Jorge Macri contra la magistrada que frenó la baja de edad de imputabilidad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que solicitará el juicio político de Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a menores de 16 años y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Macri cuestionó duramente la decisión judicial y sostuvo: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”. Además, afirmó que la resolución representa un obstáculo para las políticas de seguridad impulsadas por su administración.

En la misma publicación, el mandatario porteño agregó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también criticó a la magistrada y señaló: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas”.

El expediente se originó en un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cerca de las seis de la mañana, cuando un hombre de 47 años fue interceptado por cinco jóvenes que habrían intentado robarle. La víctima logró escapar y alertó a un agente policial, quien detuvo a los presuntos involucrados. La Fiscalía calificó el episodio como robo simple en grado de tentativa, mientras que la defensa solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil.

De Marinis fundamentó su resolución en el principio de progresividad y en la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. Según el fallo, someter a proceso penal a menores de 16 años implicaría un retroceso respecto del régimen anterior y vulneraría tratados internacionales con jerarquía constitucional. La jueza también citó recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que instó a la Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

En un pasaje de la resolución, la magistrada sostuvo: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”. Y añadió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”. Para este caso, consideró que se trató de una tentativa “burda y torpe”, sin desapoderamiento de bienes ni lesiones físicas, por lo que entendió desproporcionada la aplicación de una sanción punitiva.