La Corte a favor del Gobierno en Vaca Muerta: garantiza seguridad jurídica
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un amparo ambientalista contra las operadoras de Vaca Muerta, en un fallo que generó alivio en el sector de la energía y se leyó como una garantía de seguridad jurídica para las inversiones en la Cuenca Neuquina. El máximo tribunal desestimó la demanda presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), que reclamaba la “recomposición integral de daños colectivos ambientales” y la constitución de un fondo de restauración ecológica vinculado a la actividad hidrocarburífera.
En su resolución, la Corte sostuvo que la ONG no logró demostrar, con el grado de verosimilitud suficiente, que la actividad de las empresas petroleras produjera “efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”. El fallo resaltó la “falta de sustento técnico” de la denuncia, al señalar que la actora no especificó con precisión “qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados”, ni la magnitud ni la gravedad de las alteraciones presuntamente generadas.
El tribunal también subrayó la competencia limitada de la Corte en materia ambiental, recordando que su intervención originaria se reserva a los daños que afectan recursos compartidos por más de una jurisdicción. En este caso, el máximo tribunal consideró que ASSUPA no acreditó un daño interjurisdiccional claro y que la presentación “adolece de significativos defectos”, por lo que el caso debía tramitar en foros provinciales o federales ordinarios, sin medida cautelar de alcance nacional.
⚖️ Fallo clave en Vaca Muerta
— Canal C Córdoba (@canalccordoba) May 21, 2026
🛢️ La Corte Suprema rechazó una histórica demanda ambiental contra petroleras que operan en Vaca Muerta y concluyó que no se acreditaron daños ambientales concretos ni contaminación entre provincias. La causa llevaba más de 20 años en la Justicia.… pic.twitter.com/3CtZXJD4WN
En el lado inversor, el rechazo del amparo fue interpretado como un respaldo al marco legal que sostiene la continuidad de la explotación no convencional de gas y petróleo. Fuentes del sector destacan que el fallo “blindó” las inversiones en Vaca Muerta, al frenar la posibilidad de una cautelar que hubiera podido interrumpir o restringir la actividad de firmas como YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Chevron, Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Total Austral y otras.
En el ámbito político y regulador, el fallo fue celebrado por actores favorables al desarrollo de la cuenca, que lo leen como un respaldo al poder de policía ambiental que ejercen las provincias, especialmente Neuquén, La Pampa y Mendoza, sobre la actividad hidrocarburífera. La Corte expresó que su decisión busca “preservar el amplísimo campo de acción que ha sido puesto en manos de la gestión pública provincial”, reforzando la idea de que el control ambiental de Vaca Muerta corresponde primariamente a las autoridades locales, no a la Justicia nacional.
Pese a la victoria jurídica, el caso deja abierta la discusión ambiental sobre el modelo de extracción no convencional: organizaciones ecologistas mantienen críticas por los riesgos de contaminación de suelos y cursos de agua, mientras el gobierno y las empresas insisten en la importancia de la producción de energía y las divisas para la economía. El fallo de la Corte suena como un “paraguas” jurídico para las compañías, pero anuncia conflictos futuros entre conservación del medio ambiente y la expansión extractiva en la principal reserva de hidrocarburos no convencionales de Argentina.
