundando su posición en la ?idoneidad para cubrir los cargos públicos, concepto en el cual se encuentra comprendido el de la idoneidad ética?.
?Entiendo que desde ese punto de vista, Alonso no puede seguir ocupando el cargo que ocupa. Como sabemos la ley de empleo público 471 no comprende con sus inhabilitaciones a los funcionarios políticos, pero eso no excluye a mi juicio, el cuestionamiento del nombramiento desde el punto de vista ético?, resaltó el legislador a Noticias Urbanas.
En el marco de la causa antes mencionada y sobre la cual Parrilli funda su pedido de separación del cargo, Alonso se comprometió a cumplir una serie de ?reglas de conducta: a) fijar residencia y someterse al Patronato de los Liberados; b) realizar durante el lapso de dos años, ciento noventa y dos horas de trabajos comunitarios no remunerado a favor de la Fundación a cargo de las ?Casas del Niño y Jardines Maternales de los barrios de Pinazo y Falcón de la Municipalidad de Pilar?.
