El debate por ObSBA sigue empantanado

Todo parece indicar que por ahora el zorro no va a entrar en el gallinero, y no justamente por decisión de Mauricio Macri sino porque al jefe de Gobierno los diputados de la oposición le dieron un baño de realidad. En otras palabras: que el proyecto de ley para desregular la ObSBA no será aprobado en la Legislatura según los términos pensados desde el Ejecutivo.

Es que las visiones en tiempos electorales se enrarecen, se ven diferentes.

Macri anunció con bombos y platillos que estaba mandando a la Legislatura el proyecto de desregulación de la obra social de los empleados públicos porteños, cumpliendo con la ley que posibilitó la intervención, pero a poco de andar fue herido de muerte.

Apenas asumió, el jefe de Gobierno materializó una de sus primeras medidas: intervenir la obra social estatal porteña para ?terminar con la corrupción?, y hacer efectivos los artículos de una ley de la Ciudad, la 472, que establece que la ObSBA debía ser desregulada.

Sin embargo, los diputados de la oposición opinan que esa iniciativa, lejos está de desregular efectivamente la obra social, y además critican que los aportes de los trabajadores -que deberían ir a las obras sociales que ellos elijan- fueran a ser distribuidos por ¡la misma ObSBA! Podría pasar, por ejemplo, si esa potestad quedara en poder de la ObSBA, que el directorio tomara la decisión de castigar a los afiliados que se fueron sin enviar a la otra obra social los aportes retenidos.
En ninguna parte del proyecto enviado por Macri se dice por qué obras sociales podrían optar los trabajadores. Esto originó las sospechas de legisladores con ojo de águila, refractarios a esas maniobras.

En palabras del diputado Sergio Abrevaya, de la CC, ?lo que se quiere hacer mediante esta ley es una simple tercerización, en ningún momento se está desregulando?.

?Este proyecto no cumple con lo que nosotros establecimos en la ley que posibilitó la intervención de la ObSBA?, sostuvo, y advirtió: ?Nosotros pedimos más tiempo para estudiar el tema porque así como está no sale?.

Abrevaya, en plenario de la comisión de Legislación General que preside Marcelo Meis, y en la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Álvaro González, dijo eso esta semana, frente a las caras mustias de los representantes gremiales y del propio interventor, Jorge Rey.

Los legisladores kirchneristas Sebastián Gramajo y Cristian Asinelli, junto a la diputada de la CC Diana Maffía, denunciaron que la iniciativa deroga dos artículos de la ley 472, el 37 y 38, que establecen la desregulación de la ObSBA y su posterior integración a la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación.

?El artículo que deroga el 37 y 38 de la ley 472, es un artículo de impunidad?, afirmó Maffía. Y agregó que ?la intervención incumplió su cometido, dejar la ObSBA en condiciones de ser desregulada e inscripta en el sistema nacional de salud?.

Rey, ofendido, tomó el guante. Dijo que en su interpretación, permitir que la ObSBA integre el sistema nacional de salud, es una forma de hacer perder a la Ciudad autonomía. Igual argumento usó González.

El interventor fue más lejos. Aseguró que la Ciudad perdería jurisdicción, ya que en caso de litigio, intervendría la Justicia nacional. Aníbal Ibarra pidió a Rey que emvíe precisiones sobre el particular.

Meis intervino y dijo que no será condición sine qua non la intervención de la Justicia nacional, que eso dependerá del tema que se trate, ya que hay obligaciones que están en la cabeza de la Ciudad y otras de la Nación.

Gramajo terció: ?La Ciudad sólo perdería jurisdicción en caso de intervención?. Rey no pudo no aceptar que quizá se podría haber avanzado más en el articulado de la ley y no dejar en manos de le Ejecutivo tantas cuestiones para reglamentar.

Diego Santilli dijo que la reglamentación es una potestad del Ejecutivo, que los diputados ?nos tenemos que dedicar a legislar?.

Pero la definición más importante de la tarde estuvo a cargo de González. El legislador contó que habló con el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti. Según afirmó González que dijo Grindetti, la disposición que permite a la ObSBA distribuir los aportes de los trabajadores a las obras sociales era un impedimento para que la ley saliera porque los diputados nunca establecieron bajo qué organismo del Estado debía quedar esa responsabilidad.

En en el sistema nacional, el encargado de repartir esos fondos es la ANSES. La ObSBA tiene 120 mil afiliados, cada uno con su respectiva carga familiar (casi unas 400 mil personas afectadas).

El proyecto, además, tampoco resuelve el problema de los jubilados: los trabajadores que se jubilan tendrán que volver a la ObSBA, y se les descontará un 6 por ciento de sus honorarios, para fortalecer, claro está, la caja de la obra social. En la Argentina, los jubilados aportan un 3 por ciento de su remuneración. La ObSBA es la excepción.

El 10 de marzo la cosa tiene que estar resuelta. Santilli, en diálogo con NU, aseguró que ya está tomada la decisión de no prorrogar la intervención. El jueves próximo es el día D.

En el proyecto tampoco se habla sobre las personas que arrastren enfermedades preexistentes. Los gremios más activos contra esta iniciativa son los docentes.

Según la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el PRO envió a la Legislatura un proyecto de libre opción que es ?una verdadera burla a las expectativas? de los laburantes.
?Ahí se establece que aquel docente que opte por el cambio de obra social, seguirá aportando un 6 por ciento de su salario, y no un 3 por ciento como se esperaba. De ese 6 por ciento, la mitad se lo quedará la ObSBA, sin ningún tipo de contraprestación, y el otro 3 por ciento irá a la obra social que el docente elija, siempre que haya firmado el convenio con la ObSBA?, indicó un comunicado de UTE, que reconfirma la sospecha de todos los que sospechan: que Amadeo Genta es un grande.

NdR: Esta nota saldrá publicada en el Semanario nº177 de Noticias Urbanas.