Publicado: 04/03/2026 UTC Nación Por: Redacción NU

Glaciares en debate: el oficialismo cede y habrá audiencias públicas

Las jornadas tendrán lugar el 25 y 26 de marzo.
Glaciares en debate: el oficialismo cede y habrá audiencias públicas
Redacción NU
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En una jornada de negociaciones en la Cámara de Diputados, los bloques opositores consiguieron imponer la realización de dos audiencias públicas antes de que el oficialismo pueda dictaminar la reforma de la Ley de Glaciares, lo que implicará una demora significativa en el cronograma previsto por el Gobierno para llevar el proyecto al recinto.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y modifica la Ley 26.639 sobre presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambiente periglacial, había sido impulsado por el oficialismo con la intención de avanzar de forma exprés en Diputados. La oposición, sin embargo, logró que se consensuaran dos fechas de audiencias para finales de marzo: el 25 y 26, bajo un esquema híbrido de presencialidad y modalidad virtual.

Desde los bloques opositores sostienen que estas audiencias son esenciales para garantizar una participación federal y diversa, en particular de las provincias cuyas cuencas hídricas podrían verse afectadas por los cambios propuestos en la ley. Legisladores como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Sabrina Selva de Provincias Unidas resaltaron la necesidad de debatir el proyecto más allá de la ciudad de Buenos Aires y permitir la voz de distintas jurisdicciones.

La modalidad prevista permitirá exposiciones presenciales en la Cámara baja el primer día y sesiones remotas al día siguiente, con intervenciones de cinco minutos por persona y la posibilidad de presentaciones por escrito. El objetivo de los opositores es asegurar que comunidades locales, sectores ambientales y representantes de pueblos indígenas puedan participar con igualdad de condiciones.

La definición de estas audiencias implica que el texto no estará listo para su tratamiento en el recinto hasta mediados de abril, luego de la firma de dictámenes que quedarían entre el 7 y 8 de ese mes, según anticipan fuentes parlamentarias, en lugar del plazo original previsto por la Casa Rosada.

Organizaciones ambientales y sectores críticos al proyecto celebraron la postergación como una victoria parcial, al considerar que la modificación de la ley sin una participación pública amplia atentaría contra las protecciones ambientales establecidas desde hace más de una década. El Gobierno, por su parte, deberá ajustar su estrategia parlamentaria para incorporar esta etapa extra en el proceso de debate.

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