Violaciones de derechos humanos a mujeres detenidas en comisarías y alcaidías de CABA

El documento, que abarca el período que arranca a mediados del 2024 con datos actualizados hasta julio de 2025, concluye que la Ciudad atraviesa una situación de violaciones “sistemáticas y sostenidas” a los derechos humanos de las detenidas, agravada por el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y la inexistencia de protocolos con enfoque de género.

El MLPT es un organismo que controla, monitorea y efectúa un seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situación de encierro. Su creación responde al cumplimiento de la ley 5787 sancionada por la Legislatura porteña y funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que dirige María Rosa Muiños.

El informe señala que las mujeres privadas de libertad enfrentan una doble desigualdad: por un lado, son alojadas en dispositivos diseñados para varones y, por otro, arrastran trayectorias marcadas por la vulnerabilidad social, económica y por la violencia de género. A esto se suma que la Ciudad no cuenta aún con un Sistema Penitenciario propio, lo que deriva en que estas mujeres permanezcan alojadas en comisarías y alcaidías destinadas originalmente a estancias breves.

La pandemia y la discontinua frecuencia de los ingresos al Servicio Penitenciario Federal generaron un impacto que aún no se revierte. Mientras en enero de 2024 había 37 mujeres detenidas, en diciembre la cifra trepó a 80 y, en julio de 2025, ya ascendía a 97.

Esta situación de crecimiento exponencial saturó al punto máximo la Alcaidía 15, en el barrio de Chacarita y obligó a la apertura de un anexo con unidades modulares, en una zona que funcionaba como estacionamiento. Éste se constituyó en un espacio montado como medida de emergencia que, según el MLPT, presenta condiciones “gravemente incompatibles” con los estándares internacionales.

Si bien es significativo el incremento de mujeres alojadas, se resalta que en el universo de personas alojadas en el sistema de alojamiento provisorio de la Ciudad, la incidencia de mujeres es reducida, ya que representan sólo el 3% de la población alojada.

La Alcaidía Modular 15: una “solución provisoria” con fallas estructurales

La construcción modular, instalada en el predio de la Comisaría Vecinal 15-B, fue inaugurada en agosto de 2024. Apenas iniciadas las inspecciones, el MLPT advirtió fallas básicas: cortes constantes de agua, filtraciones que inundaban baños y zonas comunes, ausencia de un patio o espacio de recreación, instalaciones eléctricas insuficientes, carencia de protocolos de evacuación y mobiliario deteriorado, como camas rotas en la mayoría de las celdas.

En diversas visitas, las autoridades del Mecanismo constataron que el módulo posee únicamente una vía de ingreso y egreso, no cuenta con detectores de humo ni señalización de emergencia y carece de lugares aptos para recibir visitas, audiencias judiciales o entrevistas privadas con defensores. Las visitas familiares se realizan en un espacio improvisado y las mujeres comparten apenas dos teléfonos para comunicarse con sus allegados o con la defensa oficial.

“Las condiciones materiales no sólo vulneran derechos esenciales, sino que recrean un ambiente incompatible con la dignidad humana”, advierten en el informe del organismo.

Aunque las alcaidías están concebidas como dispositivos transitorios, el MLPT documentó estadías prolongadas, que exceden cualquier parámetro aceptable. En octubre de 2024 se registró un caso extremo de 212 días dentro de una dependencia policial. En diciembre, el promedio de permanencia llegó a 36 días, con una media de 23.

El informe alerta que la reiteración de estas prácticas constituye un trato cruel, inhumano y degradante, en violación directa del artículo 5° de la Convención Contra la Tortura y del artículo 75-inciso 22 de la Constitución Nacional.

El acceso a la salud es uno de los puntos más críticos señalados por el MLPT. Las mujeres entrevistadas y el personal policial coincidieron en que no existe un protocolo para traslados, urgencias o tratamientos prolongados. El SAME, según relataron, en ocasiones se niega a ingresar a las alcaidías y la atención médica, cuando se produce, es superficial y orientada únicamente a la compensación inmediata.

La falta de insumos básicos, incluidos elementos de higiene menstrual, se combina con cortes de agua, hacinamiento, ventilación insuficiente y ausencia de luz natural, lo que agrava las patologías físicas y emocionales. El organismo subraya que es frecuente la necesidad de derivaciones en salud mental, ginecología, neurología o traumatología, que en ocasiones no se concretan o se demoran peligrosamente.

La mayoría de las mujeres detenidas lo están por delitos contra la propiedad: en diciembre, el 40% fue imputado por robo en grado de tentativa, el 29% por robo con arma y el 8% por hurto. Los delitos vinculados con la violencia física o estupefacientes representan un porcentaje menor.

El MLPT sostiene que esta tendencia evidencia una “selectividad penal, atravesada por la pobreza y la exclusión”, donde muchas de las conductas criminalizadas surgen en contextos de supervivencia.

El informe también denuncia irregularidades durante el proceso de detención y traslado. Mujeres aprehendidas son trasladadas en móviles sin personal femenino, esperan dentro de patrulleros durante horas a la llegada del médico legista o son fichadas en oficinas sin resguardo de privacidad ni protocolos con perspectiva de género. En algunos casos, deben ingresar en establecimientos provisoriamente sin personal femenino, lo que incrementa los riesgos de malos tratos.

Conclusiones: urgencia y responsabilidad compartida

El MLPT afirma que la situación actual constituye una vulneración sistemática de derechos humanos, generada por la responsabilidad conjunta del Estado nacional —que no deriva a las mujeres al SPF— y del gobierno porteño, que mantiene habilitadas instalaciones que no cumplen estándares mínimos.

El organismo sostiene que la crisis no se resolverá sin una transformación profunda del enfoque institucional. Exige acciones como la adecuación de forma urgente de las alcaidías a los estándares internacionales, con especial atención a la Modular 15; así como la implementación de protocolos de aprehensión, traslado y alojamiento con perspectiva de género.

A su vez, solicita que se garantice el acceso real a la salud, la comunicación y las visitas familiares, especialmente con hijos e hijas; la capacitación de todo el personal involucrado en custodia, trato y traslado; y una revisión de la permanencia prolongada en espacios no habilitados, práctica que constituye trato degradante.

El documento concluye que la actual situación de alojamiento de mujeres en comisarías y alcaidías “omite de manera grave” los principios establecidos por las Reglas de Bangkok y reafirma la necesidad de una intervención urgente del Estado para garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las detenidas.

El escrito está firmado por los integrantes del MLPT que tiene como presidenta a María Rosa Muiños, como comisionados a Marcela Millán, Victoria Montenegro, Claudio Romero, Natacha Steinberg, Gisela Cardozo e Indiana Guerrero y como secretario general a Ezequiel Paulucci.